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“Mi reconocimiento de responsabilidad es también una convocatoria a los líderes y a todos los que han ostentado posiciones de mando y poder en nuestro país, para que reflexionen sobre lo que han dejado de hacer, lo que han dejado pasar al avalar, probablemente desde la buena fe y el exceso de confianza, aquellas acciones funestas que hoy se conocen plenamente y que son aceptadas por los autores materiales”. Esas son las palabras del general (r) Paulino Coronado tras aceptar su responsabilidad, a título de omisión, por falsos positivos.
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Coronado fue comandante de la Brigada 30 del Ejército, adscrita a la Segunda División, con sede en El Catatumbo. En julio pasado, tras haberse sometido a la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo imputó por el macrocaso de falsos positivos. Según el auto, debe rendir cuentas por la muerte de al menos 55 personas. “Deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han imputado a los demás comparecientes”, señaló en su momento la JEP.
Y así lo reconoció Coronado. Se declaró responsable por las ejecuciones extrajudiciales que fueron imputadas a miembros de la Brigada 30 entre 2007 y 2008: un total de 120 civiles inocentes, entre ellos los jóvenes de Soacha por cuyos casos se destapó el escándalo nacional. El militar señaló que nunca ordenó, planeó o instigó ninguna de las muertes, sin embargo, tiene culpa en sus espaldas por la tarea que tenía como jefe. Señaló que el compromiso va más allá de sus obligaciones y que no todos los subalternos se guían bajo los mismos principios.
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“Hoy entiendo que gran parte de la tragedia que vive nuestro país, y que continúa desangrándonos y desmoronando nuestra integridad como nación, no es culpa únicamente de los que en forma directa destruyen la vida y los sueños, motivados por la codicia y el odio, tampoco de quienes dan las órdenes sin ensuciarse las manos; sino, también, de todos los que hemos tenido el mando y el poder para ir más allá de las obligaciones escritas, como funciones y protocolos, y no lo hicimos, o lo realizamos tardíamente”, reflexionó Coronado.
Por otro lado, explicó que en Colombia se violan los derechos humanos, lo cual podría evitarse si quieres asumen su posición de garantes, por elección o designación, no ignoran el compromiso moral de ir más allá del límite de las obligaciones. En general, reflexionó que los líderes son responsables por “lo que hacen y dejan de hacer”. Así concluyó su escrito: “¿Cuántas vidas se habrían salvado? ¿Cómo sería la comunidad, el país y la sociedad en general si hubiésemos actuado pronta y vehementemente al primer asomo de irregularidad, sin esperar que escalara a la dimensión que llegó?”.
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Entre los documentos que tiene la JEP en su contra, hay pruebas que indican que Coronado insistía en reforzar la inteligencia militar mediante la consolidación de redes de cooperantes, el pago de recompensas a informantes y la búsqueda de inteligencia de combate. Coronado, además, al parecer presionaba a las unidades a su cargo para aumentar los resultados. Según la JEP, resaltaba el atraso de la Brigada 30 respecto de otras unidades y buscaba las bajas por encima de otro tipo de acciones, como las capturas. Presuntamente, ofreció incentivos y premios a quienes produjeran las muertes.
Por otro lado, en el expediente hay información de programas radiales en los que se podría concluir que Coronado tenía conocimiento de las conductas cometidas por los miembros de la BISAN y la BRIM15. En esos programas, el general insistiría en que las unidades militares debían prepararse para enfrentar las acusaciones de la ciudadanía. Les habría dicho a sus subalternos que las denuncias contra el Ejército son promovidas por la “subversión” y que los pobladores del Catatumbo eran cercanos a los grupos al margen de la Ley.
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“Debemos sentirnos satisfechos de saber que somos soldados que hacemos lo que queríamos hacer cuando éramos niños, estamos cumpliendo con nuestro deber un resumen corto de lo que ha ocurrido (…) debemos demostrar que todo lo hemos hecho con transparencia, tenemos que sustentar que eran bandidos los que murieron los bandidos llevan casi 8 años en el sector de Soacha”, quedó registrado, según la JEP, en un programa radial locutado por Coronado el 8 de octubre de 2008.
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