General (r) Ramírez Quintero niega persecución de Inteligencia del Ejército a la UP

Ante el magistrado Gustavo Salazar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) Iván Ramírez Quintero desplegó sus verdades del conflicto, en el marco del caso particular por la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP). Ramírez es uno de los oficiales de inteligencia con mayor recorrido en el Ejército, pues fue director de esa dependencia por años. Los periodos coinciden con eventos traumáticos en la historia de Colombia, como la retoma del Palacio de Justicia (1985) y la persecución a la UP (a partir de 1985), casos por los cuales tiene procesos en contra en la jurisdicción de paz.

En contexto: General (r) Iván Ramírez sale de JEP por renuencia a hablar del Palacio de Justicia

Sobre el discurso de Ramírez Quintero se denota que, para el Ejército y según lo que percibió en Inteligencia, la UP era un partido político que netamente tuvo su origen en los acuerdos de paz con las Farc en 1984. Sin embargo, el magistrado Salazar se vio obligado a interrumpirlo y corregirlo, explicándole que en realidad era un movimiento que funcionaba como “punto de convergencia” entre varias ideas alternativas, entre las que se encontraban sindicatos, campesinos y grupos estudiantiles.

La magistratura le puso de presente a Ramírez Quintero diversas pruebas en las cuales había una clara intención del Ejército por escarbar información en la UP, a pesar de que se trataba de un movimiento legal y legítimo. El nacimiento del partido coincide con la comandancia del oficial en el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), puesto al que llegó tras comandar el Batallón de Inteligencia Charry Solano. Este último fue reseñado en informes de organizaciones de derechos humanos como centro de “chuzadas”, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Antecedentes: Palacio de Justicia: JEP admite al general (r) Iván Ramírez Quintero

La JEP tiene entre sus cuentas que, entre 1984 y 2016, más de 5.700 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos a la UP, en “hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales”. Sin embargo, para Ramírez Quintero, la sección de Inteligencia nada tiene que ver con ello y, de hecho, bajo su consideración, todos los partidos políticos estaban al mismo nivel.

“Todos los partidos eran de interés para el asunto estratégico. Para saber si estaban vinculados en algún momento a un grupo subversivo. Ese pensamiento lo tenía mucha gente en el país. Algunos no podían entender como la UP (…) que había nacido de las Farc prácticamente. La gente entiende es eso. Se asustaron todos los otros partidos políticos, porque les fue muy bien en las elecciones (1986). No era una exclusividad buscar información en la UP”, aseguró.

En contexto: El Batallón Charry Solano como emblema de torturas y desaparición en los 80

Seguido de ello, Ramírez Quintero agregó que no era tarea del Ejército indagar a profundidad en los partidos políticos, dado que la tarea principal era conseguir información relacionada con el conflicto armado. Para ello, dice, estaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin embargo, precisó que al Ejército llegaba información que vincularía a partidos políticos, a movimientos estudiantiles y a sindicatos con grupos alzados en armas. Y sobre esos datos había que poner el ojo encima.

Entonces, el magistrado Salazar cuestionó a Ramírez Quintero por, bajo su consideración, confundir y poner al mismo nivel los movimientos populares que organizaban protestas, con los grupos armados organizados en los ochenta. Ante ello, el oficial respondió: “El derecho a la protesta es legal, pero la información que teníamos era que iban a alterar el orden público y estaba financiado por los grupos armados (…) Toda la información de Fecode la conocemos. Organizaban los paros, desórdenes, podían ser infiltrados por la guerrilla. Había que saber que estaba haciendo Fecode en el momento de los paros”, aseguró.

Antecedentes: Exterminio de la UP: JEP cita de nuevo al general (r) Iván Ramírez Quintero

Aunque el magistrado Salazar explicó al oficial que en su poder había pruebas como listados elaborados por el Ejército de personas perfiladas, Ramírez Quintero aseguró que el Batallón Charry Solano y la seccional de Inteligencia nunca las elaboró. Lo que sí dijo es que se “recolectó información”. Y así lo justificó: “El mismo ambiente nacional decía: hombre después de los arreglos de la Uribe (1984), del doctor Belisario Betancourt, yo considero que era importante saber qué estaba pasando con ese nuevo partido que aparecía. Que nacía de las Farc, nuestro objetivo principal”.

Al final, a militar en retiro se le expusieron casos de defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados, en cuyos casos se ha establecido una probable intervención del Estado. Sobre Eduardo Umaña Mendoza, reconocido jurista asesinado en su oficina en 1998, Ramírez Quintero entregó la responsabilidad al paramilitarismo. Sobre la persecución al jurista Eduardo Umaña Luna, padre de este último, dijo que no se “acordaba mucho de eso”. Sobre la persecución al periodista Enrique Santos Calderón, hermano del expresidente Santos, aseguró que soldados condenados quisieron enlordar su nombre. Ramírez Quintero, además, está procesado por la retoma al Palacio de Justicia, en 1985.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Ante el magistrado Gustavo Salazar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) Iván Ramírez Quintero desplegó sus verdades del conflicto, en el marco del caso particular por la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP). Ramírez es uno de los oficiales de inteligencia con mayor recorrido en el Ejército, pues fue director de esa dependencia por años. Los periodos coinciden con eventos traumáticos en la historia de Colombia, como la retoma del Palacio de Justicia (1985) y la persecución a la UP (a partir de 1985), casos por los cuales tiene procesos en contra en la jurisdicción de paz.

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Sobre el discurso de Ramírez Quintero se denota que, para el Ejército y según lo que percibió en Inteligencia, la UP era un partido político que netamente tuvo su origen en los acuerdos de paz con las Farc en 1984. Sin embargo, el magistrado Salazar se vio obligado a interrumpirlo y corregirlo, explicándole que en realidad era un movimiento que funcionaba como “punto de convergencia” entre varias ideas alternativas, entre las que se encontraban sindicatos, campesinos y grupos estudiantiles.

La magistratura le puso de presente a Ramírez Quintero diversas pruebas en las cuales había una clara intención del Ejército por escarbar información en la UP, a pesar de que se trataba de un movimiento legal y legítimo. El nacimiento del partido coincide con la comandancia del oficial en el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), puesto al que llegó tras comandar el Batallón de Inteligencia Charry Solano. Este último fue reseñado en informes de organizaciones de derechos humanos como centro de “chuzadas”, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

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La JEP tiene entre sus cuentas que, entre 1984 y 2016, más de 5.700 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos a la UP, en “hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales”. Sin embargo, para Ramírez Quintero, la sección de Inteligencia nada tiene que ver con ello y, de hecho, bajo su consideración, todos los partidos políticos estaban al mismo nivel.

“Todos los partidos eran de interés para el asunto estratégico. Para saber si estaban vinculados en algún momento a un grupo subversivo. Ese pensamiento lo tenía mucha gente en el país. Algunos no podían entender como la UP (…) que había nacido de las Farc prácticamente. La gente entiende es eso. Se asustaron todos los otros partidos políticos, porque les fue muy bien en las elecciones (1986). No era una exclusividad buscar información en la UP”, aseguró.

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Seguido de ello, Ramírez Quintero agregó que no era tarea del Ejército indagar a profundidad en los partidos políticos, dado que la tarea principal era conseguir información relacionada con el conflicto armado. Para ello, dice, estaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin embargo, precisó que al Ejército llegaba información que vincularía a partidos políticos, a movimientos estudiantiles y a sindicatos con grupos alzados en armas. Y sobre esos datos había que poner el ojo encima.

Entonces, el magistrado Salazar cuestionó a Ramírez Quintero por, bajo su consideración, confundir y poner al mismo nivel los movimientos populares que organizaban protestas, con los grupos armados organizados en los ochenta. Ante ello, el oficial respondió: “El derecho a la protesta es legal, pero la información que teníamos era que iban a alterar el orden público y estaba financiado por los grupos armados (…) Toda la información de Fecode la conocemos. Organizaban los paros, desórdenes, podían ser infiltrados por la guerrilla. Había que saber que estaba haciendo Fecode en el momento de los paros”, aseguró.

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Aunque el magistrado Salazar explicó al oficial que en su poder había pruebas como listados elaborados por el Ejército de personas perfiladas, Ramírez Quintero aseguró que el Batallón Charry Solano y la seccional de Inteligencia nunca las elaboró. Lo que sí dijo es que se “recolectó información”. Y así lo justificó: “El mismo ambiente nacional decía: hombre después de los arreglos de la Uribe (1984), del doctor Belisario Betancourt, yo considero que era importante saber qué estaba pasando con ese nuevo partido que aparecía. Que nacía de las Farc, nuestro objetivo principal”.

Al final, a militar en retiro se le expusieron casos de defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados, en cuyos casos se ha establecido una probable intervención del Estado. Sobre Eduardo Umaña Mendoza, reconocido jurista asesinado en su oficina en 1998, Ramírez Quintero entregó la responsabilidad al paramilitarismo. Sobre la persecución al jurista Eduardo Umaña Luna, padre de este último, dijo que no se “acordaba mucho de eso”. Sobre la persecución al periodista Enrique Santos Calderón, hermano del expresidente Santos, aseguró que soldados condenados quisieron enlordar su nombre. Ramírez Quintero, además, está procesado por la retoma al Palacio de Justicia, en 1985.

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