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Hace unos días, el presidente Gustavo Petro prometió al país que miembros de la Primera Línea, el grupo de organizaciones civiles convocantes del paro nacional de 2021, podrían quedar en libertad antes de la próxima Navidad. Hoy, sus palabras empiezan a materializarse con la expedición del Decreto 2422, el cual crea la Comisión Intersectorial para la Promisión de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. ¿Su objetivo? Presentar al alto gobierno los perfiles de los próximos liberados.
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El nuevo Decreto tiene sus bases en la Ley de Paz Total del nuevo gobierno, que fue expedida el pasado 4 de noviembre y que ya está en manos de la Corte Constitucional para evaluar si se ajusta a los derechos y deberes de la Constitución. Se incluyó en ese proyecto a “voceros”, los cuales, sin pertenecer a grupos armados organizados, participarán en procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. En este grupo entran los presos de la Primera Línea, quienes están sindicados o condenados por delitos como daño en bien ajeno y hasta terrorismo.
¿Van a indultar a presos de la Primera Línea?
La Comisión estará conformada por los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa. Todos, ante esta pregunta, han respondido con un contundente: “no”. Aunque los nuevos gestores de paz logren el beneficio de la libertad transitoria, todos los procesos judiciales que tienen en su contra seguirán su curso. Quienes estén sindicados deberán presentarse a sus respectivas audiencias de juicio y quienes ya tengan una condena podrán buscar una segunda instancia estando en libertad.
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¿Qué se espera de los gestores de paz?
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la ley no tiene restricción alguna. Sin embargo, aseguró que le recomendará al presidente Petro personas que “tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias”. Osuna dijo que se presentarán casos individuales y que la esencia de la Comisión es elegir los perfiles de quienes tengan la capacidad de dialogar con la sociedad y vocación de paz.
Osuna respondió a ese interrogante luego de que le preguntaran por el expediente de Sergio Andrés Pastor, alias 19 y articulador del grupo “Resistencia Portal Américas”. Se trata del primer condenado de la Primera Línea, quien hace un mes fue sentenciado a 14 años de prisión. Se concluyó que, durante las protestas, retuvo un transeúnte y, confundiéndolo con un miembro de la Policía, lo golpeó, lo hirió con arma cortopunzante, lo amarró a un árbol y le roció gasolina, con la amenaza de prenderle fuego. Osuna explicó que, seguramente, alguien así no será gestor de paz.
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¿Quién tiene la última palabra?
El presidente Gustavo Petro será quien, por medio de resoluciones, otorgue la libertad a los nuevos gestores de paz. Sin embargo, cada decisión se remitirá a un respectivo juez de ejecución de penas, aclaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Asimismo, la ciudadanía podrá demandar los actos expedidos por el presidente Petro, si los considera contrarios a la ley. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, podría haber un plazo de tres días entre la resolución de Petro y la decisión del juez correspondiente.
¿Qué papel juega el Alto Comisionado para la Paz?
Además de enfocar sus esfuerzos en el proceso de paz con la guerrilla del Eln, en el futuro el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tendrá la tarea de vigilar las funciones entregadas a los gestores de paz. Asimismo, se encargará de la secretaría técnica, cuyo objetivo es, en síntesis, convocar a las sesiones de la Comisión y disponer de la agenda de trabajo. Todas las actas las registrará el Alto Comisionado para la Paz.
Antecedentes: En libertad Carlos Velandia, gestor de paz del Eln
¿Existen antecedentes de libertades así en Colombia?
Será la primera vez que un gobierno nombre gestores de paz que no estén directamente relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, es una figura de vieja data. Un caso conocido en Colombia lo protagonizó el exguerrillero del Eln, Juan Carlos Cuéllar, quien estuvo preso entre 2004 y 2017, y quien ha sido un vínculo entre ese grupo armado y los expresidentes Uribe, Santos y Duque. El Alto Comisionado para la Paz le otorgó tareas y un esquema de la Unidad Nacional de Protección.
El gobierno Uribe se amparó en la “Ley de Orden Público” para adelantar la excarcelación de guerrilleros que pudieran agilizar la liberación de secuestrados. Para 2007, existía amplia presión internacional, sobre todo de Francia, por la liberación de Ingrid Betancourt. De esa medida resultó beneficiado, por ejemplo, alias Rodrigo Granda, el denominado canciller de las Farc y quien en octubre pasado recibió la amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz, únicamente por el delito de rebelión. En 2009, un decreto reglamentario de la Ley de Justicia y Paz permitió a alias Karina, exjefe del Bloque José María Córdoba de las Farc, también quedar en libertad.
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