Gobernación del Valle deberá retirar imágenes religiosas por vulnerar el Estado laico

Imágenes religiosas, crucifijos, fotografías de Juan Pablo II y altares católicos, son todos los objetos que la Gobernación del Valle del Cauca deberá retirar del sótano y el primer piso de su edificio, por orden de la jueza Janneth Del Rosario Burgos. Tras evaluar una acción de tutela elevada por Piedad Maya Cardona, experta en protocolo, el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali amparó el derecho fundamental de laicidad del Estado.

Piedad Maya Cardona cuenta que la Gobernación del Valle se convirtió en todo un dolor de cabeza para ella, pues las constantes alusiones a la religión católica no solo son excesivas, si no están en contra de la Constitución. “Causa malestar ver todas las imágenes dentro de la Gobernación, las entrevistas que le hacen a la gobernadora Clara Luz Roldán, de ver celebración de misas dentro de la misma Gobernación. Hay un cuadro de Juan Pablo II que colgó Ubeimar Delgado, el exgobernador, con el argumento de que es católico y que fue monaguillo”, cuenta la accionante en diálogo con El Espectador.

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La ciudadana asegura que ha trabajado para la Gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión. Sin embargo, en la mayoría de oportunidades la invitan a incluir una misa o una bendición espiritual en los itinerarios. “Uno siempre explica, pero no entienden. Siempre me dice que son católicos y hacen las cosas así. A mí no me interesa que sean así, hagan sus cosas por allá a las cinco de la mañana, tenga las imágenes en su casa, pero no las lleve al ámbito oficial. No lo entienden. Es desesperante porque se trata de la Constitución”, agrega Piedad Maya Cardona.

Cansada de ver la presunta violación al principio del Estado laico, amparado en el articulo 19 de la Constitución, Piedad Maya elevó una acción de tutela que fue admitida el pasado 23 de octubre en el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali. A través de su abogado, Víctor David Aucenon, la ciudadana compiló un total de 12 pruebas donde se verificaría la excesiva publicidad de imágenes católicas, lo que dificultaría su trabajo como consultora en protocolo y representaría una falta de respeto con los visitantes no católicos. Por ejemplo, adjuntó trinos de celebraciones de eucaristías dentro de la misma Gobernación.

“La oficina de la gobernadora Clara Luz Roldán está llena de santos, eso es una falta de respeto y consideración para los visitantes que son de otra religión. Ella se escuda en que votaron un millón de personas por ella, eso no es así, cuando ya es un mandatario se debe a todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Es un exceso”, denuncia Piedad Maya. Sin embargo, la Gobernación del Valle se defendió indicando que la funcionaria Roldán no tiene a cargo ninguna campaña evangelizadora gubernamental y, además, que no ha dejado sus preferencias religiosas por contar con la dignidad de sus votantes.

Incluso, la gobernadora Clara Luz Roldán indicó al juzgado quinto de pequeñas causas que nunca ha violado el principio de igualdad en materia religiosa, “pues por el contrario trata con la misma dignidad y respeto a la diversidad de funcionarios, contratistas y visitantes de diferentes credos que ingresan al Edificio de la Gobernación, donde no son rechazados o marcados con un nombre u otro por su manera de representar la fe”, contestó la Gobernación del Valle en el tramite de la acción de tutela.

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Tras analizar los argumentos de la Gobernación del Valle y de la ciudadana Piedad Maya, la jueza Janneth Del Rosario Burgos resolvió que la institución estatal tendrá que acatar dos de las 12 peticiones que quedaron consignadas en la acción de tutela. Por un lado, se deberán retirar todas las imágenes y objetos religiosos que estén en el sótano y en el primer piso del edificio. Además, la gobernación no podrá volver a oficiar misas católicas hasta que miembros de otras religiones tengan el mismo espacio.

“si bien es cierto, los servidores públicos adscritos a la Gobernación del Valle cuentan con el derecho a la libertad de expresar, practicar, profesar sus creencias religiosas de manera pública; también es cierto que dicha libertad no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un límite, responsabilidades y deberes, en un grado diferente a las demás personas y, por lo tanto, en su calidad de servidores deben optar por preservar la neutralidad en materia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado”, consideró la jueza Janneth Del Rosario Burgos.

Para tomar su decisión, el juzgado se amparó en el articulo 19 de la Constitución. Además, se tuvo en cuenta la sentencia SU5-40 de 2014 de la Corte Constitucional, en la cual se establece que el país no puede ser consagrado de manera oficial a ninguna religión, incluso si es la profesada por la mayoría del pueblo. Así mismo, se consideró otra sentencia de 1994, la cual estableció que los servidores públicos “no pueden es utilizar sus funciones para favorecer determinadas religiones o manifestarse en contra de otras, puesto que ello vulnera el pluralismo, la laicidad y la igualdad”.

La Gobernación del Valle no se ha pronunciado oficialmente sobre la acción de tutela que podrá impugnar en segunda instancia. Por otro lado, la ciudadana Piedad Maya cree que este tipo de decisiones puede mejorar el trabajo de su gremio y puede ser un precedente en materia de libertad de culto. “Qué bueno que esto trascienda porque en muchos municipios es así. Por ejemplo, llega un alcalde y lo primero que hace es poner una virgen. El Estado tiene que ser totalmente neutro en esas cuestiones filosóficas”, concluyó.

Imágenes religiosas, crucifijos, fotografías de Juan Pablo II y altares católicos, son todos los objetos que la Gobernación del Valle del Cauca deberá retirar del sótano y el primer piso de su edificio, por orden de la jueza Janneth Del Rosario Burgos. Tras evaluar una acción de tutela elevada por Piedad Maya Cardona, experta en protocolo, el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali amparó el derecho fundamental de laicidad del Estado.

Piedad Maya Cardona cuenta que la Gobernación del Valle se convirtió en todo un dolor de cabeza para ella, pues las constantes alusiones a la religión católica no solo son excesivas, si no están en contra de la Constitución. “Causa malestar ver todas las imágenes dentro de la Gobernación, las entrevistas que le hacen a la gobernadora Clara Luz Roldán, de ver celebración de misas dentro de la misma Gobernación. Hay un cuadro de Juan Pablo II que colgó Ubeimar Delgado, el exgobernador, con el argumento de que es católico y que fue monaguillo”, cuenta la accionante en diálogo con El Espectador.

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La ciudadana asegura que ha trabajado para la Gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión. Sin embargo, en la mayoría de oportunidades la invitan a incluir una misa o una bendición espiritual en los itinerarios. “Uno siempre explica, pero no entienden. Siempre me dice que son católicos y hacen las cosas así. A mí no me interesa que sean así, hagan sus cosas por allá a las cinco de la mañana, tenga las imágenes en su casa, pero no las lleve al ámbito oficial. No lo entienden. Es desesperante porque se trata de la Constitución”, agrega Piedad Maya Cardona.

Cansada de ver la presunta violación al principio del Estado laico, amparado en el articulo 19 de la Constitución, Piedad Maya elevó una acción de tutela que fue admitida el pasado 23 de octubre en el juzgado quinto de pequeñas causas de Cali. A través de su abogado, Víctor David Aucenon, la ciudadana compiló un total de 12 pruebas donde se verificaría la excesiva publicidad de imágenes católicas, lo que dificultaría su trabajo como consultora en protocolo y representaría una falta de respeto con los visitantes no católicos. Por ejemplo, adjuntó trinos de celebraciones de eucaristías dentro de la misma Gobernación.

“La oficina de la gobernadora Clara Luz Roldán está llena de santos, eso es una falta de respeto y consideración para los visitantes que son de otra religión. Ella se escuda en que votaron un millón de personas por ella, eso no es así, cuando ya es un mandatario se debe a todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Es un exceso”, denuncia Piedad Maya. Sin embargo, la Gobernación del Valle se defendió indicando que la funcionaria Roldán no tiene a cargo ninguna campaña evangelizadora gubernamental y, además, que no ha dejado sus preferencias religiosas por contar con la dignidad de sus votantes.

Incluso, la gobernadora Clara Luz Roldán indicó al juzgado quinto de pequeñas causas que nunca ha violado el principio de igualdad en materia religiosa, “pues por el contrario trata con la misma dignidad y respeto a la diversidad de funcionarios, contratistas y visitantes de diferentes credos que ingresan al Edificio de la Gobernación, donde no son rechazados o marcados con un nombre u otro por su manera de representar la fe”, contestó la Gobernación del Valle en el tramite de la acción de tutela.

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Tras analizar los argumentos de la Gobernación del Valle y de la ciudadana Piedad Maya, la jueza Janneth Del Rosario Burgos resolvió que la institución estatal tendrá que acatar dos de las 12 peticiones que quedaron consignadas en la acción de tutela. Por un lado, se deberán retirar todas las imágenes y objetos religiosos que estén en el sótano y en el primer piso del edificio. Además, la gobernación no podrá volver a oficiar misas católicas hasta que miembros de otras religiones tengan el mismo espacio.

“si bien es cierto, los servidores públicos adscritos a la Gobernación del Valle cuentan con el derecho a la libertad de expresar, practicar, profesar sus creencias religiosas de manera pública; también es cierto que dicha libertad no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un límite, responsabilidades y deberes, en un grado diferente a las demás personas y, por lo tanto, en su calidad de servidores deben optar por preservar la neutralidad en materia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado”, consideró la jueza Janneth Del Rosario Burgos.

Para tomar su decisión, el juzgado se amparó en el articulo 19 de la Constitución. Además, se tuvo en cuenta la sentencia SU5-40 de 2014 de la Corte Constitucional, en la cual se establece que el país no puede ser consagrado de manera oficial a ninguna religión, incluso si es la profesada por la mayoría del pueblo. Así mismo, se consideró otra sentencia de 1994, la cual estableció que los servidores públicos “no pueden es utilizar sus funciones para favorecer determinadas religiones o manifestarse en contra de otras, puesto que ello vulnera el pluralismo, la laicidad y la igualdad”.

La Gobernación del Valle no se ha pronunciado oficialmente sobre la acción de tutela que podrá impugnar en segunda instancia. Por otro lado, la ciudadana Piedad Maya cree que este tipo de decisiones puede mejorar el trabajo de su gremio y puede ser un precedente en materia de libertad de culto. “Qué bueno que esto trascienda porque en muchos municipios es así. Por ejemplo, llega un alcalde y lo primero que hace es poner una virgen. El Estado tiene que ser totalmente neutro en esas cuestiones filosóficas”, concluyó.