Gobernador de Cesar fue imputado por contratos de alimentación escolar
La Fiscalía le imputó cargos al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de $17.000 millones. El contrato fue realizado en 2015, durante su primer periodo como mandatario.
La Fiscalía le imputó cargos al actual gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por posibles irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de $17.000 millones. El contrato en cuestión fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo en 2015, cuando Monsalvo cursaba su primer periodo como gobernador y, según la Fiscalía, habría participado, supuestamente, en irregularidades.
Según el ente investigador, en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado una apropiación ilegal de dinero que asciende a $3.172′808.072.
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Por lo anterior, se delegó a un fiscal ante la Corte Suprema, que imputó al gobernador Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Dentro de las narraciones del fiscal, se destacan tres puntos: el sobre costo en los alimentos, las quejas por mala calidad de raciones y el valor del peculado.
“El hígado, una proteína de origen animal, fue valorada en $65.460 por cada kilogramo (...) es exabrupto”, dijo el fiscal refiriéndose al sobre costo del producto. Igualmente, dijo que “la carne, que es lo más cercano al hígado, que no estaba ni siquiera contemplado (...) estaba evaluado en $14.000 el kilo”, dando cuenta así del excesivo valor pedido en el contrato entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo.
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Por otra parte, el fiscal delegado, se refirió a la mala calidad del servicio diciendo que “habían quejas de padres y estudiantes porque se servían raciones muy pequeñas, porque se repetían los menús”. Igualmente dijo que “en otra ocasión se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias”.
También así, sostuvo que “en algunas ocaciones los estudiantes tenían que desplazarse a la casa de las manipuladoras para allí tomar sus alimentos”. Esto, según el fiscal, “a pesar de haberse exigido en el pliego de condiciones la disponibilidad de tres vehículos para el transporte de alimentos”. Igualmente dio a conocer que la mayoría de veces los alimentos llegaban en buses de servicio público y camiones de estacas.
Por último, el fiscal se refirió a la suma de dinero, supuestamente, apropiada por el consorcio y el gobernador Monsalvo. “El total del peculado estimado por los expertos del CTI en contaduría: $3.172′808.072. Esta es la síntesis, señor gobernador Monsalvo, que permitió usted, el consorcio contratista se apropiara”, dijo el fiscal. Igualmente, dijo que “constituye, lo que se le enroscar ahora, el delito de peculado”.
Tras esto, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, dijo que la petición de medida de aseguramiento hecha por parte de la Fiscalía, se realizará la próxima semana.
En septiembre de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió en segunda instancia al gobernador Monsalvo Gnecco, del delito de corrupción al sufragante. El mandatario regional había sido sentenciado por la Sala de Primera Instancia de la misma corporación porque en su primera campaña a la Gobernación, en 2011, firmó un documento con líderes comunales de Valledupar en el que les prometió que los iba a mantener “quieta y pasivamente” en un terreno conocido como Tierra Prometida. Para la Fiscalía, el pacto era abiertamente ilegal.
La Fiscalía le imputó cargos al actual gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por posibles irregularidades en un contrato de alimentación escolar por más de $17.000 millones. El contrato en cuestión fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo en 2015, cuando Monsalvo cursaba su primer periodo como gobernador y, según la Fiscalía, habría participado, supuestamente, en irregularidades.
Según el ente investigador, en las verificaciones que hicieron se identificaron, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado una apropiación ilegal de dinero que asciende a $3.172′808.072.
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“El hígado, una proteína de origen animal, fue valorada en $65.460 por cada kilogramo (...) es exabrupto”, dijo el fiscal refiriéndose al sobre costo del producto. Igualmente, dijo que “la carne, que es lo más cercano al hígado, que no estaba ni siquiera contemplado (...) estaba evaluado en $14.000 el kilo”, dando cuenta así del excesivo valor pedido en el contrato entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo.
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Por otra parte, el fiscal delegado, se refirió a la mala calidad del servicio diciendo que “habían quejas de padres y estudiantes porque se servían raciones muy pequeñas, porque se repetían los menús”. Igualmente dijo que “en otra ocasión se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras o que las cocinas de los colegios no cumplían con las condiciones sanitarias”.
También así, sostuvo que “en algunas ocaciones los estudiantes tenían que desplazarse a la casa de las manipuladoras para allí tomar sus alimentos”. Esto, según el fiscal, “a pesar de haberse exigido en el pliego de condiciones la disponibilidad de tres vehículos para el transporte de alimentos”. Igualmente dio a conocer que la mayoría de veces los alimentos llegaban en buses de servicio público y camiones de estacas.
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Tras esto, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, dijo que la petición de medida de aseguramiento hecha por parte de la Fiscalía, se realizará la próxima semana.
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