Tras determinar que existen presuntas irregularidades en la construcción de un megacolegio, ubicado en el sector de San Luís en la isla de San Andrés, la Procuraduría abrió una investigación contra el actual gobernador del archipiélago, Everth Julio Hawkins y sus cuatro antecesores en el cargo: Sandra Victoria Howard Taylor y Alaín Enrique Manjarrés Flórez (2018) y Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar (2019).
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La investigación contra el mandatario departamental, que se suma a una cadena de procesos judiciales tanto penales como disciplinarios, corresponde a un proyecto que fue aprobado por el OCAD Región Caribe el 9 de julio de 2013 por un valor que superó los $49.100 millones y que está sin concluir desde 2018. Además del retraso en su ejecución, el Ministerio Público encontró que durante las etapas de planeación se habrían cometido fallas en los estudios y diseños ya que se entregaron incompletos.
Lo que reprocha el Ministerio Público es que, a raíz de eso, se empezaron a generar adiciones al convenio firmado por la gobernación lo que llevó a que se ejecutaran tres prorrogas del proyecto sin que este culminara con éxito. Por el contrario, terminó siendo abandonado por el contratista. Así las cosas, la Procuraduría busca determinar la responsabilidad del mandatario departamental por lo que solicitó un informe a la administración sobre cuáles fueron las razones para haber abandonado la obra y copia de la liquidación de los contratos que se llevaron a cabo.
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Por otro lado, el ente de control también tiene la lupa puesta en tres proyectos. Uno de ellos es para dotar de computadores a estudiantes de cinco instituciones educativas de la isla por $3.970 millones. En este caso, el Ministerio Público considera que puede haber duplicidad de inversiones ya que los cinco colegios han recibido equipos tecnológicos que hoy se encuentran archivados y sin uso.
El segundo proyecto corresponde al mejoramiento y rehabilitación de la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés. El proyecto que, beneficiaría a más de 55 mil personas, se pactó por $8.500 millones. Aunque no se ha iniciado la obra, la lupa de la Procuraduría está sobre el convenio porque la ejecución de este vincula una zona de conservación ambiental y, al parecer, no se contó con aprobación de la autoridad ambiental.
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El tercer proyecto cuestionado por temas ambientales alcanza los $31 mil millones. Busca mejorar y rehabilitar algunas vías rurales. Aunque aún no está en ejecución, el Ministerio Público lo tiene bajo la lupa. Esta no es la primera vez que el mandatario departamental está ante las autoridades, disciplinariamente también es investigado por la presunta falta de ejecución de acciones para garantizar la seguridad de los habitantes durante la pasada temporada de huracanes y tormentas tropicales. Además, tiene una investigación penal por la firma irregular de convenios durante la pandemia generada por el Covid-19.
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