El gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, fue judicializado en las últimas horas por ser el presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitara, según informó la Fiscalía.
En las audiencias ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el mandatario departamental abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas. Sin embargo, 48 horas después, el 18 de marzo, decretó la calamidad pública por COVID – 19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS.
El asunto es que, según el material probatorio, el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen.
De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el nuevo coronavirus. Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no tenía nada que ver con atender los requerimientos sanitarios de la población.
El citado contrato con Noel Fotos SAS ascendió a $500 millones. Esta suma salió de los recursos del departamento y, de acuerdo con las verificaciones hechas, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas. Además, fue desembolsada a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.
Para la Fiscalía, el gobernador de San Andrés vulneró principios esenciales en la contratación pública como lo son la concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Por solicitud del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. El ente investigador agregó que, una vez cumplidos los procedimientos de ley por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente de la República suspenderá del cargo al gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen.
Según cifras de la Fiscalía 69 personas han sido capturadas y se han realizado 166 imputaciones en 26 departamentos por delitos contra el patrimonio y la administración pública, entre el 13 de febrero y 16 de septiembre de este año. Entre los procesados hay cuatro gobernadores, seis exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre otros.
Cabe recordar que las presuntas irregularidades de Hawkins se anunciaron justo después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, realizara el polémico viaje a la isla un fin de semana acompañado de su hija y una amiga de su hija, en plena pandemia y cuando estaban decretadas las restricciones a la libre circulación. En su momento, el gobernador se refirió a la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra y le dijo a Blu Radio que fue utilizado como “chivo expiatorio".
“Yo creo que el Fiscal debió decirle al país cuál era su agenda en San Andrés. ¿Qué hizo?, ¿Una rueda de prensa con la comandancia de la policía? No se supo nada más, se publicaron unas fotos caminando por el comercio en pleno toque de queda decretado por mí (...) Vino a pasear, porque me señala por un contrato en el que no hay nada irregular”, dijo Hawkins.