Gobernador de San Andrés se salva de la cárcel, pero sigue señalado por corrupción

Everth Julio Hawkins no volverá a prisión, por ahora. La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de ordenar medida de aseguramiento contra el gobernador de San Andrés (2020-2023), quien es investigador por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Habría puesto su firma en contratos, según la Fiscalía, sin sentido.

En contexto: Fiscalía: gobernador de San Andrés cometió delitos en contratos y será imputado

Según la investigación, Hawkins firmó un total de 16 acuerdos públicos durante el inicio de la pandemia por COVID-19, en el primer semestre de 2020. Nada raro tendría ello, de no ser porque todos los contratos buscaban fortalecer el turismo, cuando los ciudadanos de todo el país estaban confinados por orden presidencial.

“La Fiscalía cuestionó los estudios previos de los contratos. Para la fecha de su realización, ya se había decretado el cierre al turismo y el acceso a las playas. Aun así, el procesado (Hawkins) consideró necesario realizar actividades turísticas. No advirtió la falta de necesidad y objeto contractual”, explicó la magistratura de la Corte durante la audiencia.

Antecedentes: Gobernador de San Andrés queda en libertad, pero seguirá investigado

A pesar de ello, la Corte Suprema consideró que la investigación, hasta ahora, no da cuenta de perdida de recursos públicos y que los contratos revisados no tenían una cuantía alta. Asimismo, que el hecho de que Hawkins hubiese estado preso en el pasado, por otro expediente, no significa que deba tratársele igual por este nuevo expediente. Y Hawkins, tampoco, resulta un sujeto peligroso para la sociedad, en palabras de la magistratura.

Los 16 contratos se celebraron por prestación de servicios y tenían por objeto la creación de puestos de trabajo como inspector de turismo y auxiliar de enfermería y turismo. La investigación da cuenta de que la Gobernación de San Andrés dispuso de más de $240 millones.

Le puede interesar: Gobernador de San Andrés pide protección a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Durante el proceso, la defensa judicial de Hawkins aseguró que en la isla quedaron confinados alrededor de 14.000 turistas, los cuales necesitaban ser atendidos con la firma de los acuerdos públicos. Incluso, se explicó que con el dinero se coordinaron vuelos humanitarios y se entregó información relacionada con el COVID.

Para la Corte, es cierto que las acciones para atender el COVID no estaban dentro del objeto contractual o los estudios previos de los 16 acuerdos públicos. Definió los procesos como un entero “desorden”. No obstante, eso no significa que particulares se adueñaran de dinero del Estado. Por tanto, entre líneas, la Corte le envío un mensaje la Fiscalía de que, hasta el momento, no puede probar el delito de peculado por apropiación.

Por otro lado, en abril de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó una medida de aseguramiento previo en contra de Hawkins. Todo en el marco de un proceso por supuesto favorecimiento a un tercero con $500 millones del dinero para contratación pública. Un supuesto viejo conocido de campaña. El Tribunal le dio la libertad, pues el gobernador enseñó un reporte de la Contraloría que lo salvaría de ser investigado por peculado. Es decir, que no hubo desfalco de recursos públicos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Everth Julio Hawkins no volverá a prisión, por ahora. La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de ordenar medida de aseguramiento contra el gobernador de San Andrés (2020-2023), quien es investigador por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Habría puesto su firma en contratos, según la Fiscalía, sin sentido.

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Según la investigación, Hawkins firmó un total de 16 acuerdos públicos durante el inicio de la pandemia por COVID-19, en el primer semestre de 2020. Nada raro tendría ello, de no ser porque todos los contratos buscaban fortalecer el turismo, cuando los ciudadanos de todo el país estaban confinados por orden presidencial.

“La Fiscalía cuestionó los estudios previos de los contratos. Para la fecha de su realización, ya se había decretado el cierre al turismo y el acceso a las playas. Aun así, el procesado (Hawkins) consideró necesario realizar actividades turísticas. No advirtió la falta de necesidad y objeto contractual”, explicó la magistratura de la Corte durante la audiencia.

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A pesar de ello, la Corte Suprema consideró que la investigación, hasta ahora, no da cuenta de perdida de recursos públicos y que los contratos revisados no tenían una cuantía alta. Asimismo, que el hecho de que Hawkins hubiese estado preso en el pasado, por otro expediente, no significa que deba tratársele igual por este nuevo expediente. Y Hawkins, tampoco, resulta un sujeto peligroso para la sociedad, en palabras de la magistratura.

Los 16 contratos se celebraron por prestación de servicios y tenían por objeto la creación de puestos de trabajo como inspector de turismo y auxiliar de enfermería y turismo. La investigación da cuenta de que la Gobernación de San Andrés dispuso de más de $240 millones.

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Durante el proceso, la defensa judicial de Hawkins aseguró que en la isla quedaron confinados alrededor de 14.000 turistas, los cuales necesitaban ser atendidos con la firma de los acuerdos públicos. Incluso, se explicó que con el dinero se coordinaron vuelos humanitarios y se entregó información relacionada con el COVID.

Para la Corte, es cierto que las acciones para atender el COVID no estaban dentro del objeto contractual o los estudios previos de los 16 acuerdos públicos. Definió los procesos como un entero “desorden”. No obstante, eso no significa que particulares se adueñaran de dinero del Estado. Por tanto, entre líneas, la Corte le envío un mensaje la Fiscalía de que, hasta el momento, no puede probar el delito de peculado por apropiación.

Por otro lado, en abril de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó una medida de aseguramiento previo en contra de Hawkins. Todo en el marco de un proceso por supuesto favorecimiento a un tercero con $500 millones del dinero para contratación pública. Un supuesto viejo conocido de campaña. El Tribunal le dio la libertad, pues el gobernador enseñó un reporte de la Contraloría que lo salvaría de ser investigado por peculado. Es decir, que no hubo desfalco de recursos públicos.

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