Gobierno confirma que menores que escaparon de reclutamiento fueron asesinados
El hecho no tiene nada que ver con el caso de los niños perdidos en el Guaviare. Habían sido reclutados por el frente Carolina Ramírez, de la disidencia del Estado Mayor Central. El presidente Gustavo Petro, por su parte, convocó una reunión de seguridad extraordinaria.
A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en el departamento del Putumayo, luego de que fueran reclutados de manera forzada por el frente Carolina Ramírez, de la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC.
El hecho se presentó, según había dicho este sábado la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), en la comunidad El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas.
“Nuestra solidaridad con las familias y comunidades de Luis Alberto Matías Capera, filial a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo, quién junto a 3 jóvenes también del pueblo Murui, menores de edad, que se encontraban retenidos, fueron asesinados en el departamento”, asegura la Oficina del Alto Comisionado.
“Rechazamos enfáticamente esta conducta criminal del Frente Carolina Ramírez del EMC- FARC, que desconoce el Derecho Internacional Humanitario y constituye un atentado a la paz”, se lee en otro apartado.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “el asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”.
De acuerdo a la Opiac, tras el escape, el pasado 17 de mayo, en horas de la tarde, el grupo armado buscó a los menores que habían sido reclutados, los encontró en la comunidad El Estrecho y los asesinó con arma de fuego.
Ante esta situación, la Organización le solicitó a los grupos armados al margen de la ley, respeto por el derecho al respeto a la vida, integridad personal de sus compañeros indígenas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, “los cuales no tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos”.
Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Además, apunta, el asesinato y el reclutamiento “son mecanismos de exterminio de los pueblos originarios y, por tanto, son hechos inexcusables”.
“Desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo”, indica en el comunicado. También, dice, va en contra de la paz con justicia social y ambiental”.
“Este crimen”, se lee en los párrafos finales, “va en contra de la humanidad en Putumayo. Es un llamado para que el Carolina Ramírez actúe en coherencia con las exigencias del DIH”.
Por su parte, la Opiac le hizo un llamado a las autoridades para que brinden las condiciones de seguridad, “garantizándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales quienes asesinan, desplazan, confinan y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.
“El asesinato de menores es más que intolerable y los responsables deben responder ante la justicia”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en el departamento del Putumayo, luego de que fueran reclutados de manera forzada por el frente Carolina Ramírez, de la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC.
El hecho se presentó, según había dicho este sábado la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), en la comunidad El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas.
“Nuestra solidaridad con las familias y comunidades de Luis Alberto Matías Capera, filial a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo, quién junto a 3 jóvenes también del pueblo Murui, menores de edad, que se encontraban retenidos, fueron asesinados en el departamento”, asegura la Oficina del Alto Comisionado.
“Rechazamos enfáticamente esta conducta criminal del Frente Carolina Ramírez del EMC- FARC, que desconoce el Derecho Internacional Humanitario y constituye un atentado a la paz”, se lee en otro apartado.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “el asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”.
De acuerdo a la Opiac, tras el escape, el pasado 17 de mayo, en horas de la tarde, el grupo armado buscó a los menores que habían sido reclutados, los encontró en la comunidad El Estrecho y los asesinó con arma de fuego.
Ante esta situación, la Organización le solicitó a los grupos armados al margen de la ley, respeto por el derecho al respeto a la vida, integridad personal de sus compañeros indígenas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, “los cuales no tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos”.
Como lo señala la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Además, apunta, el asesinato y el reclutamiento “son mecanismos de exterminio de los pueblos originarios y, por tanto, son hechos inexcusables”.
“Desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo”, indica en el comunicado. También, dice, va en contra de la paz con justicia social y ambiental”.
“Este crimen”, se lee en los párrafos finales, “va en contra de la humanidad en Putumayo. Es un llamado para que el Carolina Ramírez actúe en coherencia con las exigencias del DIH”.
Por su parte, la Opiac le hizo un llamado a las autoridades para que brinden las condiciones de seguridad, “garantizándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales quienes asesinan, desplazan, confinan y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”.
“El asesinato de menores es más que intolerable y los responsables deben responder ante la justicia”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
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