Gobierno debe reparar víctimas y devolver tierras, sin apartar Justicia y Paz
La meta del Ejecutivo de Santos es la devolución de dos millones de hectáreas.
Agencia EFE
Colombia debe centrar sus esfuerzos en la reparación de las víctimas y en la restitución de las tierras a los desplazados, sin perder de vista la ley de Justicia y Paz, básica para solucionar el conflicto armado, según el informe internacional sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración.
El director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Pedro Medellín, fue el encargado de presentar este lunes en la Casa de América de Madrid el tercer informe del Observatorio Internacional sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y la Ley de Justicia y Paz, que ahora cumple cinco años desde su adopción.
Justicia y Paz fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 paramilitares que se desarmaron dentro de un proceso de paz del Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas, disueltas a mediados de 2006.
La presentación del informe contó con la presencia del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, el Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Jaime Arrubla.
También estuvieron el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia, Marcelo Álvarez, y el asesor de la Corte Penal Internacional, el magistrado español Baltasar Garzón.
Todos estuvieron de acuerdo en que la política del presidente, Juan Manuel Santos, es el "buen camino" para la solución del conflicto, pese a que aún quedan numerosos desafíos por delante, como la esperada Ley de Víctimas y la restitución de las tierras.
La Ley de Víctimas, presentada por Santos al Congreso el pasado 27 de septiembre, es un ambicioso proyecto que busca atender y reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado sin discriminar si los victimarios fueron las guerrillas, los paramilitares o los agentes del Estado.
El proceso de devolución de tierras usurpadas a los campesinos por grupos violentos también fue destacado en el foro por los participantes, que valoraron el compromiso del Gobierno colombiano.
Juan Camilo Restrepo afirmó que su Gobierno quiere "acelerar" este proceso porque se trata de "una de las más gravosas deudas insolutas que tiene la sociedad" de su país.
La meta del Ejecutivo de Santos es la devolución de dos millones de hectáreas, apuntó.
"No es posible avanzar en la lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia y en el respeto a los derechos humanos, si a la vez no reparamos a las víctimas de la violencia, incluyendo el proceso de restitución de tierras", aseveró Angelino Garzón.
El informe internacional constata el "proceso de aprendizaje efectivo por parte de las instituciones colombianas y su avance significativo" en el proceso.
El documento presentado también alerta sobre los desmovilizados que reinciden, al estar siendo reclutados actualmente por bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Así, el vicepresidente colombiano apostó por la lucha frontal -vía militar, judicial y política- a lo ilegal, ya sea la guerrilla, paramilitares o bandas criminales.
"Si la guerrilla -dijo- pone en libertad sin condiciones a los secuestrados, si cesa el terrorismo, los secuestros y las minas antipersonas, y se toma la decisión pública de no a la violencia, Santos tendrá toda la generosidad para construir un escenario de paz. Si no, mantendremos la acción militar, judicial y política".
Alejandro Eder ofreció las cifras de desmovilizados desde 2003, un total de 51.000 personas, de las que 35.000 son paramilitares y el resto de la guerrilla de las Farc.
El Alto Consejero apostó por la coordinación con las iniciativas sociales del Gobierno, así como por trabajar en una reintegración basada en las comunidades receptoras de desmovilizados.
Marcelo Álvarez se refirió a las dificultades de Justicia y Paz y, al igual que el juez Garzón, habló de la necesidad de prorrogar esta norma.
Aunque el magistrado español valoró la reinserción y la restitución, resaltó la importancia de las sanciones penales por crímenes contra la humanidad y señaló su preocupación por la falta de visualización de los avances de Justicia y Paz.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abogó por ir más allá de la Ley de Víctimas. "La verdadera reparación del tejido social tiene que ser con la verdad", manifestó y, en este sentido, abogó por la creación de una Comisión de la Verdad.
Jaime Arrubla aplaudió la voluntad del Gobierno de Santos de acercarse al poder judicial, a lo que Angelino Garzón respondió afirmando: "Los jueces pueden estar seguros de que encontraremos los mecanismos de entendimiento con ellos y trabajaremos conjuntamente".
Colombia debe centrar sus esfuerzos en la reparación de las víctimas y en la restitución de las tierras a los desplazados, sin perder de vista la ley de Justicia y Paz, básica para solucionar el conflicto armado, según el informe internacional sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración.
El director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Pedro Medellín, fue el encargado de presentar este lunes en la Casa de América de Madrid el tercer informe del Observatorio Internacional sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y la Ley de Justicia y Paz, que ahora cumple cinco años desde su adopción.
Justicia y Paz fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los más de 31.000 paramilitares que se desarmaron dentro de un proceso de paz del Gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas, disueltas a mediados de 2006.
La presentación del informe contó con la presencia del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, el Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Jaime Arrubla.
También estuvieron el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia, Marcelo Álvarez, y el asesor de la Corte Penal Internacional, el magistrado español Baltasar Garzón.
Todos estuvieron de acuerdo en que la política del presidente, Juan Manuel Santos, es el "buen camino" para la solución del conflicto, pese a que aún quedan numerosos desafíos por delante, como la esperada Ley de Víctimas y la restitución de las tierras.
La Ley de Víctimas, presentada por Santos al Congreso el pasado 27 de septiembre, es un ambicioso proyecto que busca atender y reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado sin discriminar si los victimarios fueron las guerrillas, los paramilitares o los agentes del Estado.
El proceso de devolución de tierras usurpadas a los campesinos por grupos violentos también fue destacado en el foro por los participantes, que valoraron el compromiso del Gobierno colombiano.
Juan Camilo Restrepo afirmó que su Gobierno quiere "acelerar" este proceso porque se trata de "una de las más gravosas deudas insolutas que tiene la sociedad" de su país.
La meta del Ejecutivo de Santos es la devolución de dos millones de hectáreas, apuntó.
"No es posible avanzar en la lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia y en el respeto a los derechos humanos, si a la vez no reparamos a las víctimas de la violencia, incluyendo el proceso de restitución de tierras", aseveró Angelino Garzón.
El informe internacional constata el "proceso de aprendizaje efectivo por parte de las instituciones colombianas y su avance significativo" en el proceso.
El documento presentado también alerta sobre los desmovilizados que reinciden, al estar siendo reclutados actualmente por bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Así, el vicepresidente colombiano apostó por la lucha frontal -vía militar, judicial y política- a lo ilegal, ya sea la guerrilla, paramilitares o bandas criminales.
"Si la guerrilla -dijo- pone en libertad sin condiciones a los secuestrados, si cesa el terrorismo, los secuestros y las minas antipersonas, y se toma la decisión pública de no a la violencia, Santos tendrá toda la generosidad para construir un escenario de paz. Si no, mantendremos la acción militar, judicial y política".
Alejandro Eder ofreció las cifras de desmovilizados desde 2003, un total de 51.000 personas, de las que 35.000 son paramilitares y el resto de la guerrilla de las Farc.
El Alto Consejero apostó por la coordinación con las iniciativas sociales del Gobierno, así como por trabajar en una reintegración basada en las comunidades receptoras de desmovilizados.
Marcelo Álvarez se refirió a las dificultades de Justicia y Paz y, al igual que el juez Garzón, habló de la necesidad de prorrogar esta norma.
Aunque el magistrado español valoró la reinserción y la restitución, resaltó la importancia de las sanciones penales por crímenes contra la humanidad y señaló su preocupación por la falta de visualización de los avances de Justicia y Paz.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia abogó por ir más allá de la Ley de Víctimas. "La verdadera reparación del tejido social tiene que ser con la verdad", manifestó y, en este sentido, abogó por la creación de una Comisión de la Verdad.
Jaime Arrubla aplaudió la voluntad del Gobierno de Santos de acercarse al poder judicial, a lo que Angelino Garzón respondió afirmando: "Los jueces pueden estar seguros de que encontraremos los mecanismos de entendimiento con ellos y trabajaremos conjuntamente".