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El Decreto 333 del 6 de abril de 2021 es una realidad. El Ministerio de Justicia, en cabeza de Wilson Ruiz Orejuela, como lo anticipó El Espectador el pasado 29 de marzo, ya firmó el documento con el cual las tutelas contra actuaciones del presidente Iván Duque en materia de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, serán estudiadas únicamente por el Consejo de Estado. La cartera de Gobierno les quitó la competencia a los juzgados regionales, que, en temas de erradicación, les había dado la razón a las comunidades que han exigido su derecho a la participación y al cuidado del medio ambiente.
En contexto: Gobierno propone que tutelas contra el presidente solo vayan al Consejo de Estado.
El documento recién sacado del horno modificó, a su vez, tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Entre los cambios, por ejemplo, se estableció que las acciones de tutela contra el contralor general, el procurador general, el fiscal general, el registrador nacional, el defensor del Pueblo, el auditor general, el contador general, el Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, serán competencia de los Tribunales Administrativos o Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Además, el ministerio de Justicia precisó -cuando ya se había referido a la totalidad de las tutelas- que las acciones que involucren asuntos de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos serán competencia exclusiva del Consejo de Estado. De acuerdo con Wilson Ruiz, en entrevista con este diario, la eliminación de cultivos de droga es un flagelo que afecta la seguridad nacional y alienta la violencia en los territorios, por tal razón, esas tutelas deben ser debatidos por una alta corte que refuerce la “desconcentración de la administración de justicia”.
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En cuanto a la seguridad nacional, Wilson Ruiz aseguró que el presidente representa la unidad nacional y actúa como jefe de Gobierno y, por tanto, eso implica “que tenga a su cargo, entre otras obligaciones, la conservación del orden público en todo el territorio nacional. Para eso resulta importante definir reglas de reparto que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general”.
Asimismo, el ministro de Justicia concluyó que las tutelas deberán ir al Consejo de Estado, pues se trata del juez de mayor jerarquía, el cual puede garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, una fuente quien durante décadas ha trabajado en las altas cortes, le explicó a este diario que si bien es una propuesta “razonable” se trataría de una estrategia de concentración del poder y de posible evasión de la justicia, pues a este Gobierno no se le puede “tener buena fe”, dado que habría buscado controlar los órganos que le hacen contrapeso, como la Fiscalía o la Procuraduría.
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No obstante, el decreto ya tiene algunas críticas. “Cómo van a centralizar la tutela sobre las erradicaciones o el glifosato, eso es inconstitucional”, dijo una fuente consultada en las altas cortes. De acuerdo con la persona entrevistada, la adición del artículo 12 al Decreto 1069 de 2015 iría en contra de la ley, pues representa un contrasentido que, por ejemplo, un campesino en Nariño o un indígena en Chocó “no pueda acudir a cualquier juez en su territorio, si no que tenga que presentar su acción de tutela ante el Consejo de Estado”.
La decisión del Ministerio de Justicia se presenta en pleno debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato, estrategia que está suspendida desde 2017 cuando la Corte Constitucional, respondiendo a una acción de tutela del personero de Nóvita (Chocó), pidió al Gobierno la participación de las comunidades en el debate y una hoja de ruta que tenga en cuenta las posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente. La tutela, en principio, fue tramitada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Chocó.
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Los jueces regionales fueron fundamentales, además, el 22 de junio de 2020. Ese día, el Tribunal Administrativo de Nariño ratificó una decisión de un juzgado de Pasto a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas de Chocó, las cuales radicaron una tutela contra las Presidencia por no tenerlos en cuenta en los debates que las autoridades han adelantado, para el posible retorno de la aspersión aérea con glifosato. La acción fue promovida por 93 personas y 88 organizaciones, entre las que están el CINEP, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
Asimismo, el pasado 13 de enero, el Tribunal Superior de Pasto suspendió una resolución del Ministerio de Interior, pues el despacho de Gobierno había certificado a 104 municipios del pacifico nariñense como núcleos geográficos en los cuales se pretender asperjar con el glifosato. El despacho judicial trabó la resolución, pues no se había tenido en cuenta la opinión de las comunidades afro e indígenas de la región. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Entuteló, el pasado 8 de marzo, a la magistrada ponente del fallo, intentando proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”.