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Jhon Jairo Camargo Motta, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó este martes 19 de marzo una denuncia formal ante la Fiscalía. Con documentos y pruebas en mano, el funcionario del gobierno le pidió a la entidad que todavía dirige Martha Mancera que investigue al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, pues la Agencia tiene evidencias de que habría cometido al menos cuatro delitos cuando le entregó el cuestionado contrato para la impresión de pasaportes a para favorecer a la empresa Thomas & Greg en febrero pasado.
Según la denuncia en poder de este diario, Camargo Motta puso en conocimiento de la Fiscalía hechos y pruebas sobre, al parecer, la ocurrencia de cuatro delitos: prevaricato, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de poder. Para la Agencia, el responsable de estas conductas delictivas es José Antonio Salazar, pues adjudicó el contrato de manera unilateral y justo cuando el canciller encargado, Gilberto Murillo, lo sacó del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo que encontró la Agencia en la revisión del proceso es que Salazar habría mentido en varias resoluciones firmadas este año en las que, según él, el ministro Murillo le entregó las facultades para adjudicar contratos que tuvieran que ver con la Cancillería. Sin embargo, la denuncia sostiene que el exsecretario mintió y en ningún momento el canciller encargado le delegó la tarea de entregar el negocio de los pasaportes a la firma Thomas & Greg el 26 de febrero del año pasado.
Para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en las conductas de Salazar hay al menos la configuración de cuatro delitos. El primero, falsedad ideológica en documento público, porque el exsecretario habría mentido y consignado falsedades en varias resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo, prevaricato por acción, pues Salazar habría emitido actos administrativos, como las resoluciones, manifiestamente contrarias a la ley.
El tercero, abuso de función pública, pues la denuncia señala que el exsecretario habría abusado de su cargo y realizó funciones que le correspondían solo al ministro Murillo, sin que este último se las hubiera delegado a Salazar. Y el cuarto delito, interés indebido en la celebración de contratos, pues lo que señala el recurso judicial es que el exsecretario habría actuado de manera ilegal solamente para favorecer a Thomas & Greg.
“Con base en ello, el secretario Salazar, como servidor público, abusó de su cargo y realizó funciones diversas de las que legalmente le correspondía, pues, al no haber acto de delegación escrito, expreso y específico, la función (de adjudicar el contrato) permanecía a cargo del ministro, quien legalmente la ostenta. Además, luego de atribuirse la función, emitió varios actos administrativos que contradicen las normas aplicables, los cuales tenían como propósito favorecer a un tercero”, se lee en la denuncia.
La Agencia resaltó otro episodio más. Según la información que le entregó a la Fiscalía, el ministro Murillo despidió de su cargo a Salazar el 22 de febrero pasado y, en lugar de realizar las tareas propias de una situación así, el exsecretario aprovechó el fin de semana siguiente, entre el 23 y 25 de febrero, para elaborar los documentos que firmó el 26 de febrero para adjudicar el contrato de los pasaportes.
“Todo ello nos permite concluir que presuntamente el señor José Antonio Salazar Ramírez es autor de los delitos descritos”, concluye la denuncia, no sin antes pedirle a la Fiscalía que tenga en cuenta las evidencias del documento para añadirlos a las otras carpetas que ya existen contra el exsecretario.
¿Qué fue lo que hizo José Antonio Salazar?
Para el presidente Gustavo Petro, la decisión que tomó el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en el caso de los pasaportes fue una traición. Sin embargo, para el veterano funcionario, su conducta no respondió a otra cosa que al cumplimiento de la ley. Este solo es un capítulo del ya largo caso del contrato de los pasaportes, pero el más reciente. La polémica comenzó el 26 de febrero de 2024, cuando se supo que el Ministerio de Relaciones Exteriores había entregado el negocio a Thomas & Greg.
Esa decisión causó todavía más ruido, pues el proceso de adjudicación estaba detenido en medio de una tormenta política y judicial protagonizada por el gobierno de Gustavo Petro y la empresa que por décadas ha tenido el contrato. El lío del caso es que el Ejecutivo ha sostenido que no va a entregarle negocios de este tipo a empresas que han monopolizado el negocio. En contraste, la empresa ha explicado que tiene todas las capacidades y garantías para seguir elaborando los pasaportes de los colombianos, pues lleva años haciéndolo.
En medio de esas dos posiciones es que el suspendido canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación en septiembre del año pasado y el contratista que cumplía con todos los requisitos, Thomas & Greg, se quedó de brazos cruzados. Para no suspender la elaboración de pasaportes, el gobierno declaró la urgencia manifiesta y le dio un contrato provisional a la mencionada empresa. Sin embargo, el proceso que debía resolver quién debe asumir la responsabilidad de hacer los pasaportes quedó en el limbo.
Este año, una de las primeras decisiones que se conocieron es que la Cancillería había vuelto a abrir el proceso de licitación y que había cambiado algunos requisitos que, supuestamente, beneficiaban a Thomas & Greg. Las evaluaciones comenzaron y, de manera sorpresiva, Salazar adjudicó el contrato el 26 de febrero pasado. Lo hizo a través de varias resoluciones, las mismas que hoy la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dice que fueron ilegales.
Dos días después de adjudicar el contrato, Salazar fue declarado insubsistente y salió del gobierno, no sin antes exponer su posición. El exsecretario siempre ha sostenido que no hizo nada ilegal y que el canciller Murillo no tiene la experiencia jurídica para tomar decisiones en ese cargo. Salazar agregó que si lo sacaban de la Cancillería, “por cumplir estrictamente con la Constitución y la ley”, se iba feliz.
El exfuncionario agregó que, “después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia” la decisión que había tomado Leyva de declarar desierta la licitación. Por eso, agregó, adjudicó el contrato a la empresa que había cumplido con todos los requisitos y había sido avalada por los evaluadores de la oferta.
“Esta no es una decisión arbitraria, tampoco unilateral, es el resultado de un proceso de licitación que se adelantó el año pasado y que fue evaluada por un comité técnico de profesionales, expertos abogados, economistas, financieros (...) solo se puede apartar de esa recomendación que hace el comité de evaluación mediante un acto motivado, y no existía ningún motivo para que yo me apartara”, agregó Salazar en entrevista a Noticias Caracol.
En contraste, el presidente Gustavo Petro Sobre esto, el preidente Petro indicó en su cuenta de Twitter: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una sola empresa privada”.
Ahora, la Fiscalía tendrá que estudiar la más reciente denuncia en contra de Salazar que viene, justamente, con la firma de un funcionario del gobierno Petro, Jhon Jairo Camargo Motta, el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que, por su parte, enfrenta otro episodio de interinidad: el candidato que había sido anunciado por el gobierno para reemplazar a Paula Robledo en la dirección, Gustavo Gómez, declinó el nombramiento este 19 de marzo.
Su renuncia al cargo, al parecer, coincidió con unas declaraciones que dio a medios de comunicación sobre las posibles soluciones para el proceso de los pasaportes. Al parecer, sus palabras no fueron bien recibidas en la Presidencia.
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