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Como un “total incumplimiento” definió el contralor general Carlos Hernán Rodríguez la gestión del gobierno del expresidente Iván Duque con respecto a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que sería a favor de la niñez indígena wayuú. Una reciente auditoria concluyó que, de las metas proyectadas por el anterior gobierno, solo se ejecutó el 48% de los avances. “El resultado no podía ser otro del que se está viviendo”, concluyó Rodríguez, referenciando la desnutrición y la escasa infraestructura para atender la salud de los menores de edad de especial protección.
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Según reportó la Contraloría, la gestión habría sido tan insuficiente que solo se habría desembolsado el 52% de los recursos asignados, en un departamento que reportó 78 muertes de niños indígenas en 2022, según el Instituto Nacional de Salud. Aunque no entregó detalles de las obras inconclusas, en lo que refiere al agua potable y el saneamiento básico a favor de la niñez wayuú, aseguró que abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal por un valor de $22.000 millones. Es decir, la plata que podría perderse si no se le hace seguimiento a los contratistas y contratantes.
Seguido de ello, el contralor Rodríguez señaló la apertura de procesos de responsabilidad fiscal por $3.122 millones por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para abastecer agua a distintas comunidades de municipios de La Guajira. Los principales señalados con el Ministerio de Vivienda de la era Duque y la gobernación a cargo de ejecutar el dinero. Entre los casos está una obra en la Comuna 10 de Riohacha, cuyo proyecto permanece suspendido desde mayo de 2018. Un indígena cuida el lugar desde hace cinco años y vive únicamente con un colchón.
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Otros proyectos por miles de millones no presentan funcionalidad e, incluso, se encontró que el ministerio y la Gobernación le habrían pagado por dos años a la Unión Temporal Laguna la utilización de una maquinaria que jamás se usó. Asimismo, la Contraloría envío el expediente por posible incidencia penal a la Fiscalía con respecto a las adecuaciones que permanecen paralizadas en el aeropuerto de Riohacha y para las cuales se invirtieron $41.000 millones. La principal señalada es la Aerocivil, que debía cerciorarse de que se rehabilitara la pista, se adecuara todo un sector de las instalaciones y se mejorara la navegación aérea.
En cuanto a las regalías, es decir, el dinero que le entra al departamento por la explotación de recursos naturales, la situación sería igual de nefasta. Según el contralor Rodríguez, en el periodo auditado, de los $500.000 millones dispuestos para invertir en obras públicas, habría hallazgos fiscales por $132.000 millones. “Esta circunstancia es tan elevada que decretamos de impacto nacional lo que está sucediendo”, explicó el jefe del órgano de control. Encontró falla de planeación en las obras, urbanizaciones de vivienda sin terminar y escenarios deportivos abandonados y en mal estado.
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La auditoria de los recursos de regalías cobijo a 38 proyectos, entre los que se encuentran los financiados con el OCAD Paz. Se trata de la institución que gestiona los recursos exclusivos para proyectos que fortalezcan los acuerdos de Paz en La Habana. Se encontró, por ejemplo, que el mayor presunto detrimento patrimonial es por $16.000 millones y tiene que ver con un fallido sistema de producción agrícola y pecuaria para fomentar la agricultura en el municipio de Dibuya. Asimismo, una red de energía en Pájaro de Manaure que, aunque costó más de 11.000 millones, está suspendido desde junio de 2022.
En Riohacha y Manaure, además, se encontraron 700 viviendas de un proyecto que está plenamente abandonado. El acueducto del municipio de Albania quedó tan abandonado que le robaron la infraestructura. Y, en un caso más que particular, la Contraloría denuncia que en el municipio de Uribia se pagó $3.700 millones por una planta de tratamiento de agua potable, en una zona donde ni siquiera hay posibilidad de tener agua. Con esos datos, la Contraloría llamó la atención de la Gobernación de La Guajira para que contrate con el debido cuidado de los recursos públicos y a la Procuraduría y Fiscalía para que adelanten procesos disciplinarios y penales.
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