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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), perteneciente al Ministerio de Justicia, emitió una serie de lineamientos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, Curadores Urbanos y Entidades Públicas del Orden Nacional, a fin de que estas protejan los bienes de interés cultural del Estado. Según la agencia, estos lineamientos se dan “con el fin de prevenir el daño antijurídico” y “para una adecuada prevención y defensa de los intereses de la Nación”.
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Según se expresó en el documento, los lineamientos propuestos están respaldados por diversas normas consagradas en la Constitución y, adicionalmente, “es claro que tanto las autoridades como los ciudadanos son depositarios del deber general de protección del patrimonio cultural”. Así mismo, la Agencia sostuvo que, “la protección al patrimonio cultural de la Nación implica, (…) la restricción de derechos (de particulares), tales como las libertades económicas y de disposición de los bienes objeto de propiedad privada”.
Así mismo, en una entrevista que tuvo en Blu Radio el director de la ANDJE, Camilo Gómez Álzate, manifestó que el Gobierno Nacional le exigiría a las gobernaciones y alcaldías del país, que busquen a los responsables de los daños causados a los bienes culturales del Estado durante las pasadas protestas. “El derecho a la protesta, por ejemplo, no da derecho a dañar el patrimonio cultural, por el contrario, este es un bien que está por encima incluso del derecho a la protesta porque es la historia, la cultura y la tradición”, dijo Gómez en su entrevista con la emisora.
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Otro de los pilares en los que la entidad fundamentó su documento, son los tratados internacionales en los que Colombia, según la Agencia, se ha comprometido a la protección de estos bienes. “El régimen de protección del patrimonio cultural en el sistema jurídico nacional está contenido en tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales imponen obligaciones que deben ser cumplidas de buena fe”, recalcó la ANDJE en su texto.
Así mismo, la entidad detalló los bienes que, según ellos, requieren la protección por parte de las instituciones. De acuerdo con el documento, el interés del Estado está en lo, “constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana”. De la misma manera, aseguraron que, “los bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles e inalienables”.
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Según dijo el director de la ANDJE en Blu Radio, para este tipo de daños a bienes del estado se contempla multas entre los 200 y 500 salarios mínimos mensuales. Adicionalmente, manifestó Gómez, “con relación a las protestas. El código penal dice: el que destruye, utilice o haga desaparecer dañe bien ajeno, mueble o inmueble tiene prisión de 16 a 90 meses”. Así mismo, dentro de los lineamientos presentados en el documento, la ANDJE expuso las penalidades que hay por lo que ellos consideraron, atentar contra los bienes de interés cultural. Según lo manifestado por la Agencia, el daño a estos bienes acarrearía penas de prisión de hasta 12 años y multas económicas que pueden superar los 700 salarios mínimos.
Estos nuevos lineamientos propuestos se dan tras la ola de manifestaciones durante el marco del Paro nacional. En uno de estos actos, un grupo de indígenas Misak derrumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, antiguamente ubicada frente a la Universidad del Rosario, alegando que las representaciones simbólicas de los conquistadores no reivindican la historia de lucha y resistencia de comunidades étnicas, sino que glorifican el asesinato de miles de sus antecesores.
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Así mismo, el 28 de abril de este año, primer día del paro nacional, como un alto reivindicativo, un grupo de indígenas Misak decidió derrumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad. Para este pueblo originario la figura del conquistador español representa la violación de sus derechos y el genocidio que vivieron durante la conquista.
Algo similar ocurrió en Barranquilla, donde manifestantes derribaron la estatua de Cristóbal Colón que se encontraba ubicada en la carrera 50 con calle 56, frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. El hecho se dio en medio de la movilización que se había convocado en la ciudad en el marco del paro nacional. En el lugar donde ocurrieron los hechos, los manifestantes pintaron el monumento con frases alusivas al paro. Una vez derribada la estatua fue arrastrada por las principales calles de la ciudad, por donde avanzaba la manifestación.