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                                                                                                                                  Gobierno entuteló a juez que suspendió proceso en el debate por el uso de glifosato

                                                                                                                                  La magistrada Blanca Lidia Arellano, del Tribunal Superior de Pasto, fue señalada como “omisiva” para el desarrollo del plan del Gobierno por “mantener la seguridad nacional”, a través de la aspersión aérea con glifosato. La jueza suspendió hace unas semanas una resolución del Ministerio del Interior que afectaba a comunidades afro e indígenas en Nariño.

                                                                                                                                  Según el Ministerio de Defensa, mediante aspersión aérea con glifosato se erradican por día entre 400 y 600 hectáreas de coca.
                                                                                                                                  Foto: Policía Nacional
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  Tal fue la desazón por la determinación de la magistrada Arellano que, también a través de una acción de tutela, el Gobierno pretende proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”, pues la Resolución 001 de 2020 del Ministerio del Interior es una hoja de ruta clave en el debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato en Colombia. Incluso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual estará encargada de la eventual estrategia, utilizó esa información para desarrollar su Plan de Manejo Ambiental (PMA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

                                                                                                                                  De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la magistrada Blanca Lidia Arellano se ha negado a resolver los recursos presentados desde el Gobierno, para levantar la suspensión de la resolución del Ministerio del Interior. La supuesta “omisión” de la juez del Tribunal Superior de Pasto incluso habría conducido el proceso de tutela hacía un trámite “improcedente, innecesario y dilatorio”, pues los reclamos del Gobierno fueron trasladados a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una oficina que ya no existe y que fue reemplazada a principio de año por la Comisión de Disciplina Judicial.

                                                                                                                                  “La conducta desplegada por la doctora Blanca Lidia Arellano de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, ha impedido continuar la actuación administrativa que debe adelantar la Policía Nacional para continuar la lucha contra las drogas, a través de la erradicación o fumigación de cultivos ilícitos, siendo una actividad legitima en la batalla contra el crimen y en persecución de fines constitucionalmente válidos como la garantía de la vida, salubridad y seguridad de las personas residentes del territorio colombiano”, alegó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  En contexto: Abecé del borrador del decreto que prepara el camino para el regreso del glifosato.

                                                                                                                                  Por otro lado, el Gobierno denunció que la magistrada del Tribunal Superior de Pasto propuso un “inexistente” conflicto de competencias, al remitir a otros despachos judiciales las solicitudes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. De acuerdo con la acción de tutela en contra de la magistrada Arellano, la juez se habría negado a fallar de fondo y, por tanto, estaría impidiendo que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales en la lucha contra las drogas: “La negativa para fallar de fondo dentro de los términos de ley una acción de tutela no solo constituye una falta grave, sino que niega a las accionadas el acceso a la justicia e impide la garantía del debido proceso”.

                                                                                                                                  Asimismo, el Gobierno le planteó al juez de tutela que la magistrada Arellano suspendió la resolución del ministerio del Interior y, tras superarse el tiempo para tomar una decisión de fondo, aún no tendría claro que hacer con el expediente. “En la presente controversia, dicha medida provisional (la suspensión) lleva en ejecución veintitrés (23) días hábiles, es decir, más del doble del tiempo de lo que constitucionalmente debería estar vigente, y lo cierto es que hasta la fecha no tenemos una decisión que levante o confirme la presunta vulneración de los derechos fundamentales”, dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Lea también: Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Según el Ministerio de Defensa, mediante aspersión aérea con glifosato se erradican por día entre 400 y 600 hectáreas de coca.
                                                                                                                                  Foto: Policía Nacional
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  Tal fue la desazón por la determinación de la magistrada Arellano que, también a través de una acción de tutela, el Gobierno pretende proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”, pues la Resolución 001 de 2020 del Ministerio del Interior es una hoja de ruta clave en el debate por el retorno de la aspersión aérea con glifosato en Colombia. Incluso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual estará encargada de la eventual estrategia, utilizó esa información para desarrollar su Plan de Manejo Ambiental (PMA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

                                                                                                                                  De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la magistrada Blanca Lidia Arellano se ha negado a resolver los recursos presentados desde el Gobierno, para levantar la suspensión de la resolución del Ministerio del Interior. La supuesta “omisión” de la juez del Tribunal Superior de Pasto incluso habría conducido el proceso de tutela hacía un trámite “improcedente, innecesario y dilatorio”, pues los reclamos del Gobierno fueron trasladados a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una oficina que ya no existe y que fue reemplazada a principio de año por la Comisión de Disciplina Judicial.

                                                                                                                                  “La conducta desplegada por la doctora Blanca Lidia Arellano de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, ha impedido continuar la actuación administrativa que debe adelantar la Policía Nacional para continuar la lucha contra las drogas, a través de la erradicación o fumigación de cultivos ilícitos, siendo una actividad legitima en la batalla contra el crimen y en persecución de fines constitucionalmente válidos como la garantía de la vida, salubridad y seguridad de las personas residentes del territorio colombiano”, alegó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  En contexto: Abecé del borrador del decreto que prepara el camino para el regreso del glifosato.

                                                                                                                                  Por otro lado, el Gobierno denunció que la magistrada del Tribunal Superior de Pasto propuso un “inexistente” conflicto de competencias, al remitir a otros despachos judiciales las solicitudes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. De acuerdo con la acción de tutela en contra de la magistrada Arellano, la juez se habría negado a fallar de fondo y, por tanto, estaría impidiendo que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales en la lucha contra las drogas: “La negativa para fallar de fondo dentro de los términos de ley una acción de tutela no solo constituye una falta grave, sino que niega a las accionadas el acceso a la justicia e impide la garantía del debido proceso”.

                                                                                                                                  Asimismo, el Gobierno le planteó al juez de tutela que la magistrada Arellano suspendió la resolución del ministerio del Interior y, tras superarse el tiempo para tomar una decisión de fondo, aún no tendría claro que hacer con el expediente. “En la presente controversia, dicha medida provisional (la suspensión) lleva en ejecución veintitrés (23) días hábiles, es decir, más del doble del tiempo de lo que constitucionalmente debería estar vigente, y lo cierto es que hasta la fecha no tenemos una decisión que levante o confirme la presunta vulneración de los derechos fundamentales”, dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Lea también: Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato.

                                                                                                                                  No ad for you

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