Gobierno expide decreto para dar luz verde al regreso de la aspersión aérea con glifosato
El gabinete ministerial del presidente Iván Duque anunció la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato, con miras a retomar la que pareciera ser la estrategia antidroga que más interés despierta en la administración. El Gobierno asegura que acató las sentencias de la Corte Constitucional.
Este lunes 12 de abril, el Gobierno del presidente Iván Duque dio un paso más hacia la reactivación de la aspersión aérea con glifosato en Colombia. Se trata de la expedición del decreto que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, al parecer, todo apunta a que el país volverá a esta modalidad de erradicación. (Lea también: Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato)
El decreto, según el Gobierno nacional, acata lo ordenado por la Corte Constitucional en 2017 como una “alternativa de regulación al proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea”. En otras palabras, lo que explica la administración Duque, a través de un comunicado público, es que el decreto “no reactiva automáticamente” la aspersión aérea con glifosato, pues hace falta que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para este fin.
El CNE, que es el que tiene la última palabra, está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y sus miembros son los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación. Y, aunque el Gobierno nacional fue quien diseñó el decreto para presentarlo al CNE, e insiste en que se trata de instancias diferentes, lo cierto es que todos los miembros de este Consejo (a excepción de la procuradora) están allí porque el Gobierno los nombró directamente.
De hecho, los encargados de hacer el anuncio al país fueron los ministros de Justicia, Wilson Ruiz, y de Defensa, Diego Molano. Este último manifestó que “Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad de que vamos a realizar una aspersión por precisión que garantice la licencia ambiental, que protege el medio ambiente, que protege la salud, que esté absolutamente regulada, pero, particularmente, que protege a los campesinos. La decisión del presidente Duque, del Gobierno, de las Fuerzas Militares y Policía es avanzar con la aspersión porque el enemigo de Colombia son los cultivos ilícitos. Cada minuto que pase y no avancemos de forma acelerada en reducir esas hectáreas genera más violencia”.
Volviendo al decreto, señala que están excluidas de la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Además indica que debe adelantarse una consulta previa cuando la ejecución del programa de erradicación sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas.
La administración Duque asegura que el decreto que acaba de expedir le permite tanto al Ministerio de Justicia, como al de Salud, celebrar contratos y convenios con control independiente respecto a los parámetros operacionales y el control de riesgos a la salud, respectivamente. Agrega que esta normatividad es producto de “la evaluación del riesgo a la salud y al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”. Asimismo, hace énfasis en que la ANLA y el INS realizarán un seguimiento continuo sobre los efectos de la aspersión en el ambiente y la salud y deberán entregar informes al CNE para que este adopte decisiones pertinentes.
“Incluye la revisión automática de las decisiones por parte del CNE. Para el efecto se determina que la ANLA y el INS, en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, se revisen y envíen el correspondiente informe al CNE. Este a su vez debe pronunciarse de forma motivada, si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, indica la comunicación del Gobierno. (Le puede interesar: El glifosato afecta la salud reproductiva)
El decreto, además, señala que los eventos en salud y las quejas como consecuencia de los efectos del programa de aspersión, deberán atenderse de forma “imparcial, independiente y comprensiva por una entidad distinta al ejecutor del programa”, es decir, la Policía Nacional. La normativa precisa que estos asuntos serán atendidos por las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS), la ANLA, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), de acuerdo con sus competencias.
Por otro lado y con base en los cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Defensa en 2020, el Gobierno afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $4.8 millones a través de la aspersión terrestre, $3.2 millones a través de Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.0 a través de la Fuerza Pública y $1.8 millones mediante la aspersión aérea. Sin embargo, después de exponer estas cifras el Gobierno indica que “el factor económico no es lo más importante” sino que con esta última modalidad “se están evitando muertes de los héroes de la patria, el valor de esas vidas son incalculables”.
“Los grupos armados han recurrido al uso de minas antipersonal, francotiradores, entre otros, para asesinar a 28 miembros de la Fuerza Pública y 4 erradicadores, han dejado heridos a 160 miembros de la Fuerza Pública y 57 erradicadores, en el periodo del 07 de agosto de 2018 al 9 de abril del 2021″, señaló el Gobierno puntualizando que un Grupo Móvil erradica aproximadamente 1.9 hectáreas por día, con aspersión terrestre son 10.2 hectáreas y con aspersión aérea se tiene prevista una capacidad de 162 hectáreas diarias. (Noticia relacionada: El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)
La administración del presidente Iván Duque dejó claro que el decreto no es otra cosa que el marco jurídico que establece las normas de juego de un programa que busca enfrentar con mayor contundencia el problema de las drogas, bajo parámetros técnicos y precisos. Con la expedición de este decreto, queda prácticamente “cantado” el regreso de la aspersión aérea con glifosato en el país.
Vea a continuación el decreto completo:
Este lunes 12 de abril, el Gobierno del presidente Iván Duque dio un paso más hacia la reactivación de la aspersión aérea con glifosato en Colombia. Se trata de la expedición del decreto que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, al parecer, todo apunta a que el país volverá a esta modalidad de erradicación. (Lea también: Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato)
El decreto, según el Gobierno nacional, acata lo ordenado por la Corte Constitucional en 2017 como una “alternativa de regulación al proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes decida si reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea”. En otras palabras, lo que explica la administración Duque, a través de un comunicado público, es que el decreto “no reactiva automáticamente” la aspersión aérea con glifosato, pues hace falta que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para este fin.
El CNE, que es el que tiene la última palabra, está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y sus miembros son los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación. Y, aunque el Gobierno nacional fue quien diseñó el decreto para presentarlo al CNE, e insiste en que se trata de instancias diferentes, lo cierto es que todos los miembros de este Consejo (a excepción de la procuradora) están allí porque el Gobierno los nombró directamente.
De hecho, los encargados de hacer el anuncio al país fueron los ministros de Justicia, Wilson Ruiz, y de Defensa, Diego Molano. Este último manifestó que “Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad de que vamos a realizar una aspersión por precisión que garantice la licencia ambiental, que protege el medio ambiente, que protege la salud, que esté absolutamente regulada, pero, particularmente, que protege a los campesinos. La decisión del presidente Duque, del Gobierno, de las Fuerzas Militares y Policía es avanzar con la aspersión porque el enemigo de Colombia son los cultivos ilícitos. Cada minuto que pase y no avancemos de forma acelerada en reducir esas hectáreas genera más violencia”.
Volviendo al decreto, señala que están excluidas de la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Además indica que debe adelantarse una consulta previa cuando la ejecución del programa de erradicación sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas.
La administración Duque asegura que el decreto que acaba de expedir le permite tanto al Ministerio de Justicia, como al de Salud, celebrar contratos y convenios con control independiente respecto a los parámetros operacionales y el control de riesgos a la salud, respectivamente. Agrega que esta normatividad es producto de “la evaluación del riesgo a la salud y al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”. Asimismo, hace énfasis en que la ANLA y el INS realizarán un seguimiento continuo sobre los efectos de la aspersión en el ambiente y la salud y deberán entregar informes al CNE para que este adopte decisiones pertinentes.
“Incluye la revisión automática de las decisiones por parte del CNE. Para el efecto se determina que la ANLA y el INS, en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, se revisen y envíen el correspondiente informe al CNE. Este a su vez debe pronunciarse de forma motivada, si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, indica la comunicación del Gobierno. (Le puede interesar: El glifosato afecta la salud reproductiva)
El decreto, además, señala que los eventos en salud y las quejas como consecuencia de los efectos del programa de aspersión, deberán atenderse de forma “imparcial, independiente y comprensiva por una entidad distinta al ejecutor del programa”, es decir, la Policía Nacional. La normativa precisa que estos asuntos serán atendidos por las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS), la ANLA, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), de acuerdo con sus competencias.
Por otro lado y con base en los cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Defensa en 2020, el Gobierno afirma que erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $4.8 millones a través de la aspersión terrestre, $3.2 millones a través de Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.0 a través de la Fuerza Pública y $1.8 millones mediante la aspersión aérea. Sin embargo, después de exponer estas cifras el Gobierno indica que “el factor económico no es lo más importante” sino que con esta última modalidad “se están evitando muertes de los héroes de la patria, el valor de esas vidas son incalculables”.
“Los grupos armados han recurrido al uso de minas antipersonal, francotiradores, entre otros, para asesinar a 28 miembros de la Fuerza Pública y 4 erradicadores, han dejado heridos a 160 miembros de la Fuerza Pública y 57 erradicadores, en el periodo del 07 de agosto de 2018 al 9 de abril del 2021″, señaló el Gobierno puntualizando que un Grupo Móvil erradica aproximadamente 1.9 hectáreas por día, con aspersión terrestre son 10.2 hectáreas y con aspersión aérea se tiene prevista una capacidad de 162 hectáreas diarias. (Noticia relacionada: El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)
La administración del presidente Iván Duque dejó claro que el decreto no es otra cosa que el marco jurídico que establece las normas de juego de un programa que busca enfrentar con mayor contundencia el problema de las drogas, bajo parámetros técnicos y precisos. Con la expedición de este decreto, queda prácticamente “cantado” el regreso de la aspersión aérea con glifosato en el país.
Vea a continuación el decreto completo: