Gobierno ganó pleito en el Consejo de Estado por el muelle 13 de Buenaventura
En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal dejó sin efecto la prórroga de 20 años más para la empresa Portuario S.A, como lo decidió la Agencia Nacional de Infraestructura en enero de 2024.
El Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la prórroga otorgada al Grupo Portuario S.A. para operar el Muelle 13, el cual es el encargado de la carga general en el puerto de Buenaventura.
Este controvertido caso inició a finales de diciembre del año pasado, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogó la concesión por 20 años del muelle 13, luego de infructuosas negociaciones con el Grupo Portuario, empresa que opera ese muelle. Pero 5 días después, el 28 de diciembre, el gobierno se arrepintió y echó para atrás esa decisión, alegando una posible afectación ambiental.
En su fallo, el Consejo de Estado respaldó la posición sostenida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y negó de tajo todas las pretenciones presentadas por la empresa operadora.
El fallo concuerda con que apenas ocho días, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) radicó una denuncia penal en la Fiscalía por lo que considera una grave feria de delitos en el marco del caso Muelle 13.
Los presuntos delitos advertidos por la Andje están relacionados con las actuaciones realizadas por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), encargado de administrar el ambiente y los recursos naturales renovables de la región.
Para la Andje, esta última entidad habría realizado maniobras para favorecer específicamente al Grupo Portuario S.A., el cual buscaba hacer una inversión de US$10 millones para ampliar el Muelle 13 y renovar su administración por 20 años más, a partir de 2025.
Entre otras proyecciones, la idea era ampliar el Muelle 13 hasta 200 metros de longitud, permitiendo la llegada de buques mucho más grandes al puerto vallecaucano. El primero en oponerse fue la Dirección General Marítima (Dimar), que en octubre de ese año emitió un concepto no favorable.
El meollo está en que el director del EPA de Buenaventura, José Absalón Suárez, emitió una resolución en febrero de 2023, aprobando la modificación y actualización del plan de manejo ambiental del Muelle 13.
Según la Andje, en su denuncia, lo que correspondía para una ampliación de esa magnitud era lograr una modificación a la licencia ambiental expedida años atrás por la ANLA, como órgano de carácter nacional, y no regional. Incluso, la solicitud y expedición de una nueva licencia ambiental.
Aun así, el director Suárez respondió al Grupo Portuario S.A. que había emitido un “concepto de legalidad y conveniencia” a favor de dicha empresa. No obstante, según encontró la Andje, ese concepto no tenía ninguna evaluación ni análisis del estudio de impacto ambiental.
El acto administrativo del EPA era, prácticamente, según la Andje, la descripción del proyecto buscado por los inversionistas. Y, además, se autorizó la intervención de ecosistemas de manglares sin solicitarle concepto previo al Ministerio de Ambiente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la prórroga otorgada al Grupo Portuario S.A. para operar el Muelle 13, el cual es el encargado de la carga general en el puerto de Buenaventura.
Este controvertido caso inició a finales de diciembre del año pasado, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prorrogó la concesión por 20 años del muelle 13, luego de infructuosas negociaciones con el Grupo Portuario, empresa que opera ese muelle. Pero 5 días después, el 28 de diciembre, el gobierno se arrepintió y echó para atrás esa decisión, alegando una posible afectación ambiental.
En su fallo, el Consejo de Estado respaldó la posición sostenida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y negó de tajo todas las pretenciones presentadas por la empresa operadora.
El fallo concuerda con que apenas ocho días, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) radicó una denuncia penal en la Fiscalía por lo que considera una grave feria de delitos en el marco del caso Muelle 13.
Los presuntos delitos advertidos por la Andje están relacionados con las actuaciones realizadas por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), encargado de administrar el ambiente y los recursos naturales renovables de la región.
Para la Andje, esta última entidad habría realizado maniobras para favorecer específicamente al Grupo Portuario S.A., el cual buscaba hacer una inversión de US$10 millones para ampliar el Muelle 13 y renovar su administración por 20 años más, a partir de 2025.
Entre otras proyecciones, la idea era ampliar el Muelle 13 hasta 200 metros de longitud, permitiendo la llegada de buques mucho más grandes al puerto vallecaucano. El primero en oponerse fue la Dirección General Marítima (Dimar), que en octubre de ese año emitió un concepto no favorable.
El meollo está en que el director del EPA de Buenaventura, José Absalón Suárez, emitió una resolución en febrero de 2023, aprobando la modificación y actualización del plan de manejo ambiental del Muelle 13.
Según la Andje, en su denuncia, lo que correspondía para una ampliación de esa magnitud era lograr una modificación a la licencia ambiental expedida años atrás por la ANLA, como órgano de carácter nacional, y no regional. Incluso, la solicitud y expedición de una nueva licencia ambiental.
Aun así, el director Suárez respondió al Grupo Portuario S.A. que había emitido un “concepto de legalidad y conveniencia” a favor de dicha empresa. No obstante, según encontró la Andje, ese concepto no tenía ninguna evaluación ni análisis del estudio de impacto ambiental.
El acto administrativo del EPA era, prácticamente, según la Andje, la descripción del proyecto buscado por los inversionistas. Y, además, se autorizó la intervención de ecosistemas de manglares sin solicitarle concepto previo al Ministerio de Ambiente.
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