Gobierno garantizará pruebas de COVID-19 para todos los internos de Villavicencio

De los 136 casos de COVID-19 que hay en el departamento del Meta, 109 están en la cárcel municipal de Villavicencio. El contagio comenzó por un hombre de 63 años que al parecer contrajo el virus en un centro de salud y murió el 5 de abril, seis días después de recuperar la libertad. El alcalde de la ciudad, Felipe Harman, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, han pedido acciones al Gobierno nacional y, tras una reunión este viernes, al parecer se comienzan a materializar soluciones. 

(Lea también: La vida al interior de la cárcel de Villavicencio, la primera con casos de COVID-19)

El viceministro de Justicia, Javier Sarmiento y el director del Inpec, general Norberto Mujica estuvieron este 24 de abril en la capital del Meta reunidos con las autoridades locales y prometieron dos medidas concretas: se tomarán pruebas de coronavirus a todos los internos y se adecuará una parte de la cárcel para aislar a los que no estén enfermos y corran mayor riesgo de contraer la enfermedad. "Son decisiones que nos permiten, con mayor efectividad, controlar la situación y brindarle tranquilidad al pueblo del Meta", dijo el general Mujica. 

(Vea: En vivo: casos de COVID-19 en cárceles de Colombia)

El Espectador habló con el alcalde Harman, quien dio un balance de esta reunión. 

¿Qué se habló en la reunión y qué se decidió?

Lo primero, es que se decidió aplicarles las pruebas de coronavirus a toda la comunidad penitenciaria. Lo segundo, es que se van a generar unos espacios de aislamiento para las personas que están en condición de riesgo y que no tienen COVID-19. Por ejemplo, los internos de la tercera edad. Pero el primer paso debe ser tener la certeza de la prueba. Asimismo, el Ministerio de Justicia se comprometió a hacer los trámites ante el Consejo Superior de la Judicatura las direcciones y los teléfonos de contacto de las personas que salieron en libertad del 1 al 15 de abril.

¿Cuántas personas salieron en libertad en esas fechas?

Son 54 y no aparecen datos de 33. 

(Lea: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

Y ustedes creen que esas personas ya pueden estar contagiando a más gente en Villavicencio...

Claro, claro. Esa es nuestra preocupación central. 

¿Cómo vio la actitud de los representantes del Gobierno en esa reunión? 

Creo que son conscientes de que la situación hoy está desbordada y requiere de pruebas totales a la comunidad penitenciaria. Me parece que eso es un avance importante: acordamos la decisión de tomar todas las pruebas. Nosotros conceptuamos bajo el concepto técnico de nuestros epidemiólogos este asunto y lo más importante es que seamos capaces de operativizar las pruebas de la manera más oportuna, de la manera más rápida.

(Lea también: Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19)

Sobre la operatividad de esas pruebas: ¿en cuánto tiempo las van a hacer?, ¿quién las va a pagar?

Esperamos que en los siguientes ocho días. Están a cargo de la Fiduprevisora, que es la encargada del sistema de salud de los privados de la libertad. Y aquí nosotros dispusimos de un equipo del Hospital de Villavicencio muy valioso e importante para hacerlo. 

¿Qué medida adicional le gustaría que se tomara? 

Fortalecer la atención clínica al interior penitenciario. El Gobierno fácilmente puede acondicionar un centro médico de campaña que fortalezca los servicios de salud y que deje mucho más tranquila a la comunidad penitenciaria. 

De los 136 casos de COVID-19 que hay en el departamento del Meta, 109 están en la cárcel municipal de Villavicencio. El contagio comenzó por un hombre de 63 años que al parecer contrajo el virus en un centro de salud y murió el 5 de abril, seis días después de recuperar la libertad. El alcalde de la ciudad, Felipe Harman, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, han pedido acciones al Gobierno nacional y, tras una reunión este viernes, al parecer se comienzan a materializar soluciones. 

(Lea también: La vida al interior de la cárcel de Villavicencio, la primera con casos de COVID-19)

El viceministro de Justicia, Javier Sarmiento y el director del Inpec, general Norberto Mujica estuvieron este 24 de abril en la capital del Meta reunidos con las autoridades locales y prometieron dos medidas concretas: se tomarán pruebas de coronavirus a todos los internos y se adecuará una parte de la cárcel para aislar a los que no estén enfermos y corran mayor riesgo de contraer la enfermedad. "Son decisiones que nos permiten, con mayor efectividad, controlar la situación y brindarle tranquilidad al pueblo del Meta", dijo el general Mujica. 

(Vea: En vivo: casos de COVID-19 en cárceles de Colombia)

El Espectador habló con el alcalde Harman, quien dio un balance de esta reunión. 

¿Qué se habló en la reunión y qué se decidió?

Lo primero, es que se decidió aplicarles las pruebas de coronavirus a toda la comunidad penitenciaria. Lo segundo, es que se van a generar unos espacios de aislamiento para las personas que están en condición de riesgo y que no tienen COVID-19. Por ejemplo, los internos de la tercera edad. Pero el primer paso debe ser tener la certeza de la prueba. Asimismo, el Ministerio de Justicia se comprometió a hacer los trámites ante el Consejo Superior de la Judicatura las direcciones y los teléfonos de contacto de las personas que salieron en libertad del 1 al 15 de abril.

¿Cuántas personas salieron en libertad en esas fechas?

Son 54 y no aparecen datos de 33. 

(Lea: Así funcionará el decreto para descongestionar las cárceles)

Y ustedes creen que esas personas ya pueden estar contagiando a más gente en Villavicencio...

Claro, claro. Esa es nuestra preocupación central. 

¿Cómo vio la actitud de los representantes del Gobierno en esa reunión? 

Creo que son conscientes de que la situación hoy está desbordada y requiere de pruebas totales a la comunidad penitenciaria. Me parece que eso es un avance importante: acordamos la decisión de tomar todas las pruebas. Nosotros conceptuamos bajo el concepto técnico de nuestros epidemiólogos este asunto y lo más importante es que seamos capaces de operativizar las pruebas de la manera más oportuna, de la manera más rápida.

(Lea también: Cárceles en Colombia, una “olla a presión” en tiempos de COVID-19)

Sobre la operatividad de esas pruebas: ¿en cuánto tiempo las van a hacer?, ¿quién las va a pagar?

Esperamos que en los siguientes ocho días. Están a cargo de la Fiduprevisora, que es la encargada del sistema de salud de los privados de la libertad. Y aquí nosotros dispusimos de un equipo del Hospital de Villavicencio muy valioso e importante para hacerlo. 

¿Qué medida adicional le gustaría que se tomara? 

Fortalecer la atención clínica al interior penitenciario. El Gobierno fácilmente puede acondicionar un centro médico de campaña que fortalezca los servicios de salud y que deje mucho más tranquila a la comunidad penitenciaria.