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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) envió una circular directa a la Procuraduría General de la Nación, con el lineamiento sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones disciplinarias. Aunque el documento no menciona al canciller Álvaro Leyva, o algún proceso en específico, la circular fue enviada solo un día después de que el órgano dirigido por Margarita Cabello suspendiera por tres meses al alto funcionario del gobierno Petro.
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La Sala de Instrucción de la Procuraduría suspendió a Leyva, al tiempo que emitió un pliego de cargos en su contra, por lo cual enfrentará un juicio disciplinario por dos faltas consideradas dolosas, es decir, con intención. El proceso se enmarca en la licitación que la Cancillería declaró desierta para la expedición de pasaportes en Colombia, cuyo único proponente era la empresa Thomas Greg and Sons. A raíz de la declaratoria, el contratista intentó conciliar con Colombia, pero finalmente, tras no llegar a un acuerdo, decidió demandar al país. La Procuraduría le reprocha a Leyva su gestión como cabeza de la Cancillería.
Lo primero que hizo la ANDJE, dirigida por Paula Robledo, fue enviar una serie de reglas a la Procuraduría con lo que, bajo su estudio de la jurisprudencia nacional, corresponde a una sanción proporcional. Envío la circular, bajo el entendido que la agencia “cuenta con competencias en materia de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial, y le corresponde impartir lineamientos y recomendaciones para que las entidades públicas adelanten una adecuada defensa de los intereses de la Nación”.
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Para empezar, la ANDJE le explicó a la Procuraduría que todo proceso administrativo sancionatorio debe desarrollarse con el cumplimiento del debido proceso. Que las sanciones deben ser proporcionales, con el fin de evitar la arbitrariedad judicial y el ejercicio abuso del poder punitivo del Estado. Para que una sanción sea proporcional, además, debería verse una clara coherencia entre las conductas que constituyen faltas disciplinarias y los efectos de la sanción.
Entre las recomendaciones que la ANDJE le envió a la Procuraduría está que sus sanciones disciplinarias tengan una argumentación sólida, encaminada a demostrar lo proporcional que es la sanción a imponer. Asimismo, constatar que el disciplinario conoció los cargos de manera clara y oportuna. Así como garantizar los medios de defensa y de contradicción en todo el proceso disciplinario.
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Y más recomendaciones: “Asegurar que la argumentación en la que se funda la sanción sea concordante con los tipos disciplinarios que se están imputando; revisar la correlación entre la falta, su tipo y la sanción; verificar la congruencia entre la motivación y la resolución de un acto administrativo que impone una sanción disciplinaria es una garantía del debido proceso; evitar que la fundamentación de un acto administrativo se haga con supuestos contrarios a la realidad”.
La ANDJE, no obstante, dejó por escrito las motivaciones que la llevaron a emitir el lineamiento. Según el sistema de verificación de procesos públicos que maneja, eKOGUI, a corte de julio de 2023 existían 5.722 procesos contra el Estado, con pretensiones por $1,5 billones, por “ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias”. De los fallos terminados, el 12% corresponde a procesos que el Estado perdió, según la Agencia, por razones tales como vulnerar el principio de proporcionalidad.
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