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El defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo este miércoles que la entidad ya había advertido los riesgos al que estaba expuesto Mapiripán, pero que el Gobierno no atendió los llamados para atender la situación que se presenta en este municipio. “Por el trabajo técnico que hace esta entidad, le habíamos advertido al Gobierno (…) que tomara los asuntos pertinentes, (pero) no se tomaron”, precisó.
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Los riesgos que emitió la entidad hacen parte de la alerta 065 que, según Negret, advertía la situación en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia, y en la vereda La Realidad, zona donde ocurrieron los hechos. En estas regiones, de acuerdo con el defensor, existen riesgos de acceso a la propiedad, plantaciones de hoja de coca y comercialización de pasta de coca.
“En estos lugares existen dos actores armados ilegales que son los denominados Puntilleros y las disidencias de las Farc, derivados del Frente Primero y Séptimo”, comentó Negret. Ayer, al término de un consejo extraordinario de seguridad, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que “hay unas fracciones de Puntilleros que están delinquiendo en esta zona. Es probable que en esa disputa de territorio hayan ocurrido estos hechos”.
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Los altos mandos militares también apoyan esa tesis, pero las investigaciones continúan. "La persona que orientó a las tropas en el terreno manifestó que ellos (los asesinados) no eran personas de la región, que no eran personas oriundas de las veredas como tal", precisó el general Alejandro Fuentes, comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional.
En ese consejo extraordinario de seguridad, en el participaron la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Mapiripán, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, se acordaron varias medidas. Entre ellas se encuentra el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, el control de áreas críticas en la región y el ofrecimiento de $50 millones por información que conduzca al esclarecimiento de estos actos.
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En Mapirián, entre el 15 y 20 de julio de 1997, hombres de las hoy desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron y asesinaron a por lo menos 50 personas, una de las masacres más cruentas del conflicto armado.
Luego del pronunciamiento de Negret, el Ministerio del Interior manifestó que ese día puso en conocimiento de los hechos a las entidades nacionales, departamentales y locales. El 9 de agosto, según el ministerio, se realizó una reunión con la participación de las alcaldías de Mapiripán y Puerto Concordia, la Gobernación del Meta, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Comando General de Fuerzas Militares, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Naciones Unidas.
El Ministerio manifestó que puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo un informe con 125 recomendaciones a 26 entidades del orden local, regional y nacional para la prevención y protección de la población.