Gobierno no comparte declaratoria de violación masiva al Acuerdo de Paz

El Gobierno no compartió el reciente fallo de la Corte Constitucional, el cual declaró un estado de cosas inconstitucional en el Acuerdo de Paz. Según la alta corte, existe una violación masiva de derechos humanos, puntualmente en materia de seguridad y reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Farc. Emilio Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, entregó las cifras que consideró clave para responder al fallo histórico.

En contexto: Corte Constitucional declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz

“Este es el proceso de desarme, de los 11 que ha habido, en donde menos afectaciones se presentaron por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación. El inmediatamente anterior en el tiempo, en la administración del presidente Santos, hubo 11 muertos por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación de las Autodefensas”, explicó el consejero Archila.

Respondió, además, que el fallo en la Sala Plena de la Corte Constitucional en realidad estuvo reñido, pues cinco de los nueve magistrados aceptaron los argumentos de ocho tutelas de excombatientes que alertaron sobre su situación de riesgo. Los otros cuatro magistrados le dieron su “no” a la declaratoria. Luego de ello, Archila explicó que en el Gobierno de Iván Duque se habría reducido en un 30% las afectaciones contra desmovilizados de las Farc.

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Incluso, entregó datos sobre el avance judicial de la persecución a los excombatientes. “Hay más de 150 sentencias condenatorias. Hay más de 171 personas condenadas, tanto los autores materiales como los intelectuales. En estos tres años pasamos de estar invirtiendo $55.000 millones en la protección de los excombatientes en la Unidad Nacional de Protección (UNP), a estar en este momento invirtiendo más de $250.000 millones. Pasamos de 600 hombres que les daban protección a más de 1800″, concluyó Archila.

La mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, por su parte, consideró que no hay garantías en la implementación del Acuerdo de Paz. Sobre la ponencia debatida por los magistrados, que este diario reveló en agosto pasado, ya rondaba la cifra de casi 300 desmovilizados asesinados desde la firma del documento. El alto tribunal ordenó, en definitiva, a la UNP hacer dentro de los próximos cuatro meses una reevaluación del riesgo que enfrentan los firmantes en proceso de reincorporación. De acuerdo con Archila, son más de 3.000 en distribuidos en espacios territoriales espaciales y los demás (10.000) en casi 500 municipios.

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Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría a que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.

Según la ponencia, es absolutamente grave para la democracia que casi 300 excombatientes hayan sido asesinados tras un proceso que pretender dar conclusión a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado. Además, la magistrada Cristina Pardo, autora de la ponencia, citó un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El Gobierno no compartió el reciente fallo de la Corte Constitucional, el cual declaró un estado de cosas inconstitucional en el Acuerdo de Paz. Según la alta corte, existe una violación masiva de derechos humanos, puntualmente en materia de seguridad y reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Farc. Emilio Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, entregó las cifras que consideró clave para responder al fallo histórico.

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“Este es el proceso de desarme, de los 11 que ha habido, en donde menos afectaciones se presentaron por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación. El inmediatamente anterior en el tiempo, en la administración del presidente Santos, hubo 11 muertos por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación de las Autodefensas”, explicó el consejero Archila.

Respondió, además, que el fallo en la Sala Plena de la Corte Constitucional en realidad estuvo reñido, pues cinco de los nueve magistrados aceptaron los argumentos de ocho tutelas de excombatientes que alertaron sobre su situación de riesgo. Los otros cuatro magistrados le dieron su “no” a la declaratoria. Luego de ello, Archila explicó que en el Gobierno de Iván Duque se habría reducido en un 30% las afectaciones contra desmovilizados de las Farc.

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Incluso, entregó datos sobre el avance judicial de la persecución a los excombatientes. “Hay más de 150 sentencias condenatorias. Hay más de 171 personas condenadas, tanto los autores materiales como los intelectuales. En estos tres años pasamos de estar invirtiendo $55.000 millones en la protección de los excombatientes en la Unidad Nacional de Protección (UNP), a estar en este momento invirtiendo más de $250.000 millones. Pasamos de 600 hombres que les daban protección a más de 1800″, concluyó Archila.

La mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, por su parte, consideró que no hay garantías en la implementación del Acuerdo de Paz. Sobre la ponencia debatida por los magistrados, que este diario reveló en agosto pasado, ya rondaba la cifra de casi 300 desmovilizados asesinados desde la firma del documento. El alto tribunal ordenó, en definitiva, a la UNP hacer dentro de los próximos cuatro meses una reevaluación del riesgo que enfrentan los firmantes en proceso de reincorporación. De acuerdo con Archila, son más de 3.000 en distribuidos en espacios territoriales espaciales y los demás (10.000) en casi 500 municipios.

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Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría a que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.

Según la ponencia, es absolutamente grave para la democracia que casi 300 excombatientes hayan sido asesinados tras un proceso que pretender dar conclusión a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado. Además, la magistrada Cristina Pardo, autora de la ponencia, citó un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”.

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