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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que defiende los intereses de Colombia, acaba de anunciar su estrategia para salvar al país de pagar una demanda por $119.000 millones radicada hace unos meses por el inversionista de pasaportes Thomas Greg & Sons. Se trata de un memorial, dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el que Colombia fija su posición de defender en juicio tal cantidad de dinero, argumentando que la Cancillería sí tenía razones para declarar desierta la licitación de esos documentos en 2023.
Antecedentes: La defensa de la Cancillería para tumbarle la demanda a Thomas Greg
Durante la administración de Álvaro Leyva en la Cancillería, en 2023, la entidad declaró desierto el proceso contractual que, por muy poco, se gana Thomas Greg & Sons para la expedición de los pasaportes de los colombianos, una tarea que ha desarrollado hace décadas. Según Leyva, los funcionarios de contratación de la Cancillería habrían cometido irregularidades del tamaño de gestionar condiciones que favorecerían únicamente a ese inversionista, por encima de los demás interesados en quedarse con el contrato. Ante ese giro de 180 grados de último momento, Thomas Greg demandó al país y le reclama $119.000 millones.
Según reveló César Palomino, nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estaba a punto de decidir sobre la demanda. Pero, antes de que ello pasara, el equipo de defensa nacional de la Agencia intervino para llevar el caso a un verdadero juicio y valorar pruebas que salvarían al país de pagar. En el memorial, la entidad insiste en que, en síntesis, el proceso contractual resultaba imposible para otros oferentes que no fuesen Thomas Greg & Sons, como si el pliego de condiciones fuese diseñado exclusivamente para ellos.
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“Durante el proceso de licitación, en el pliego definitivo se establecieron clausulas que impedían la selección objetiva en razón de condiciones técnicas habilitantes y ponderables, objetivamente infundadas y de imposible cumplimiento para oferentes para oferentes o interesados distintos a quien de tiempo atrás venía ejecutando el contrato”, explicó la Agencia en un comunicado de prensa. Para Palomino, la declaratoria desierta del acuerdo se ajusta a la ley y, por tanto, no hay razón para que Colombia pierda la demanda.
Entre los requisitos que el equipo contractual de la Cancillería había puesto en su pliego de condiciones estaba que, los interesados, ofrecieran un planta de pasaportes en Bogotá y otra de contingencia en Norteamérica, aun sabiendo que Thomas Greg & Sons era el único inversionista que cuenta con esa infraestructura. Para fortalecer sus argumentos, la Agencia cuenta con un concepto de la Organización de Aviación Civil Internacional, que señala que ese tipo de requisitos no son comunes en procesos en la materia.
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Así las cosas, “con la etapa de conciliación prejudicial ya agotada, la Agencia de Defensa Jurídica enfocará sus esfuerzos en defender los intereses litigiosos del Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso judicial”, explicó Palomino. Asimismo, dijo en rueda de prensa que su antecesora, Martha Lucía Zamora, siempre tuvo la razón en querer conciliar con Thomas Greg & Sons, pero, como dicha etapa ya no es posible, ya solo le resta pelear en juicio para que Colombia no pierda ese dinero.
La noticia se da justo cuando la Cancillería, el pasado 2 de septiembre, anunció una millonaria adición de $21.000 millones al contrato que actualmente tiene Thomas Greg & Sons y que va hasta el próximo 3 de octubre. No es un acuerdo común y corriente, pues se trata de una negociación casi que de emergencia al que el gobierno de Gustavo Petro tuvo que ajustarse, desde el año pasado, para evitar que los colombianos se quedaran sin hacer el trámite de pasaportes, mientras se desarrolla un nuevo proceso licitatorio.
La Cancillería ha explicado, así como la Procuraduría, que a partir del 3 de octubre, un gobierno internacional con imprenta pública tomará el contrato por un plazo de un año y contará con la asesoría de Thomas Greg & Sons. En septiembre del año entrante, la tarea pasaría a ser ejecutada por la Imprenta Nacional. Hasta el momento no se ha divulgado qué gobierno internacional realizará la expedición, pero se sabe que Canadá, Alemania, Francia y Portugal (de manera conjunta), Países Bajos y Polonia han enviado propuestas para hacerse con el nuevo contrato.
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