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Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, tiene todos los papeles listos en Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. En suelo norteamericano, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, será juzgado por delitos relacionados con narcotráfico, tras quedar nombrado en una investigación que vincula envíos de cocaína con ayuda de las disidencias de las Farc.
En contexto: Aprueban extradición de hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, por narcotráfico
El acto administrativo que da vía libre a la extradición de Córdoba fue firmado por el presidente Gustavo Petro. Era quien tenía la última palabra en Colombia, luego de que el pasado 17 de agosto la Corte Suprema de Justicia diera vía libre al trámite de traslado. El filtro de la alta corte benefició a Córdoba, dado que en el trato quedó firmado que el hermano de la senadora no podrá ser procesado por supuesta posesión de ametralladoras, como lo solicitó la corte neoyorquina.
Álvaro Córdoba fue acusado formalmente en Estados Unidos el pasado 24 de febrero. Entonces, la justicia estadounidense se comprometió a condenarlo por tres cargos: concierto para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos tales armas. La investigación señala que Córdoba sería miembro de la organización criminal a la cual le siguen los pasos desde julio de 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.
Antecedentes: Capturado hermano de Piedad Córdoba, solicitado por EE. UU. por narcotráfico
Los socios de Córdoba, establece la acusación, serían Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor, y Libia Amanda Palacio, reseñada como Amanda. Dentro de la investigación reposa la declaración jurada del agente especial de la DEA Maethew Passmore, quien reveló el nombre de un personaje denominado “CS-1″, el cual buscaba lugar para trabajar en Colombia a gran escala. Durante una conversación grabada, al parecer legalmente, Córdoba quedó reseñado como posible “padrino” e incluso habría dicho que, aunque no tenía experiencia en “el sector”, tenía “amigos que conocían muy bien el sector”. Para entonces, se hablaba de 3.000 kilos de cocaína por mes.
“El 27 de agosto de 2021, o alrededor de esa fecha, Córdoba Ruiz, Palacio Mena, “CS-1″ y Jaramillo Ramírez participaron en una videoconferencia grabada legalmente. Córdoba Ruiz describió a Jaramillo Ramírez como alguien que podría ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro. Durante la videoconferencia, Jaramillo Ramírez declaró que ya tenía una buena cantidad de pollos; que ya tenían a las personas para hacerlo; y que solo estaban esperando a que “CS-1″ les dijera cuándo, cómo y dónde antes de poder empezar a organizarlo todo”, se lee en la documentación.
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Luego de ello, explicó el agente especial de la DEA, “CS-1″ viajó a Colombia para obtener una muestra de cinco kilos de cocaína. Entonces, el 17 de diciembre pasado, Córdoba habría puesto como intermediarios a disidentes Farc en Popayán, con quienes se podría hablar de cantidad, precios y logística. Según la investigación, los criminales también entregarían sus servicios de protección armada. Al parecer, la muestra se entregó en una granja “a dos horas de Medellín”. Una vez superado el proceso, reveló el agente Passmore, un agente público encubierto se reunió con “CS-1″ y les habría entregado, también a Córdoba, un total de US $15.000 dólares.
La reunión grabada en diciembre pasado, además, revelaría que se lograron acuerdos por al menos varios cientos de kilogramos que terminarían inyectados en Estados Unidos. El agente Passmore enfatizó en que Córdoba era reiterativo en mencionar a las Farc, que sería la fuente de suministro para las transacciones. El 2 de febrero pasado, un día antes de la captura, aseguró Passmore, Córdoba, Jaramillo, Palacio y personas de “CS-1″ participaron en reuniones en persona en Medellín y cerca de la capital antioqueña.
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Ahora, el gobierno Petro deberá notificar a la defensa judicial de Álvaro Córdoba, la cual tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso que frene el traslado. “En firme la decisión, se procede a solicitar, en este caso, a EE.UU, a través de la Cancillería, las garantías de que la persona solicitada en extradición no será sometida a penas que no estén contempladas en las leyes de Colombia, como la cadena perpetua, y que se le respetarán derechos humanos”, agregó el Ministerio de Justicia.