Informe revela que sacar a Policía del Mindefensa no es prioridad para el gobierno

Javier Ordóñez Bermúdez ya sería abogado. Julieth Ramírez, traductora, y Christian Andrés Hurtado Meneses, ingeniero. Los tres habrían logrado esa meta de convertirse en profesionales, dicen sus familias. Sin embargo, hoy son parte del grupo de 14 víctimas mortales de una masacre policial, como así lo definió la relatoría independiente que solicitó la saliente alcaldesa Claudia López en mayo de 2021, para esclarecer los hechos ocurridos entre el 9 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha. Tres días de terror en la capital que, para muchos, fue el antecedente del estallido social de 2021, como una evidencia más de las falencias del Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta.

Javier Ordóñez Bermúdez ya sería abogado. Julieth Ramírez, traductora, y Christian Andrés Hurtado Meneses, ingeniero. Los tres habrían logrado esa meta de convertirse en profesionales, dicen sus familias. Sin embargo, hoy son parte del grupo de 14 víctimas mortales de una masacre policial, como así lo definió la relatoría independiente que solicitó la saliente alcaldesa Claudia López en mayo de 2021, para esclarecer los hechos ocurridos entre el 9 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha. Tres días de terror en la capital que, para muchos, fue el antecedente del estallido social de 2021, como una evidencia más de las falencias del Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta.

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La Fundación Alfredo Molano Bravo y la ONG Temblores le pusieron la lupa a lo que ha sucedido desde entonces y hoy presentan el informe “No basta”. Se trata de una investigación que busca diagnosticar qué medidas ha tomado los gobiernos local y el nacional para cumplir con una serie de recomendaciones que hicieron expertos en la materia. Por un lado, las de los hechos ocurridos en Bogotá, que hoy se conocen como el 9S, fueron presentadas por la relatoría que pidió la alcaldesa López a un equipo liderado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y organizado por Naciones Unidas. Y, por el otro, las que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita histórica a Colombia en medio de las manifestaciones del paro nacional.

Ambas organizaciones compartieron información y metodologías para establecer realmente qué ha hecho el Estado colombiano para cumplir con las más de 50 recomendaciones que hicieron expertos, para evitar escenarios tan críticos como los ocurridos en el 9S y en el paro nacional. Aunque ambas dan cuenta de avances sustanciales y cumplimientos positivos de lo sugerido por los expertos, los hallazgos no bastan, como lo sostiene el título del informe que está dividido en dos. Uno de los hallazgos es que, pese a que fue tema de prioridad para el presidente Gustavo Petro, la salida de la Policía del Ministerio de Defensa ya no es una prioridad para el gobierno.

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La masacre del 9S en Bogotá y Soacha

Para el caso de Bogotá y Soacha, y los hechos ocurridos en septiembre de 2020, la relatoría que pidió la alcadesa emitió 31 recomendaciones, no solo para buscar esclarecer la verdad y justicia, sino también garantizar la reparación a las víctimas y la no repetición. Esta parte del informe fue elavorada por la Fundación Alfredo Molano Bravo. Cada uno de esos puntos fue evaluado a partir de parámetros que utiliza el sistema interamericano: incumplimiento, pendiente de cumplimiento, cumplimiento parcial, cumplimiento parcial sustancial y cumplimiento total. La conclusión es que solo cinco ya fueron cumplidas y dos de ellas son claves. La primera, que la Policía reiterara de manera discrecional a los policías que estuvieran involucrados en violaciones de derechos humanos, sin que hubiera una sentencia en firme contra ellos.

Y la segunda, la reestructuración de los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de la Fuerza Disponible y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), así como de las unidades de apoyo. No solo cambió ese proceso formativo, sino que la Policía la eliminó y creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, con una nueva doctrina supervisada por las Naciones Unidas. En término no tan positivos, el informe señala que todavía hay nueve recomendaciones con cumplimiento pendiente, cinco en cumplimiento parcial y dos en total incumplimiento. La Fundación Alfredo Molano Bravo estableció que uno de los puntos sin nada de avance es que no se han creado espacios de recuperación de confianza entre la Policía y la ciudadanía, y tampoco se ha hecho nada para garantizar la protección de las víctimas, sus familiares, testigos y abogados en el marco de los procesos judiciales.

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Sobre el grado de cumplimiento, el documento trae un dato clave adicional: hay seis recomendaciones de las que no hubo información suficiente para establecer su avance, y todas tienen que ver con el papel de la Policía en una manifestación. Otro de los hallazgos que preocupan es el avance de la investigación judicial de los 14 homicidios y que uno más fue archivado sin mayores explicaciones. Sobre los otros 13, la Fundación Alfredo Molano Bravo llama la atención de un hecho que le preocupa: “Tras más de tres años desde la ocurrencia de los hechos, el 46 % de los casos en curso aún no agotan la fase inicial del proceso penal acusatorio”, pese a que el presunto responsable está ya plenamente identificado.

El informe agrega que, además, para corte de diciembre de 2023, solo hay una investigación para determinar la responsabilidad de mando en los 14 asesinatos y otro tipo de violencia desmedida en medio del 9S. “La Fundación observa con especial angustia la ausencia de gestiones investigativas para esclarecer los hechos en que resultaron heridos por arma de fuego al menos 75 personas. Una realidad que contrasta con el alto número (138) de judicializaciones a personas que fueron detenidas en las protestas y quienes habrían sido víctimas de abuso de autoridad y, en algunos casos, de torturas en el interior de instalaciones policiales. Ante los ojos de las víctimas, los avances resultan modestos, pues la satisfacción del derecho a la justicia solo se materializa con decisión judicial”, dice el documento.

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Otro de los temas que la Fundación Alfredo Molano Bravo observa con mayor angustia es el tema de la reparación de las víctimas. Aunque de entrada reconoce que la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Defensa han dado pasos valiosos en el reconocimiento de responsabilidad, las medidas adoptadas y los actos públicos realizados no han sido satisfactorios para las víctimas. Sobre todo porque, dice el informe, hoy en día los afectados por la violencia policial siguen sin tener una ruta clara para su reparación, no solo moral, sino también en términos de acompañamiento sicológico y médico. Es el caso de, por ejemplo, Manuel Antonio Fernández Acevedo, de 30 años, quien recibió un disparo en el barrio Verbenal y quedó sin movilidad en sus piernas.

Por el nulo acompañamiento de la administración local, le tocó devolverse a la casa de su mamá, en Boyacá, para recibir el cuidado mínimo de una persona en su condición. Ahora bien, mientras el cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Alcaldía de Bogotá tiene aciertos y desaciertos, sobre la Alcaldía de Soacha, en cabeza de Juan Carlos Saldarriaga, hay unanimidad en que su actitud ha sido revictimizante e indolente. “(El alcalde) no hizo ni el más básico acto de contrición y solidaridad con las víctimas. Su actitud desafiante y negacionista pesará sobre su carrera política y será merecedora de la sanción social por parte de la ciudadanía”, se lee en el informe.

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El estallido social de 2021

El 9S en Bogotá y Soacha fue apenas un abrebocas de lo que vendría a conocer el país un año después. Así resume Temblores, el encargado de esta parte del informe, lo ocurrido: “Entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021 Colombia vivió una grave crisis en materia de derechos humanos, derivada de la respuesta violenta y desproporcionada de la Fuerza Pública ante los reclamos legítimos de la ciudadanía que se manifestó en las calles. Estos reclamos materializaron el descontento de distintos sectores sociales, especialmente de ciudadanías históricamente marginalizadas y excluidas, contra las políticas del Gobierno, su mal manejo de la crisis económica resultante de la emergencia sanitaria y contra la violencia policial sistemática”. En medio de la crisis, la CIDH emitió 41 acciones para garantizar que esos hechos no volvieran a ocurrir.

El primer hallazgo es que, según el informe, el Estado sigue sin tener los protocolos suficientes para garantizar el derecho a la protesta, una de las recomendaciones más importantes del sistema interamericano. “Los datos demuestran que el Gobierno y la Alcaldía aún no han podido dar garantía plena al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Por este motivo, la valoración de implementación de esta recomendación es de cumplimiento parcial”. Similar es el caso de la recomendación que pedía un protocolo claro para no estigmatizar a las víctimas y a quienes protestaron, pero terminaron en medio de los enfrentamientos con la Fuerza Pública.

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Por otra parte, otro de los rezagos más grandes, y que también comparte la Fundación Alfredo Molano Bravo, es lo que tiene que ver con la regulación de la protesta. En concreto, lo que la CIDH le recomendó al Estado colombiano fue elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta. Pese a que ambas organizaciones reconocen que el gobierno actual y varios congresistas se han mostrado abiertos a cumplir con la recomendación, todavía queda mucho trecho por recorrer. El informe señala que no solo faltó articulación entre los ministerios con manos en la materia, sino que las discusiones no se fomentaron con el tiempo debido, por lo que el cumplimiento de este tema ha sido parcial.

Otro de los principales hallazgos de Temblores es que el Estado cumplió positivamente, aunque no totalmente, con una recomendación clave de la CIDH: prohibir el porte y el uso de armas de fuerza letal de los cuerpos de policía que acompañan las manifestaciones. Si bien el informe aclara que esa medida se logró a través de una resolución interna de la Policía, la ONG invita a que la prohibición sea mucho más amplia y formal, objetivo que se lograría si la orden la da el presidente a través de un decreto. De un estado similar quedó la recomendación de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Si bien el informe reconoce que la cartera ministerial ha adelantado acciones para explorar esa posibilidad, esta no es prioridad ni necesaria para el ministro Iván Velásquez.

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Quien confirmó que la separación ya no es una prioridad para el gobierno fue Alexandra González, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa. “No es una urgencia del Gobierno. Lo fue en un momento, pero no lo es ahora. Y lo que es una necesidad es hacerlo bien. Entonces se está trabajando para poder construir bien cuál sería la mejor propuesta (...) Las oportunidades claramente son bastantes. No obstante, los retos son mucho más grandes, principalmente en materia administrativa”, expresó la funcionaria. Sin embargo, para Temblores es indispensable seguir explorando “las formas y canales necesarios para lograr” la separación de la Policía “para garantizar un actuar policial respetuoso y garante de los derechos humanos”.

A manera de conclusiones conjuntas, la Fundación Alfredo Molano Bravo y Temblores fueron directo al grano en varios asuntos. Por ejemplo, sostienen que, a pesar de que el Gobierno actual y la Alcaldía de Bogotá han manifestado públicamente su voluntad de reparar a las víctimas de hechos de violencia que se dan en el marco de las manifestaciones, “las acciones desarrolladas son insuficientes para satisfacer el derecho a la reparación integral, pues no se ha establecido una ruta desde el nivel nacional para ello”. Además, señalan otro tema que les preocupa: la falta de voluntad de la Policía para el reconocimiento de responsabilidad y el perdón público por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.

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Pero además del reconocimiento y perdón, el informe llama la atención de otro tema clave: la estigmatización, no solo de los uniformados, sino también de funcionarios públicos y mandatarios locales. El problema más profundo sobre este tema es que varias de las víctimas entrevistadas para la investigación señalaron que, después de lo ocurrido y el trato recibido por quienes debían protegerlos, expresaron que prefieren no volver a manifestarse. Una situación alarmante que demuestra que, pese a las recomendaciones y las alertas de los expertos, todavía hay mucho por hacer para superar las graves falencias que tiene el Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta en el país.