Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular

El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios, se está debatiendo en la Corte Constitucional. El alto tribunal busca insumos para emitir un fallo estructural y definir las dudas al respecto. ¿Se pueden vetar proyectos extractivos con este mecanismo por parte de las regiones? ¿Qué efectos tienen las consultas cuando las empresas ya cuentan con licencias de exploración y explotación?

La discusión de la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Meta que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El representante de la empresa Carlos Alberto Benavides Bonilla, dijo a la Sala que esta situación ha generado una serie de incertidumbres y pidió aclarar las reglas de juego al momento de la celebración de contratos.

(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)

“En este tipo de procesos de consulta no es posible nuestra participación para presentar nuestra posición (…) Nunca existieron antecedentes de colisión de competencias entre el gobierno nacional y las entidades territoriales”, dijo al señalar que los accionistas de la empresa todavía tienen interés en invertir en el país. A su turno, el alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro, aseguró que no hay una política minera planificada en el país.

“El impacto social, económico y ambiental no se ven recompensados con los que recibimos (…) No entendemos cómo se ha aumentado el polígono del proyecto (de Mansarovar) y ha aumentado la sismicidad”, señaló Caro.  La consulta de Cumaral es una de las nueve que ya se han realizado en el país. Actualmente hay seis suspendidas y 54 en marcha.

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, dijo a la Sala Plena que el sector minero tiene una importante participación en las finanzas del Estado pues ha contribuido en un 9 % al producto interno colombiano y representa un 46 % de la inversión extranjera. “Se han generado 200.000 empleos directos. Los ingresos petroleros, que incluyen dividendos e ingresos tributarios, le han dejado a la Nación una cifra cercana a los 107 billones de pesos. La renta petrolera representó, en promedio, entre el 2007 y 2017, un 12% de los ingresos corrientes de la Nación, y un 29% del presupuesto total de inversión del Presupuesto General de la Nación

(En contexto: Duro tatequieto a las empresas mineras: debate hoy en la Corte Constitucional)

“Prohibir actividades del sector afectaría la prestación de servicios públicos de energía eléctrica y de gas”, señaló el ministro, al explicar que el gas no solo debe obtenerse, sino también distribuirse por todo el país por grandes redes nacionales.  Y Willer Edilberto Guevara Hurtado, viceministro de Ambiente, resaltó que prohibir la ejecución de proyectos sin estudios previos sería contrario a la ley ambiental: “La licencia ambiental es el mecanismo para determinar si un proyecto es viable o no y son las autoridades locales y nacionales quienes deben velar por su cumplimiento”.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, propuso a la Corte que haya un equilibrio entre la autonomía territorial y la potestad del Estado sobre la exploración y la explotación de los recursos del subsuelo. En ese sentido, propuso una fórmula en donde ambas partes participen. Vélez dijo a El Espectador que las consultas populares hasta el momento han generado un detrimento patrimonial cercano a los $230.000 millones de pesos.

 (Le podría interesar: Consultas populares, ¿por qué el malestar?)

Para el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, el diálogo informado es necesario para evitar conflictos con las comunidades. Por eso, pidió a la Corte que emita unos instrumentos de equilibrio para que se pueda hacer una extracción responsable y que no sea limitada de manera unilateral. Y, para Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, sí se han cumplido con los requisitos de participación pues se han hecho concertaciones con 146 municipios.

Finalmente, el vicepresidente de Ecopetrol, Fernán Ignacio Bejarano, dijo a la Corte Constitucional que, sin explotación petrolera, en siete años se acabarían las reservas que tiene la entidad. “Reconocemos las competencias de las entidades territoriales, pero no pueden ser absolutas o prevalentes. Hay que concertar”, puntualizó.

El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios, se está debatiendo en la Corte Constitucional. El alto tribunal busca insumos para emitir un fallo estructural y definir las dudas al respecto. ¿Se pueden vetar proyectos extractivos con este mecanismo por parte de las regiones? ¿Qué efectos tienen las consultas cuando las empresas ya cuentan con licencias de exploración y explotación?

La discusión de la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Meta que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El representante de la empresa Carlos Alberto Benavides Bonilla, dijo a la Sala que esta situación ha generado una serie de incertidumbres y pidió aclarar las reglas de juego al momento de la celebración de contratos.

(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)

“En este tipo de procesos de consulta no es posible nuestra participación para presentar nuestra posición (…) Nunca existieron antecedentes de colisión de competencias entre el gobierno nacional y las entidades territoriales”, dijo al señalar que los accionistas de la empresa todavía tienen interés en invertir en el país. A su turno, el alcalde de Cumaral, Miguel Antonio Caro, aseguró que no hay una política minera planificada en el país.

“El impacto social, económico y ambiental no se ven recompensados con los que recibimos (…) No entendemos cómo se ha aumentado el polígono del proyecto (de Mansarovar) y ha aumentado la sismicidad”, señaló Caro.  La consulta de Cumaral es una de las nueve que ya se han realizado en el país. Actualmente hay seis suspendidas y 54 en marcha.

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, dijo a la Sala Plena que el sector minero tiene una importante participación en las finanzas del Estado pues ha contribuido en un 9 % al producto interno colombiano y representa un 46 % de la inversión extranjera. “Se han generado 200.000 empleos directos. Los ingresos petroleros, que incluyen dividendos e ingresos tributarios, le han dejado a la Nación una cifra cercana a los 107 billones de pesos. La renta petrolera representó, en promedio, entre el 2007 y 2017, un 12% de los ingresos corrientes de la Nación, y un 29% del presupuesto total de inversión del Presupuesto General de la Nación

(En contexto: Duro tatequieto a las empresas mineras: debate hoy en la Corte Constitucional)

“Prohibir actividades del sector afectaría la prestación de servicios públicos de energía eléctrica y de gas”, señaló el ministro, al explicar que el gas no solo debe obtenerse, sino también distribuirse por todo el país por grandes redes nacionales.  Y Willer Edilberto Guevara Hurtado, viceministro de Ambiente, resaltó que prohibir la ejecución de proyectos sin estudios previos sería contrario a la ley ambiental: “La licencia ambiental es el mecanismo para determinar si un proyecto es viable o no y son las autoridades locales y nacionales quienes deben velar por su cumplimiento”.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, propuso a la Corte que haya un equilibrio entre la autonomía territorial y la potestad del Estado sobre la exploración y la explotación de los recursos del subsuelo. En ese sentido, propuso una fórmula en donde ambas partes participen. Vélez dijo a El Espectador que las consultas populares hasta el momento han generado un detrimento patrimonial cercano a los $230.000 millones de pesos.

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Para el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, el diálogo informado es necesario para evitar conflictos con las comunidades. Por eso, pidió a la Corte que emita unos instrumentos de equilibrio para que se pueda hacer una extracción responsable y que no sea limitada de manera unilateral. Y, para Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, sí se han cumplido con los requisitos de participación pues se han hecho concertaciones con 146 municipios.

Finalmente, el vicepresidente de Ecopetrol, Fernán Ignacio Bejarano, dijo a la Corte Constitucional que, sin explotación petrolera, en siete años se acabarían las reservas que tiene la entidad. “Reconocemos las competencias de las entidades territoriales, pero no pueden ser absolutas o prevalentes. Hay que concertar”, puntualizó.