Gobierno prepara ambicioso proyecto de restitución exprés y anticipada de tierras

José de la Rosa Palencia, sobreviviente de la persecución paramilitar con complicidad de agentes del Estado contra la Unión Patriótica (UP), está viendo cómo su familia se desintegra esperando la restitución de tierras a la que tiene derecho, como víctima de desplazamiento en Turbo (Antioquia), durante 1997. Aunque en 2022 un juez de restitución ordenó que Palencia obtuviera un predio como compensación, la Unidad de Restitución (URT) aún no logra realizar la entrega. En este camino, la esposa del beneficiario, Eunice Gómez, falleció. Y la URT sigue buscando un predio con el que pueda compensar a este solicitante que presentó su caso en el lejano 2011. Como este, son innumerables los expedientes en Colombia en los que la restitución no se puede concretar o tarda mucho más de la cuenta. Por ello, el gobierno de Gustavo Petro quiere marcar un antes y un después en la política pública, con el novedoso método de la restitución anticipada.

José de la Rosa Palencia, sobreviviente de la persecución paramilitar con complicidad de agentes del Estado contra la Unión Patriótica (UP), está viendo cómo su familia se desintegra esperando la restitución de tierras a la que tiene derecho, como víctima de desplazamiento en Turbo (Antioquia), durante 1997. Aunque en 2022 un juez de restitución ordenó que Palencia obtuviera un predio como compensación, la Unidad de Restitución (URT) aún no logra realizar la entrega. En este camino, la esposa del beneficiario, Eunice Gómez, falleció. Y la URT sigue buscando un predio con el que pueda compensar a este solicitante que presentó su caso en el lejano 2011. Como este, son innumerables los expedientes en Colombia en los que la restitución no se puede concretar o tarda mucho más de la cuenta. Por ello, el gobierno de Gustavo Petro quiere marcar un antes y un después en la política pública, con el novedoso método de la restitución anticipada.

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La estrategia está consignada en un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura conocido por El Espectador, al que le falta la firma de la ministra Martha Carvajalino y del presidente Petro. El decreto se titula “programa especial de dotación de tierras en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de reforma agraria”. Desde 2011, el proceso de restitución de tierras funciona con la intervención de jueces y magistrados de la República, quienes, ante solicitudes de víctimas de desplazamiento o despojo presentadas por la URT, ordenan la restitución de los predios o la compensación con otra tierra de similares características -como en el caso de Palencia- y, de últimas, con dinero. La restitución anticipada es un giro inédito pues, por primera vez en 13 años, se podría restituir sin la intervención de los jueces. En palabras de derecho, por la vía administrativa y no la judicial.

Con corte a 31 de agosto de 2024, la Unidad de Restitución ha reconocido el derecho a la restitución a 44.890 personas víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras, lo que corresponde a 31.794 solicitudes en curso. Sin embargo, ese universo de potenciales beneficiarios de restitución enfrenta un gran problema: aunque según la Ley de Víctimas sus solicitudes deberían resolverse como máximo en 120 días, en el 99% de los casos tarda mucho más, de acuerdo con la fundación veedora Forjando Futuros. De hecho, según la memoria justificativa del decreto que está por ser firmado, en promedio, una solicitud de restitución hecha por una víctima de la guerra tarda 3,27 años en ser resuelta por la justicia. Los datos muestran que el departamento donde más se demora el proceso, en general, es el Cesar con 4,42 años, seguido de Magdalena con 4,41 años.

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Ante ese panorama, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) buscó una alianza con la URT para entregar predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, de manera temprana, a los solicitantes que están esperando respuesta en el marco de la restitución. El decreto divide a los potenciales beneficiarios en tres: primero, está pensada para aquellos que ya radicaron su solicitud y, al momento de postularse al nuevo programa, no han obtenido sentencia; segundo, para aquellos que ya cursaron todo el proceso judicial y cuya sentencia ordene la compensación con un predio equivalente, lo que podría pasarle a la familia Palencia; tercero, para quienes ocupan un predio solicitado en restitución y que lo hayan adquirido de buena fe, sumado a las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o dependencia socioeconómica del bien.

El decreto establece que la restitución anticipada será siempre voluntaria y, para que tenga validez, el solicitante deberá allegar un documento ante el juez o magistrado de restitución que tiene su caso. El predio entregado tendrá características y una extensión en lo posible similar a la de la tierra solicitada, y contará con un proyecto productivo para la subsistencia de los beneficiarios. Asimismo, con el fin de evitar una doble educación de tierras por parte del Estado, los solicitantes a quienes se les entregue un predio de manera anticipada, una vez cuenten con una sentencia de restitución a su favor, deberán ceder ese segundo predio al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, manejado por la ANT. El decreto no menciona qué pasaría si a un solicitante se le restituye anticipadamente y, con el paso del tiempo, la justicia falla en su contra y no lo reconoce como beneficiario.

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Según el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el presidente Gustavo Petro, a través de sus ministros, tiene la potestad para firmar un decreto de esta naturaleza, el cual, en el aspecto normativo, modificará el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, de 2015. “Habría que ver si el contenido material del decreto es, en efecto, reglamentario. O si en realidad modifica el objeto o finalidad de la legislación reglamentada, entrando en realidad a legislar, lo que significaría exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria”, explicó. Asimismo, agregó que, en todo caso, como todo decreto, es demandable ante el Consejo de Estado, a través de una acción legal que puede solicitar cualquier ciudadano si quisiera tumbar o modificar la norma.

Otra pregunta que deja el decreto es si la URT está preparada para asumir tal cantidad de procesos administrativos, que requieren la máxima transparencia para evitar casos de corrupción y, de hecho, apropiación ilegal de tierras por personas que no sean víctimas de la guerra. Aun así, las estadísticas muestran que es una estrategia necesaria, teniendo en cuenta que, según Forjando Futuros, en el 70% de los procesos no hay opositores que se nieguen a salir de los predios solicitados y que, cuando los casos no presentan oposición, en el 99% de las veces la justicia resuelve a favor de los solicitantes. Ello demuestra que la URT ha hecho un excelente trabajo en delimitar quienes son merecedores de la restitución. Ahora, vía decreto, la entidad entregará tierras a familias, antes de que se sigan desintegrando por el paso del tiempo y ante una justicia de tierras que apenas llega y cojeando.

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