Gobierno propone a Jineth Bedoya una solución amistosa en la Corte IDH

A la izquierda, Jineth Bedoya, lideresa del movimiento "No Es Hora de Callar". A la derecha, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Foto: El Espectador

Una lluvia de críticas le ha caído a Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, luego de que el pasado 15 de marzo se retirara de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la cual se decidirá la responsabilidad de Colombia por la tortura y violencia sexual sufrida por la periodista Jineth Bedoya, en mayo del 2000. En medio de la tormenta de comentarios, Gómez buscó a la comunicadora para encontrar “una solución amistosa”.

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En un reciente comunicado, Camilo Gómez explicó que el Gobierno “no quiere que los problemas procesales sigan demorando el cierre del caso” y, por tal razón, le prepuso a la periodista Jineth Bedoya sentarse a dialogar y buscar una “solución amistosa”, lo cual estaría permitido por el reglamento de la Corte IDH. De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, hace varios años el Estado le propuso un arreglo a Bedoya, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

“Entiendo su preocupación y la de muchas mujeres que ven pasar el tiempo sin llegar a la conclusión de un proceso como este. Tal como lo dije en la audiencia, Colombia ha anunciado que reconocerá responsabilidad respecto de algunos aspectos que hemos analizado con detenimiento y expondrá los argumentos sobre otros en los que considera se debe evaluar su conducta (…) sé que son muchos los días, meses y años que usted ha pasado sufriendo por cuenta de los hechos reprochables de los que usted fue víctima y que ninguna mujer debería sufrir”, explicó Camilo Gómez.

En respuesta a la petición del Gobierno, la defensa de Jineth Bedoya publicó un comunicado a través de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en el cual aseguró que “los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado”. Por otro lado, la periodista aseguró que Gómez intentó por diversos conductos obtener una respuesta rápida, lo cual constituiría un “acto de hostigamiento y de litigio malicioso”, que no responde a la dignidad del proceso.

Durante el pasado 15 de marzo, la Corte IDH escuchó el testimonio de la periodista y activista social Jineth Bedoya, quien el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada por un grupo de paramilitares en la cárcel La Modelo, en Bogotá, para luego accederla y abandonarla en vía pública. Durante horas, Bedoya explicó la pesadilla que ha significado denunciar su historia, por la cual la siguen amenazando de muerte. Sin embargo, apoderada de su movimiento “No Es Hora de Callar”, la subeditora de El Tiempo ha prometido ser la voz de quienes han sufrido episodios similares.

Las palabras de Bedoya fueron tan conmovedoras, que incluso la juez Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH, envió un mensaje de apoyo a una mujer que ha hecho de sí misma un proyecto para otras mujeres periodistas: “De manera personal quiero agradecerle, expresarle mi admiración y mi gratitud, tengo muchos años de estar luchando por esta causa de la cual usted es un símbolo, hemos llevado inútilmente nuestra voz por todos los ámbitos de la justicia nacional e internacional. Al mismo tiempo ejemplos como el suyo, su coraje, su valor, por supuesto que llega a llenar más de coraje a quienes seguimos en esta lucha”.

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“Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso. Esta posición del Estado colombiano tiene que ser con la obligación que tiene los jueces de ser imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte IDH y que pone la cara ante la víctima”, dijo Camilo Gómez el pasado 15 de marzo.

En la tarde de este 17 de marzo, además, el director de los asuntos legales del Gobierno aseguró que el proceso internacional ha hecho esperar a Jineth Bedoya por alrededor de 10 años y, por otro lado, que Colombia “ha liderado varias acciones para reducir las enormes demoras que una víctima tiene que soportar a causa de los retrasos ante el Sistema Interamericano, especialmente en el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Solo pensar en el dolor suyo y de su familia hace que el alma se me estremezca”.

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El 3 de junio de 2011, la CIDH recibió las carpetas del caso Bedoya por petición de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Luego de tres años, la Comisión Interamericana aceptó estudiar el expediente. Durante el proceso, el Gobierno pidió a la CIDH ser declarado inocente, “pues las autoridades estatales han llevado a cabo distintas acciones de índole penal y disciplinaria, así como medidas de protección y reparación con el fin de salvaguardar los derechos de la presunta víctima”, como se explica en un informe de diciembre de 2018. Como nunca se llegó a un acuerdo y el Estado no acató las recomendaciones, la CIDH remitió los papeles ala Corte IDH, la cual en 2019 aceptó estudiar la posible condena a Colombia.

Antes de que las carpetas llegaran a la Corte IDH, el Gobierno explicó en el sistema interamericano que “ha asumido su deber con toda la seriedad, imparcialidad y celeridad”, pues había logrado la condena a 28 años de prisión de Mario Jaimes Mejía, alias Panadero; la declaración como crimen de lesa humanidad de la pesadilla vivida por Bedoya , por lo cual su investigación no prescribirá; la identificación del objetivo de la agresión: amedrentar a la periodista; y “el avance en esclarecimiento de los hechos”, explicó la CIDH sobre el Estado en un informe del 7 de diciembre de 2018.

En 2016, agrega Jonathan Bock, presidente de la Flip, el Gobierno le propuso a Jineth Bedoya negociar un primer acuerdo de solución amistosa, sin embargo, la periodista rechazó el planteamiento, pues para ella resultó revictimizante. “La pretensión se limitaba a un facto económico sin el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y sin avances en superar el escenario de impunidad”, explicó Bock en entrevista con El Espectador. Además, la fundación agregó que la dilación del proceso y la ausencia de justicia, por más de 20 años, son “responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano”.