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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, puede ser uno de los lugares más interesantes de toda Colombia. Desde 1997, como un grupo de desplazados del conflicto armado, se constituyeron como comunidad en predios que también habían sido abandonados por víctimas de la guerra por el territorio de la “mejor esquina de América”. Desde entonces, como comunidad agrícola han resistido a masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, en hechos impulsados, incluso, por las mismas fuerzas de seguridad del Estado.
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Desde hace 27 años, la Comunidad se considera neutral en ante los gobiernos, por lo que no permiten la entrada de funcionarios públicos y mucho menos de efectivos de las fuerzas. Resisten, además, a la fuerte presencia del Clan del Golfo, que los tiene fichados como enemigos territoriales y cada tanto arremete en su contra con asesinatos y desplazamientos. Sin embargo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en un trabajo gubernamental inédito, protegió judicialmente 21 fincas de la Comunidad, con miras a garantizar sus derechos a la propiedad, posesión y ocupación.
La dirección Jurídica de la URT interpuso medidas cautelares para proteger 40 predios correspondientes a 21 fincas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esto a través de la figura de la inscripción en el Registro Único de Protección de Predios Abandonados, el cual es un mecanismo que, en pocas palabras, permite a los desplazados obtener la protección jurídica de su bien, con el fin de que las autoridades regionales impidan cualquier acto de transferencia de títulos de propiedad irregular.
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“La finalidad de estas medidas de protección de los bienes inmuebles de los desplazados y las personas en riesgo de serlo es proteger su derecho de propiedad, posesión y ocupación como desarrollo del principio fundamental constitucional previsto en el artículo 2°, el cual busca proteger a todas las personas residentes en Colombia, su ‘honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades’ y puedan disfrutar de los bienes sobre los que ostentan algún tipo de derecho, particularmente de la tierra’”, explicó la URT en un comunicado de prensa.
De esta manera, el gobierno reconoció a la Comunidad como víctima por la incidencia del conflicto armado, una posición que ya ostentaba ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se reconoció los persistentes riesgos contra la vida de sus miembros, representantes y acompañantes internacionales. El último hecho victimizante ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando fueron asesinados dos miembros de la Comunidad, entre ellos Edinson David Higuita, de 14 años.
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No obstante, sobre estos predios existen, paradójicamente, decenas de solicitudes de restitución de tierras de ciudadanos quienes ocuparon la zona antes de la llegada de la Comunidad y que ahora reclaman una respuesta del gobierno y de la justicia. El Espectador consultó a Paula Villa, directora jurídica de la URT, quien respondió al interrogante sobre si haber protegido los terrenos de alguna manera evita que se desarrollen paralelamente los procesos de restitución, en el que esta entidad de gobierno debe analizar caso a caso y presentar demandas ante los jueces de la República.
“Varios de estos predios tienen solicitudes de restitución por terceros. Pero, debo aclarar que las medias de protección a favor de la comunidad no afectan el proceso de restitución de tierras que puedan tener los predios en nombre de estos terceros. Es claro que la situación de conflicto armado pudo haber afectado a personas anteriores a la Comunidad, y posteriormente la Comunidad también fue víctima de abandono o despojo. Es importante reiterar que esas medidas, en el caso de propiedad, tienen un efecto que saca el bien del comercio y ninguna de ellas afectaría la continuidad de un proceso de restitución de tierras a nombre de otras personas”, explicó la directora jurídica Paula Villa.
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