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Las violentas confrontaciones entre la guardia campesina y la Policía que dejaron a un agente y un campesino muerto en el sector de Los Pozos en San Vicente del Caguán (Caquetá) no comenzaron este 2 de marzo. Documentos muestran que, desde hace más de una semana, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo habían advertido al Gobierno y a las autoridades locales de que las manifestaciones contra la petrolera Emerald Energy estaban en riesgo de “escalar” e incluso, que las comunidades campesinas estarían siendo constreñidas por disidencias de las Farc. El Ministerio Público ha dicho que está dispuesto a mediar con las comunidades.
Así se lo hizo saber la procuradora regional de Caquetá, Kendy Turner, al gobernador de ese departamento, Arnulfo Gasca, en una carta que le envió el pasado 19 de febrero. Para ese día, la guardia campesina se había plantado frente a la sede de la petrolera. En la misiva le advertía que había información oficial de que en las protestas se pretendía impedir la entrada a la planta de Emerald Energy e incluso el ingreso de alimentos a la zona.
Cuatro días antes, según escribió la procuradora, en un consejo de seguridad “se adujo que presuntamente las personas que se encuentran realizando el bloqueo están siendo constreñidos por órdenes de la disidencia”. De allí que el Ministerio Público le pidiera al gobernador Gasca desde hace más de una semana que convocara a un nuevo consejo extraordinario de seguridad “en aras de abordar esta problemática, buscar soluciones y adoptar acciones tendientes a evitar que la misma genere una alteración del orden público y por tanto afectación de derechos”.
La situación, en efecto, escaló. Diez días después de la advertencia de la Procuraduría, los manifestantes entraron en confrontación con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (antes llamado Esmad), reteniendo a más de 70 uniformados. En medio del choque murieron el intendente subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto y el campesino Reinel Arévalo. Ahora bien, antes de que las protestas se tornaran violentas, el Ministerio Público había hecho más advertencias y había pedido al Gobierno tomar acciones.
Por ejemplo, el 20 de febrero, la procuradora Turner y el defensor del Pueblo regional, Edwin Fabián Leal, le escribieron al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a la viceministra de diálogo social, Lilia Solano. En la misiva, aseguraban que, tras verificar en la zona de Los Pozoz, donde se llevaba a cabo el bloqueo de la planta de Emerald Energy, les preocupaba el descontento que había entre las comunidades campesinas por la presencia de la Policía en el lugar, que los manistentantes no veían como interlocutor válido a los voceros que había enviado el Gobierno, a la vez que se esperaba la llegada de aún más personas que se sumarían a la protesta.
“Respetuosamente se pone de presente este asunto, a efectos de que se coordine adecuadamente desde la rama ejecutiva la conformación de una Comisión del más alto nivel, con el suficiente conocimiento del contexto regional, idoneidad, capacidad de dialogo y disponibilidad de tiempo, que promuevan la confianza y propendan por el dialogo social a esta problemática social”, escribieron Procuraduría y Defensoría desde el 20 de febrero. Diez días más tarde, la situación estalló.
Defensoría, dispuesta a mediar en Los Pozos
Ante los hechos violentos de este 2 de febrero, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que la entidad estaba dispuesta a mediar para solucionar la crisis. “En la Defensoría del Pueblo podemos aplicar instrumentos y protocolos que orienten las etapas de prevención y transformación de la conflictividad, la convivencia, la reconciliación y el seguimiento de los posibles acuerdos, todo con un enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial según las características de la población como, en este caso, de los campesinos en Los Pozos”, aseguró el funcionario.
Entretanto, una delegación de la entidad está en terreno verificando la atención médica de las decenas de heridos. Estos funcionarios buscarán que se instalen mesas de diálogo para restablecer la tranquilidad en la región. El presidente Gustavo Petro envió a su propia delegación, integrada por el Ministerio de Defensa, del Interior y las Fuerzas Militares.
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