Granja 32: el bien que enreda a exdirectores de la DNE

Después de que el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa, y el exdepositario de esta entidad, Camilo Bula, decidieran colaborar con la justicia y señalaran a varios congresistas de recibir bienes de la mafia, la Fiscalía abrió un nuevo proceso en su contra por la irregular administración y venta del predio Granja 32. En este caso también fueron vinculados el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, dos exfuncionarios de la entidad y tres particulares.

La audiencia de imputación de cargos por el caso Granja 32, ubicado en Cota (Cundinamarca), se iba a realizar este jueves 16 de mayo. Sin embargo, tuvo que ser aplazada a petición de algunos abogados defensores que no pudieron presentarse a la diligencia, alegando que tenían otros compromisos adquiridos previamente. Se espera que en los próximos días el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao notifique la nueva fecha de esta audiencia.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios de la DNE administraron entre los años 2007 y 2011 de manera irregular el predio Granja 32, que además, fue vendida por un precio inferior al que en realidad costaba. A los exdirectores, al exfiscal antimafia y al resto de implicados se les imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Esta la segunda vez que les imputarán cargos a Albornoz, Figueroa y Bula por los supuestos manejos irregulares y desvíos de dinero que se presentaron en la DNE.

El predio Granja 32, que hoy enreda a estos tres altos exfuncionarios, pertenecía al narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, quien murió en febrero de 2002. Ortiz nunca fue condenado por la justicia colombiana, que lo investigaba por lavado de activos y narcotráfico durante el proceso 8.000, y además, era requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas. A Ortiz Gaitán también se le incautaron alrededor de 20 bienes en Tolima, Santander y Cundinamarca, entre los que se encontraba el Hotel Tocarema en Giradot.

La Fiscalía busca establecer si este inmueble se vendió por un valor debajo del comercial. De acuerdo con las indagaciones realizadas hasta la fecha, los exfuncionarios en cuestión habrían ignorado la advertencia del Tribunal Superior de Cundinamarca de que la finca se estaba comercializando por un precio 20% por debajo de lo que realmente costaba. Así las cosas, el comprador resultó beneficiado con un ‘descuento’ de $600 millones.

A Figueroa le imputaron por primera vez cargos el 30 de noviembre de 2011 porque, al parecer, recibió dádivas por entregar bienes del narcotráfico a familiares o testaferros de los ‘narcos’ propietarios de esos inmuebles. Los delitos en que habría incurrido el exfuncionario son prevaricato, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Actualmente Figueroa se encuentra recluido en la cárcel La Picota (Bogotá) y es uno de testigos claves de la Fiscalía en el proceso DNE, confesando sobre todo los nombres de varios congresistas y excongresistas que se habrían beneficiado también de la administración irregular de bienes incautados a la mafia.

El proceso contra el exsenador conservador Albornoz inició formalmente el pasado 19 de enero, cuando la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por acción y omisión, obtención de documento público falso, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía indaga si el exdirector de la DNE actuó de forma fraudulenta con respecto a la liquidación de la empresa Promociones y Construcciones del Caribe LTDA y a la entrega a terceros de 11 bienes arrebatados a carteles de droga.

En el caso de Bula, exfiscal antimafia, el ente investigador imputó cargos el 23 de enero por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación y prevaricato. El exdepositario de la DNE es sindicado de haber sido responsable de la pérdida de alrededor de $25.000 millones mientras estuvo al frente de la administración de los bienes que Albornoz habría puesto a su cargo. Bula, preso en La Picota, es la segunda pieza fundamental que tiene la Fiscalía para armas el rompecabezas del desfalco a la DNE.

Después de que el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa, y el exdepositario de esta entidad, Camilo Bula, decidieran colaborar con la justicia y señalaran a varios congresistas de recibir bienes de la mafia, la Fiscalía abrió un nuevo proceso en su contra por la irregular administración y venta del predio Granja 32. En este caso también fueron vinculados el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, dos exfuncionarios de la entidad y tres particulares.

La audiencia de imputación de cargos por el caso Granja 32, ubicado en Cota (Cundinamarca), se iba a realizar este jueves 16 de mayo. Sin embargo, tuvo que ser aplazada a petición de algunos abogados defensores que no pudieron presentarse a la diligencia, alegando que tenían otros compromisos adquiridos previamente. Se espera que en los próximos días el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao notifique la nueva fecha de esta audiencia.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios de la DNE administraron entre los años 2007 y 2011 de manera irregular el predio Granja 32, que además, fue vendida por un precio inferior al que en realidad costaba. A los exdirectores, al exfiscal antimafia y al resto de implicados se les imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Esta la segunda vez que les imputarán cargos a Albornoz, Figueroa y Bula por los supuestos manejos irregulares y desvíos de dinero que se presentaron en la DNE.

El predio Granja 32, que hoy enreda a estos tres altos exfuncionarios, pertenecía al narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, quien murió en febrero de 2002. Ortiz nunca fue condenado por la justicia colombiana, que lo investigaba por lavado de activos y narcotráfico durante el proceso 8.000, y además, era requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas. A Ortiz Gaitán también se le incautaron alrededor de 20 bienes en Tolima, Santander y Cundinamarca, entre los que se encontraba el Hotel Tocarema en Giradot.

La Fiscalía busca establecer si este inmueble se vendió por un valor debajo del comercial. De acuerdo con las indagaciones realizadas hasta la fecha, los exfuncionarios en cuestión habrían ignorado la advertencia del Tribunal Superior de Cundinamarca de que la finca se estaba comercializando por un precio 20% por debajo de lo que realmente costaba. Así las cosas, el comprador resultó beneficiado con un ‘descuento’ de $600 millones.

A Figueroa le imputaron por primera vez cargos el 30 de noviembre de 2011 porque, al parecer, recibió dádivas por entregar bienes del narcotráfico a familiares o testaferros de los ‘narcos’ propietarios de esos inmuebles. Los delitos en que habría incurrido el exfuncionario son prevaricato, concusión, cohecho, peculado, fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Actualmente Figueroa se encuentra recluido en la cárcel La Picota (Bogotá) y es uno de testigos claves de la Fiscalía en el proceso DNE, confesando sobre todo los nombres de varios congresistas y excongresistas que se habrían beneficiado también de la administración irregular de bienes incautados a la mafia.

El proceso contra el exsenador conservador Albornoz inició formalmente el pasado 19 de enero, cuando la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por acción y omisión, obtención de documento público falso, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía indaga si el exdirector de la DNE actuó de forma fraudulenta con respecto a la liquidación de la empresa Promociones y Construcciones del Caribe LTDA y a la entrega a terceros de 11 bienes arrebatados a carteles de droga.

En el caso de Bula, exfiscal antimafia, el ente investigador imputó cargos el 23 de enero por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación y prevaricato. El exdepositario de la DNE es sindicado de haber sido responsable de la pérdida de alrededor de $25.000 millones mientras estuvo al frente de la administración de los bienes que Albornoz habría puesto a su cargo. Bula, preso en La Picota, es la segunda pieza fundamental que tiene la Fiscalía para armas el rompecabezas del desfalco a la DNE.