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El escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales de Ibagué de 2015 es un capítulo más en las historias de corrupción en el país. Las investigaciones, que arrancaron durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, fueron dejando claro que existió un millonario desvío de dinero público que, en lugar de servir para construir escenarios deportivos, habría terminado en los bolsillos de los funcionarios de la Alcaldía de la ciudad, sin que las instalaciones se construyeran. Hasta ahí la historia es clara, porque además ya hay colombianos condenados. Sin embargo, desde hace años la Fiscalía tiene en su poder un informe del CTI desde 2019 que daría cuenta de que las pesquisas judiciales están lejos de terminar y que, en este caso, hay más tela por dónde cortar.
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El documento con las pruebas y los testimonios data de 2019, cuando uno de los investigados quiso contarle a la Fiscalía todo lo que sabía de la contratación de los Juegos Nacionales, a cambio de recibir beneficios en su proceso penal. El cuestionado fiscal Daniel Hernández fue el encargado de escuchar el testimonio, porque así se lo había encargado el exfiscal general Martínez. El procesado era Jorge Alexánder Pérez, más conocido como el Chatarrero, un empresario que fue vinculado en las investigaciones de corrupción, pues era el representante legal de un consorcio que participó de las licitaciones de los contratos para construir escenarios deportivos.
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Lo que contó es que, por su papel de representante legal del consorcio, tenía información privilegiada (chats, correos y grabaciones) para probar que la empresa española, el Grupo Ortiz, de la mano de políticos, habría pagado un soborno para quedarse con un jugoso contrato. Todo el testimonio y las observaciones de los funcionarios de la Fiscalía quedaron consignadas en un “Informe preliminar de actuaciones”, firmado por agentes del CTI. En ese documento, conocido por este diario, los investigadores explicaron que, de acuerdo con las evidencias y el relato de Pérez, “sería evidente que desde la casa matriz del Grupo Ortiz en España conocían los pagos de coimas para que les adjudicaran los contratos”.
En el relato, el Chatarrero, quien es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, dio detalles de cómo se habrían concertado ese pago ilícito. Explicó, por ejemplo, que los hechos habrían ocurrido antes de la adjudicación de un contrato para la construcción de dos escenarios de las justas deportivas. En la licitación oficial participó el consorcio Unidad Deportiva 2015, integrado por el Grupo Ortiz (con un 51 %), Triventy (de Colombia, con un 29 %) y Diseño e Ingeniería Especializada (de Colombia, con un 20 %).
El valor del negocio fue de $79.600 millones y la concesionaria, en su mayoría de socios españoles, fue la ganadora. Jorge Alexánder Pérez le explicó a la Fiscalía que ese contrato se lo quedó el consorcio, que él mismo representaba, porque los empresarios habrían acordado pagar un soborno del 8 % del contrato. Dijo, además, que él mismo entregó una parte de ese pago en un cafetería en el centro de Bogotá y que varios altos directivos del Grupo Ortiz en Colombia habrían conocido y avalado el pago de la coima en un hotel del norte de Bogotá y en otras reuniones en sus propias oficinas. El investigado agregó que todo se hizo, supuestamente, con el aval de los dueños de la empresa en España.
El Grupo Ortiz es un peso pesado de la construcción que ha hecho presencia durante décadas en Latinoamérica, Estados Unidos, Japón y España. Tiene a su cargo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la transversal del Sisga y la construcción del hospital de Bosa, en Bogotá. Además, hace un año, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le entregó el tramo 2 de la Ruta del Sol, luego de que la propia ANI declarara nulo el contrato de esa vía ante las evidencias de que Odebrecht y Corficolombiana consiguieron el negocio pagando sobornos. Aunque en su página web están sus principales hitos, ni una coma aparece sobre el jugoso contrato que ganó a comienzos de 2015 en Ibagué, precisamente el negocio que hoy tiene al Grupo Ortiz mencionado en expedientes judiciales.
El Chatarrero se refirió a los supuestos hechos de corrupción con nombres propios. Uno de los primeros en salir mencionado en su testimonio fue Juan Antonio Sánchez Hernández, representante legal en Colombia de la firma española hasta julio de 2016, justo cuando iniciaron las primeras capturas contra las principales fichas de la red de corrupción. Sobre Sánchez, el informe señala: “Fue quien concertó directamente con Orlando Arciniegas (ya condenado por corrupción) la coima del 8 % del contrato de obra pública en una reunión en el hotel Casa Dan Carlton en Bogotá y previa autorización de los directivos de la compañía en España, quienes tenían pleno conocimiento”.
Los funcionarios del CTI que elaboraron el informe agregaron que el pago del soborno se concretó “desde antes de nacer las etapas de licitación, las cuales se ha determinado la concertación para delinquir, a través de reuniones personales llevadas a cabo en las oficinas del Grupo Ortiz en 2014, antes de que naciera la licitación. Autorizó (Sánchez Hernández) los pagos de las coimas a a Luis H. Rodríguez (alcalde de Ibagué) y Orlando Arciniegas (asesor del alcalde)”. El Chatarrero puntualizó en su relato que él mismo participó en varias de esas reuniones, al lado de Juan Carlos Pulido Cuevas, encargado de las relaciones públicas y comerciales del Grupo Ortiz en Colombia.
“(Pulido Cuevas) la persona de la compañía que logró el amaño, direccionamiento y pago de coimas de los contratos de obra para los Juegos Nacionales en la ciudad de Ibagué”, dice el informe. En ese mismo documento, los funcionarios de la Fiscalía explicaron que Pulido se concertó, con otros empresarios y funcionarios, “para amañar los pliegos de condiciones, definir el pago de coimas del contrato, un negocio que representaba el 70 % del presupuesto que había destinado Coldeportes y la nación para que fueran invertidos en estos nuevos escenarios deportivos que nunca se hicieron, pero que fue cobrado el 100 % del anticipo destinado para esta obra”.
Además de tener en cuenta el testimonio del Chatarrero, la Fiscalía pudo contrastar su versión con los chats y correos que entregó voluntariamente a la Policía Judicial. En esas tareas de verificación los funcionarios insistieron en que había evidencia de que no se habría movido un dedo sin la aprobación de la cúpula de la empresa en España, la cual es encabezada por Juan Antonio Carpintero López, propietario de la firma y considerado en 2023 como una de las 300 personas más ricas de España, según el diario El Mundo. Aunque Carpintero López aparece en el informe de la Fiscalía, no es claro cuál habría sido su supuesto rol en esta presunta red de corrupción.
El informe del CTI sostiene que de estas operaciones también supieron Carlos Bueno Morales y Rafael Urizar Francisco, gerente general del Grupo Ortiz en Colombia y representante legal suplente de la compañía, respectivamente. Sobre Bueno Morales, la Fiscalía señala que “como ingeniero técnico en la compañía, para 2014, meses antes que naciera la licitación, dio el visto bueno para que se pagara por la información privilegiada para la elaboración, direccionamiento y cuantificación del pago de coimas que “conoció del direccionamiento, amaño y pago de coimas entregadas a Orlando Arciniegas. Estuvo de acuerdo y conocía de la coima del 8 %”.
Los movimientos de los sobornos
Para mover parte de esos supuestos pagos ilegales, la Fiscalía resaltó en su informe que habría sido clave otro ciudadano español: Fernando de Miguel Velasco, gerente administrativo y financiero del Grupo Ortiz. “Fue la persona encargada de mover toda la parte financiera de la compañía, recibiendo directrices específicas desde España, para el manejo de los recursos, como el direccionamiento, amaño y pago de coimas”, dice el informe. A renglón seguido, los agentes explicaron que De Miguel habría sido la persona que le daba “instrucciones precisas a Carlos Caucali, contador del Consorcio y de las empresas del señor Jorge Pérez, para ocultar estos movimientos fraudulentos del dinero”.
Para la Fiscalía, ese movimiento fue clave porque, presuntamente, de esa manera lograron pasar de agache ante las “entidades de control, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y Europa, por su condición de empresa transnacional. (Velasco) conocía de la coima del 8 % pactada entre Juan Antonio Sánchez (el representante legal del Grupo Ortiz) y Orlando Arciniegas”, agrega el documento conocido por El Espectador. En ese mismo informe, los investigadores del CTI dejaron constancia de que, en este presunto entramado ilegal, también fueron mencionados un senador y el hermano de un actual ministro del gobierno de Gustavo Petro.
El primero en ser mencionado por el Chatarrero fue Mauricio Jaramillo, el exsenador y hermano del actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Según el informe, a una finca del excongresista fue a parar gran cantidad de tierra de los escenarios deportivos, aunque el contrato decía que el material tenía que depositarse en la escombrera municipal. “Utilizando todo tipo de maniobras, lograron depositar gran cantidad de material en una finca de Jaramillo. De $1.500 millones sería la ganancia por mover los escombros a la finca”, dice la investigación de los funcionarios del CTI, quienes agregaron que, presuntamente, en esos negocios se cuadró otra parte del pago de los sobornos, pero no dio más detalles.
El Espectador se contactó con Mauricio Jaramillo, quien hoy es candidato a la Gobernación del Tolima, y explicó que hace cinco años denunció al Chatarrero por falso testimonio e indicó que es un viejo ataque político en medio de su campaña. “Ese negocio se hizo en el marco de la ley y la mayoría de esa tierra fue recepcionada en un predio que él le vendió al equipo Deportes Tolima para la construcción de unas canchas. Esto ya lo había dicho el Chatarrero, pero jamás podrán comprobar que yo tenga algo que ver con hechos de corrupción. Esto fue y es un ataque político sin ningún fundamento”, señaló Jaramillo, quien además mostró la denuncia que hizo ante la Fiscalía contra el Chatarrero.
El otro senador mencionado es el también liberal Mauricio Gómez Amín. Lo que dice el informe sobre el congresista es que, en “uno de los chats de junio de 2015, Jorge Pérez señala que Juan Carlos Pulido le manifestó que le tocó viajar a Barranquilla a ponerle la cara al dueño de la plata, un señor de apellido Caballero y que le pidió el favor a su primo, el senador Mauricio Gómez, que le prestara el esquema de seguridad, porque lo iban a declarar objetivo militar”. Sobre ese dinero, el documento de la Fiscalía señala que habría sido un anticipo que necesitaba el consorcio para arrancar el proyecto, pero no dio más detalles de su procedencia ni mencionó si el senador tuvo que ver con el caso de los Juegos Nacionales.
En diálogo con El Espectador, el senador Amín negó tajantemente cualquier relación con el escándalo de los Juegos de Ibagué. Primero, porque no tiene ningún primo con los apellidos mencionados y nunca ha prestado su esquema de seguridad. Y segundo, porque en 2015 era representante a la Cámara por el Atlántico y no contaba con esquema, el cual, dice él, solo adquirió cuando se volvió senador en 2018. “Y si lo tuviera (el esquema de seguridad), nadie más, diferente a mi esposa y mis hijos, podría usarlos”, agregó el congresista.
La constancia del fiscal
Del informe de los funcionarios del CTI y de las pruebas y el testimonio que entregó el Chatarrero nunca se supo nada más, hasta el 25 de mayo. En una audiencia en la que el juez que adelanta el juicio en contra de Pérez pidió explicaciones a la Fiscalía de por qué no se ha presentado para seguir adelante con el proceso, el fiscal Daniel Hernández reapareció en el proceso para aclarar que no era el encargado de la investigación y que solo había sido parte del caso cuando el exfiscal Martínez le encargó escuchar al Chatarrero. Esa declaración ocurrió justamente días después de haber sido señalado por el presidente Gustavo Petro de frenar investigaciones contra el Clan del Golfo.
Ese episodio, además, abrió la puerta para recordar que el fiscal ha sido duramente criticado por su papel en la investigación contra Odebrecht, especialmente por no haber emitido a tiempo las órdenes de captura en contra de los altos directivos de la multinacional que lograron salir del país sin darle suficientes explicaciones a la justicia. “Las pruebas recolectadas eran importantes. Supremamente relevantes sobre casos de corrupción del nivel de Odebrecht”, expresó el fiscal durante la audiencia de hace tres meses y a la que tuvo acceso este diario. “La de Jorge Alexánder Pérez fue una colaboración importante. Fuerte”, concluyó Hernández.
La defensa del Grupo Ortiz
El penalista Jaime Granados, abogado del Grupo Ortiz en Colombia, le dijo a este diario que no conoce las declaraciones del Chatarrero, pero que rechaza las acusaciones hechas contra la compañía. Agregó que la firma española “está en contra de cualquier tipo de actuar al margen de la ley que busque alterar el curso legal de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos en los que participa. Pérez fue designado como representante legal del consorcio y en tal medida su actuar era independiente y autónomo, por demás, se aclara que en el interior de la entidad las decisiones se tomaban por unanimidad y no por mayoría”.
Granados, que también representa a los exdirectivos en Colombia de la corrupta Odebrecht, señaló que el Grupo Ortiz no se reunió con el Chatarrero y que, hasta la fecha, ningún directivo de la compañía ha sido citado por la Fiscalía en relación con esos hechos. Y añadió: “Tampoco tenemos conocimiento de que estén siendo investigados. Reitero que el consorcio correspondía a una entidad jurídica diferente del Grupo Ortiz y desconocemos el detalle de los manejos y reportes contables del mismo. Aclarando desde ya que en las compañías a las que represento no se realizó ni recibió ninguna transacción con la empresa Imal Ltda.”.
Durante la audiencia en la que el fiscal Hernández dejó constancias de lo que ocurrió con el testimonio engavetado, él mismo aclaró que les entregó todos los informes a cuatro fiscales. Una de ellas fue Claudia Chalarcá, quien hasta hace unos meses era la directora de Fiscalías en Inírida. Este diario se contactó con la Fiscalía para preguntarle por qué la declaración del Chatarrero nunca fue usada por las autoridades, pero indicaron que no se podía pronunciar ya que actualmente el ente investigador adelanta procesos contra El Chatarrero. Este sigue vinculado a dos investigaciones penales, y en una de ellas ya quedó constancia oficial de que el ente investigador ha tenido durante años la prueba de que en el escándalo de los Juegos Nacionales podría haber una historia por aclarar.
Mota Engil, la empresa del metro de Medellín
Mota Engil, conocida en el mundo de los negocios por haber sido la contratista de varios megacoloegios en todo el país y por quedar a cargo de la contrucción de la tercera línea del Metro de Medellín,, también fue mencionada por el Chatarrero. Según su declaración, Pedro Ferreira Texeira, presidente de la compañía portuguesa en Colombia, y su mano derecha, Nuno Felix Santos, participaron en las reuniones en las que el Grupo Ortiz habría pactado el pago de sobornos a funcionarios públicos para quedarse con obras de los Juegos Nacionales.
Según el testimonio, Mota Engil “firmó unos acuerdos en octubre de 2014, meses antes de que saliera la licitación a la luz pública, conociendo toda la información para el direccionamiento y amaño de los pliegos de condiciones de los contratos de los Juegos Nacionales. Mota Engil queda por fuera del consorcio, ya que hubo un choque de poderes con el Grupo Ortiz para tener el control y la mayor participación. Pedro Ferreira autorizó y avaló todas las reuniones para concertar las coimas”, indica el informe de la Fiscalía.
Consultada por este diario, la empresa Mota Engil explicó que en 2014 tenían la intención de licitar para la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué, Tolima. “Como parte de este proceso realizó una serie de reuniones con los potenciales participantes del consorcio que se presentaría”, explicó. A renglón seguido señaló que en uno de esos encuentros, “uno de los potenciales consorciados invitó al Chatarrero. Es importante resaltar que esa fue la única reunión en la que se estuvo con él y, por supuesto, nunca se habló de algún acto irregular ni mucho menos de sobornos”, afirmó la compañía portuguesa.
En la misma comunicación con este diario, Mota Engil concluyó que, después de revisar “las condiciones de plazo y el presupuesto que tenía la licitación para construir los escenarios, la empresa decidió no participar” en la licitación. En efecto, no lo hizo, y quien quedó como ganador fue el consorcio Unidad Deportiva 2015.