En agosto de 2014, en dos juzgados especializados de Sincelejo (Sucre), inició un proceso de restitución de tierras que, para muchos expertos, no solo era de los más importantes, sino también de los más controvertidos desde que, en 2011, se creó la ley que le ha permitido a miles de campesinos regresar a sus tierras despojadas por la guerra. Se trató de una demanda colectiva en la que campesinos de San Onofre (Sucre) le pidieron a la justicia que les devolviera más de 400 hectáreas de terreno que, entre 2005 y 2007, fueron compradas por una filial del Grupo Argos, la empresa más grande de cementos del país. Desde entonces, fue el escenario para un proyecto de reforestación con teca (un tipo de madera fina proveniente de Indonesia), como una estrategia de la cementera para compensar su huella ambiental.
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Después de casi 10 años de proceso judicial, el Tribunal Superior de Cartagena, por fin, emitió un fallo de fondo. En la sentencia de 319 páginas, la justicia dijo, sin rodeos, que las tierras reclamadas debían restituirse a favor de los campesinos y que el Grupo Argos localizó buena parte de su proyecto de reforestación sobre predios despojados por las Farc y de grupos paramilitares, que sembraron terror entre 1990 y 2004. La decisión de la Sala Civil especializada en Restitución de Tierras es histórica, no solo para el proceso de varios de campesinos que salieron victoriosos, sino porque, como se lee en el fallo judicial, permite entender un capítulo clave en el conflicto colombiano: la manera en que empresarios se quedaron con enormes extensiones de tierra, en medio de una guerra que no tuvo tregua.
El Tribunal Superior de Cartagena, además de estudiar milimétricamente los terrenos exigidos por los campesinos, los antecedentes, sus verdaderas intenciones y su conexión con hechos violetos, ordenó devolverles a los peticionarios un total de 490 hectáreas (sus pretensiones eran mucho mayores). La instancia judicial también tuvo en cuenta quiénes de los demandantes tenían pruebas para respaldar la premisa clave en un caso de restitución de tierras: que la guerra los desplazó de sus hogares y que, al final de cuentas, no les quedó de otra que vender lo suyo a otros interesados. Pero más allá de la minucia de los terrenos, la Sala Civil despejó cualquier duda: el Grupo Argos no logró probar la buena fe en el negocio que les permitió desarrolla el enorme proyecto de siembra de teca.
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Cuando este diario contó la historia de los demandantes de este caso de restitución de tierras, en septiembre de 2015, la empresa fue enfática en asegurar que nada tenía que ver con el despojo, que le compraron la tierra a unos finqueros, y no campesinos víctimas del conflicto y que todo el proyecto empezó a gestarse en la zona cuando ya no había conflicto armado. Además, durante el proceso judicial, explicaron que una eventual restitución de tierras no podía aplicarse en su caso, porque la cementera había hecho los negocios mucho antes de que se creara la ley que reguló este mecanismo para devolverle a los campesinos sus tierras perdidas injustamente (se conoce como la Ley de Víctimas que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011).
Incluso, en una carta publicada por El Espectador, el Grupo Argos manifestó que, cuando adquirieron los predios, en la zona no encontraron “personas con miedo, ni afectadas por la violencia, ni mucho menos desplazados”. Sin embargo, el Tribunal Superior aclaró que la situación, en realidad, era bien diferente a lo que alegó la cementera y que hoy confirma lo denunciado por este diario en 2015. Por ejemplo, la sentencia resalta que las compras de los terrenos (entre 2005 y 2007) ocurrieron muy poco tiempo después de que las autoridades registraran peligrosos enfrentamientos entre grupos armados. Pero que, además, prácticamente todos los demandantes del proceso fueron testigos de esa confrontación.
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El fallo agrega que esa situación debió llamarle la atención al Grupo Argos, especialmente ante “la venta masiva de predios de la zona, pues no solo adquirieron las parcelas de este proceso, sino también un gran número de fundos del mismo corregimiento, los cuales fueron restituidos” en otro proceso judicial. Así, la sentencia señala que así la cementera y sus filiales se defendieron bajo el argumento de ya no había guerra en la zona, “lo cierto es que la administración pública advertía otro fenómeno de alteración y alerta frente al cambio de las dinámicas y actores del conflicto armado, que igualmente suponía la imposibilidad de retorno de la población desplazada en condiciones de seguridad y estabilización socioeconómica”.
Sobre esta situación, la sentencia recopiló varias pruebas para demostrar que la guerra estaba lejos de acabarse en esta zona que está entre el golfo de Morrosquillo y los Montes de María. Ejemplo de ello fue una alerta temprana de la Defensoría que, en 2018, señaló que “muy a pesar de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005 y el repliegue del bloque 37 de las FARC, las afectaciones en contra de los pobladores de San Onofre, continuaron, con la aparición de los Urabeños y los Rastrojos, entre otros, por el control del territorio, explicando que antes de dicha alerta, ya habían sido emitido otras con anterioridad, que daban cuenta de la continuidad del conflicto armado en San Onofre”. Hoy, la situación no es muy diferente: el Clan del Golfo es ley y orden en la zona.
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Según el Tribunal, el Grupo Argos no presentó “prueba que acreditara que existió, para los reclamantes, una posibilidad objetiva de retorno a través de acompañamiento institucional, una superación de la condición de vulnerabilidad creada con el desplazamiento forzoso, o una causa exógena a la conflictividad de la época, de la cual se pueda inferir liberalidad en la emisión del consentimiento de los actores”. En palabras menos jurídicas, que la cementera no logró probar que hizo todo lo que le exigía la ley para adquirir predios en donde se enquistaron buena parte de los grupos protagonistas del conflicto armado. No era cualquier zona. La sentencia contra el Grupo Argos hizo una juiciosa revisión sobre la inclemente guerra que se vivió en Sucre, especialmente en la zona de los Montes de María.
San Onofre es un municipio sucreño que no ha tenido tiempos de paz, al menos desde los años 70. Por esa época apareció el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Epl, y finalmente el Eln y las Farc y, con ellos, los secuestros y extorsiones. Luego fue la llegada de grupos paramilitares, hacia los años 90, con asesinatos, masacres y minas antipersonal. De todo esto dieron cuenta los demandantes, cuyos testimonios fueron respaldados por informes de expertos que tuvo en cuenta el Tribunal para llegar a una cifra entre 1995 y 2003, más de 18.000 personas fueron desterradas de San Onofre. Dos bandos fueron los cerebros criminales: por un lado, el bloque Héroes de los Montes de María, a la cabeza de alias Cadena. Y por el otro, el frente 37 de las Farc, encabezado por alias Martín Caballero.
El Tribunal agrega que la defensa del Grupo Argos también se rajó al tratar de argumentar que había comprado los predios de buena fe y sin conocer que se trataba de tierra despojada o manchada de sangre, principalmente porque, para la época en la que adquirieron las tierras, el desplazamiento forzado era una situación de público conocimiento. Las críticas sobre la posición de la empresa no fueron aisladas y, por eso, el Tribunal señaló que el Grupo Argos no cumplió con los parámetros para probar su buena fe. La justicia también reprochó que la cementera no podía alegar que en la zona todavía seguían viviendo varios de los demandantes, como argumento para sustentar que ellos no eran víctimas, tal como se lo hizo saber a este diario en la carta publicada en 2015.
Por el contrario, la justicia aclaró: “No se puede desconocer que existen muchos casos de víctimas resistentes, tratándose de personas que si bien han soportado fuertes embates de la violencia, deciden continuar a pesar del daño y temor en sus fundos, ya sea porque no tienen otros medios de subsistencia o también por el temor a las consecuencias mismas que trae consigo el desplazamiento forzado, precisando además que la situación de los reclamantes de tierras se deben analizar en cada caso en concreto”. Al cierre de esta edición, el Grupo Argos no se había pronunciado sobre la decisión del Tribunal que pone en riesgo el futuro de su proyecto de teca en San Onofre, pues una de las órdenes de la sentencia es que este debe ser devuelto a los campesinos despojados.
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Si bien la cementera puede apelar la decisión de la Sala Civil de Restitución de Tierras, la sentencia se suma a otras 17 que ya han emitido diferentes instancias judiciales con la misma conclusión: el Grupo Argos, a pesar de sostenerlo públicamente, no ha logrado probar su buena fe ante la justicia por la compra de más de 6.600 hectáreas de tierra en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre y Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar). Así, la nueva decisión del Tribunal Superior de Cartagena contra la cementera más grande del país se suma al capítulo para entender cuál fue la dinámica de las tierras adquiridas por parte de empresarios en medio del conflicto armado.
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