Guardias del Inpec irán a juicio disciplinario por incendio en cárcel de Tulua

Cuando un incendio empezó a formarse en el patio 8 de la cárcel de Tulúa, producto de un motín entre los presos, un guardia del Inpec lanzó gases lacrimógenos para dispersar la pelea. Sin embargo, los químicos de la lata que aterrizó dentro de las celdas ayudó a atizar el fuego. El resultado: 56 personas muertas y 24 heridos. Todo ocurrió en la madrugada del 28 de junio de 2022 y ahora, dos años después, la Procuraduría anunció que llevará a juicio disciplinario al exdirector del penal y a otros tres guardianes del Inpec.

(En contexto: ¿Qué pasó en la cárcel de Tuluá?)

Según las investigaciones de las autoridades, todo comenzó con un motín entre dos grupos de presos del patio que se estaban disputando el control y poder del negocio de las drogas adentro de la cárcel. El enfrentamiento incluyo el uso de armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que hicieron imposible que los guardias tuvieran el control de las celdas. Por la presencia de esos elementos, la Procuraduría también llamó a juicio a los guardianes y al director del penal.

Lo que sostiene el Ministerio Público es que los funcionarios no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que esas armas entraran al patio. Además de estas evidencias, la Procuraduría también llamó a juicio disciplinario a los investigados por el uso del gas lacrimógeno en pleno incendio. Según las pruebas, “el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas”.

(Le puede interesar: Procuraduría abrió investigación para verificar lo ocurrido en la cárcel de Tuluá)

Además, los investigadores recopilaron evidencias que darían cuenta que las órdenes para evacuar a los presos que estaban en el patio en llamas llegaron tarde, incluso cuando el fuego ya “había tomado dimensiones imposibles de controlar”. Con una perla adicional: el oficial al mando de los guardianes ni siquiera estaba en la cárcel de Tuluá cuando ordenó disparar los gases lacrimógenos y manejó toda la situación desde la distancia. Para la Procuraduría, se trata de una omisión de sus funciones.

“Los cargos endilgados provisionalmente al exdirector y los guardianes tienen que ver con la posible omisión de sus funciones por no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la correcta custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos”, dice el comunicado de la Procuraduría. Después de lo sucedido, el entonces director del Inpec, Tito Castellanos, confirmó que el patio donde ocurrió la tragedia no tenía sistema antiincendios.

(Lea: La cárcel de Tuluá no tenía sistema contra incendios, confirmó director del Inpec)

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Cuando un incendio empezó a formarse en el patio 8 de la cárcel de Tulúa, producto de un motín entre los presos, un guardia del Inpec lanzó gases lacrimógenos para dispersar la pelea. Sin embargo, los químicos de la lata que aterrizó dentro de las celdas ayudó a atizar el fuego. El resultado: 56 personas muertas y 24 heridos. Todo ocurrió en la madrugada del 28 de junio de 2022 y ahora, dos años después, la Procuraduría anunció que llevará a juicio disciplinario al exdirector del penal y a otros tres guardianes del Inpec.

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Según las investigaciones de las autoridades, todo comenzó con un motín entre dos grupos de presos del patio que se estaban disputando el control y poder del negocio de las drogas adentro de la cárcel. El enfrentamiento incluyo el uso de armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que hicieron imposible que los guardias tuvieran el control de las celdas. Por la presencia de esos elementos, la Procuraduría también llamó a juicio a los guardianes y al director del penal.

Lo que sostiene el Ministerio Público es que los funcionarios no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que esas armas entraran al patio. Además de estas evidencias, la Procuraduría también llamó a juicio disciplinario a los investigados por el uso del gas lacrimógeno en pleno incendio. Según las pruebas, “el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas”.

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Además, los investigadores recopilaron evidencias que darían cuenta que las órdenes para evacuar a los presos que estaban en el patio en llamas llegaron tarde, incluso cuando el fuego ya “había tomado dimensiones imposibles de controlar”. Con una perla adicional: el oficial al mando de los guardianes ni siquiera estaba en la cárcel de Tuluá cuando ordenó disparar los gases lacrimógenos y manejó toda la situación desde la distancia. Para la Procuraduría, se trata de una omisión de sus funciones.

“Los cargos endilgados provisionalmente al exdirector y los guardianes tienen que ver con la posible omisión de sus funciones por no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la correcta custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos”, dice el comunicado de la Procuraduría. Después de lo sucedido, el entonces director del Inpec, Tito Castellanos, confirmó que el patio donde ocurrió la tragedia no tenía sistema antiincendios.

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