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El sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), en compañía de 12 senadores de la Comisión Séptima del Senado, radicó un proyecto de Ley que les permitirá a los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pensionarse con 20 años de servicio.
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El proyecto de Ley establece un marco normativo para a regulación de actividades de alto riesgo que desarrollan los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del país, con el objetivo de garantizar sus derechos a la seguridad y salud en el trabajo.
El centro del proyecto es otorgar nuevas reglas para que aquellos guardias que cotizan en el sistema público de pensión accedan a su pensión especial de vejez tras haber cumplido 20 años de servicio continuo o discontinuo. La edad no será tenida en cuenta y también se contabilizará un mínimo de 1.029 semanas de cotización.
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El proyecto de Ley establece que el índice de la Base de Liquidación será del 75% de lo devengado durante el ultimo año. Cuenta con el apoyo de los senadores Martha Peralta, Ferney Silva, Nadia Blel, Miguel Ángel Pinto, Beatriz Ríos, Sor Bedoya, Edwing Díaz, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo y Omar de Jesús Restrepo.
Los motivos que llevaron al sindicato y a los senadores a radicar la iniciativa están en la probada dificultad que representa ser un guardia penitenciario. Entre los trastornos mentales identificados por el Inpec, está el estrés postraumático derivado de la exposición a accidentes de trabajo, asaltos, agresiones y violaciones.
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Además, trastornos de sueño debido a la vigilancia permanente de centros penitenciarios. Así como el síndrome de agotamiento profesional, derivado de la actividad laboral asociada a la atención de personas privadas de la libertad.
Entre las afectaciones a la calidad de vida y bienestar se remarcaron las siguientes:
- Extensas jornadas laborales
- Descanso no reparador
- Interrupción de vacaciones por necesidades del servicio
- Traslado constante e impredecible, que disgrega el núcleo familiar
- Acceso a actividades de recreación limitadas
- Atención en condiciones de hacinamiento e insalubridad
- Exposición a robos, motines, amenazas, peleas, lesiones personales, suicidios, consumo de sustancias psicoactivas, violaciones y muertes violentas
- Sobrecarga laboral
De otro lado, el Grupo de Estadística e Información Penitenciaria aportó datos que confirman que es un actividad de vida o muerte. Desde 2018, han sido asesinados 28 funcionarios del Inpec, de los cuales 27 fueron del cuerpo de custodia y vigilancia. Además, se tiene reporte de 11 ataques sicariales que no dejaron fallecidos y, en los últimos tres años, 836 amenazas directas a funcionarios.
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