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Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, fue condenado a 48 meses de cárcel por la justicia norteamericana por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. En agosto del año pasado, ante una Corte Federal del Sur de la Florida, Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, también involucrado en el caso, se declararon culpables luego de que en mayo fueran extraditados a Estados Unidos por supuestamente haberle pedido $100 millones, en territorio estadounidense, al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a cambio de entregarle información reservada de un expediente en su contra.
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Luis Gustavo Moreno fue capturado en su propio despacho por agentes del CTI el 27 de junio de 2017. Luego, el 14 de julio de ese mismo año, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y utilización de información privilegiada, y fue vinculado a la investigación por recibir dinero del exgobernador Alejandro Lyons para beneficiarlo en procesos que tenía en su contra. Fue así como en el país estalló el escándalo del cartel de la toga que tiene a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel, (Francisco Ricarute) y a uno más suspendido de su cargo (Gustavo Malo).
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos por los que se investiga a los togados habrían ocurrido entre 2012 y 2016. El ente investigador sostiente que Moreno, junto con el abogado Leonardo Pinilla; el magistrado Gustavo Malo Fernández; y los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, conformaron una “organización criminal” dedicada a favorecer a aforados constitucionales –quienes tenían procesos en la Corte Suprema– a cambio de millonarias sumas de dinero.
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El avance de las pesquisas judiciales ha permitido identificar que el exfiscal anticorrupción habría intervenido en los casos de los congresistas y excongresistas Álvaro Ashton, Musa Besaile, Julio Manzur, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Eugenio Gallardo, Juan Carlos Abadía, Lucas Gnecco, Óscar Arboleda Palacio, Alberto Velásquez Echeverri y Franklin Chaparro. La Fiscalía sostuvo que en todos estos procesos Moreno y las demás personas vinculadas a esta organización recibieron coimas.
El fiscal del caso calificó estos comportamientos como son dolosos. “Lesionaron sin justa causa los bienes jurídicos de la seguridad pública y la administración pública”. El 9 de marzo de 2018, Luis Gustavo Moreno fue condenado por la Corte Suprema de Justica a cuatro años, diez meses y 15 días de prisión por haber pedido dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus para obstruir las investigaciones que se adelantaban en su contra por el desfalco a los recursos del departamento.
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El 17 de mayo de 2018, después de cuatro intentos fallidos, un juez de la República legalizó el principio de oportunidad que pactaron Luis Gustavo Moreno y la Fiscalía. A cambio de no ser investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, los cuales habría cometido durante su tiempo como litigante y no como fiscal, Moreno aceptó convertirse en testigo en varios casos que interesan al organismo investigador.
El juez determinó que el principio será válido por un año, y en ese momento se tendrá que evaluar si la cooperación de Moreno fue tan exitosa como para que la Fiscalía renunciara a investigarlo por los delitos mencionados.
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