Gustavo Petro demanda al Estado por supuesta persecución del procurador

Gustavo Petro Urrego sabe que su destitución es inminente. Que una vez cumplidas las formalidades propias del expediente en su contra, será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el procurador Alejandro Ordóñez. Que su muerte política está a la vuelta de la esquina y que tendrá que salir del Palacio Liévano antes de enero. Con Bacatá incluida. Tan seguro está de que su suerte está echada, que mañana demandará al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución y violación de sus derechos políticos” como alcalde de Bogotá.

El argumento central de su queja es que no tiene garantías judiciales en el Ministerio Público, que la investigación por la que será sancionado es política y que no cometió irregularidades al modificar el esquema de recolección de basuras del Distrito en diciembre del año pasado. Por eso, antes de que Alejandro Ordóñez le notifique su destitución, Gustavo Petro se la jugó ante la justicia internacional para evitar su salida. En un documento de 27 páginas que será radicado en Washington, el alcalde advierte los hechos que, a su juicio, constituyen una persecución sistemática en su contra.

La Procuraduría le formuló cargos al alcalde en junio pasado, asegurando que Petro podría haber cometido serias faltas disciplinarias al cambiar el esquema de recolección de basuras, pasando esta responsabilidad de manos de empresas privadas a manos del Distrito. Según el Ministerio Público, el nuevo esquema establecido por Petro fue “totalmente contrario al ordenamiento jurídico”, violando la libertad de empresa y causando impactos ambientales y sanitarios. Ordóñez ha reiterado que “el alcalde Petro tendrá todas las garantías procesales y la decisión que se profiera seré en derecho”. El alcalde, no obstante, piensa lo contrario.

Las razones de la demanda

Petro, quien le otorgó el poder al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a la Asociación Minga para que lo representen en el Sistema Interamericano, le pedirá a la CIDH que le ordene al Estado derogar la facultad que tiene el procurador de inhabilitar a los funcionarios elegidos por voto popular —como en su caso—. Asimismo, solicitará que sea indemnizado por los perjuicios morales y materiales ocasionados por la supuesta persecución de Alejandro Ordóñez. En palabras castizas, lo que dice Petro es que resulta absurdo el poder omnímodo de la Procuraduría, siendo ésta “un órgano administrativo y no judicial”.

“En el caso particular del actual procurador —dice la demanda—, éste ha utilizado esta facultad (de destituir) para afectar de manera diferenciada a un proyecto político alternativo y progresista, diferente del que encarnan las mayorías en el Gobierno y el Congreso, así como el del propio procurador, con lo cual se ha ejercido un trato discriminatorio basado en la ideología política del alcalde Gustavo Petro para debilitar su gobernabilidad y propiciar su salida del cargo para el que fue elegido”. En el documento se añade que Ordóñez “es reconocido por su intolerancia, basada en sus convicciones religiosas extremas”.

Los abogados del mandatario recordaron distintos libros de Ordóñez e incluso su tesis de grado, divulgada por el portal La Silla Vacía, denominada “Presupuestos fundamentales del Estado católico”, en donde profesaba: “A nuestra señora la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, corredentora del linaje humano, mediadora de todas las gracias, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo, para que brille por doquier la fe católica, pues sin ella no hay esperanza para las sociedades y para los hombres”.

En ese contexto, la demanda señala que Ordóñez tiene todo el derecho a profesar su catolicismo extremo, pero que no puede dejarse contaminar de su ideología para fallar en contra de quienes profesan ideas que él considera ilícitas o pecaminosas. Por ejemplo, las expresiones de la comunidad LGTBI, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o los centros para drogadictos patrocinados por el Distrito. Por eso se criticó la circular que Ordóñez expidió en mayo de 2009 para que las entidades prestadoras de salud “garantizaran la vida del que está por nacer, desconociendo la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos”.

La demanda recuerda polémicas decisiones del procurador, quien ha absuelto disciplinariamente a varios congresistas condenados por la parapolítica por la Corte Suprema. Asimismo, se citan las apreciaciones del hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien manifestó: “La vía disciplinaria no puede ser el camino constitucional para que un funcionario pueda destituir a personas elegidas popularmente (...) eso es crear una especie de Supermán que podría llegar a desmantelar al Congreso o a dejar sin alcaldes y gobernadores a unas regiones”.

En el documento también se asegura que durante los gobiernos de Álvaro Uribe, el hoy alcalde y su familia fueron objeto de persecución por parte del DAS y de amenazas por parte de los paramilitares. De hecho, desde 2002 la CIDH le otorgó medidas cautelares para proteger su vida. De la misma forma, en la demanda se recalca que el presidente Juan Manuel Santos designó en septiembre de 2012 como alta consejera para Bogotá a Gina Parody, opositora de Petro, quien criticó en su momento el nuevo modelo de recolección de basuras y hasta sugirió que el gobierno Santos podría intervenirlo.

“Pareciera que se creó un organismo de control que supervisara la conducta del alcalde y no un organismo que buscara cooperación entre la administración central y la del Distrito Capital”, se lee en el documento en poder de El Espectador. En lo que tiene que ver con el proceso disciplinario que será fallado en las próximas semanas, la defensa de Gustavo Petro sostiene que se le dio cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional sobre la formalización y regulación de la población de recicladores de la capital. Por eso “la Alcaldía decidió constituir una empresa pública para la prestación del servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012, fecha en la cual terminaba la concesión de este servicio a favor de los operadores privados”.

Para la Procuraduría, no obstante, el caos ocurrido en diciembre pasado se debió a “la improvisación” y a la “falta de planeación” del alcalde. Estas dos expresiones fueron citadas 24 y 10 veces, respectivamente, en el pliego de cargos formulado al mandatario. De allí que la primera respuesta de Petro a la actuación del Ministerio Público fuera: “El pliego de cargos al prejuzgar las conductas del alcalde de Bogotá sólo tiene un objetivo, que no es investigar la verdad sino destituir”. En síntesis, el mandatario está convencido de que no saldrá bien librado del juicio de Ordóñez. Pero una cosa es que lo supusiera por los múltiples enfrentamientos públicos que han protagonizado y otra que decidiera demandar al Estado ante la CIDH por supuesta “persecución”.

Una inédita demanda internacional que anticipa un agrio debate político esta semana. Petro insiste en que el poder disciplinario de Alejandro Ordóñez se administra no sólo con los códigos bajo el brazo, sino con la eventual perspectiva de próximo candidato político del Partido Conservador. En ese marco asegura que es un perseguido y que su destitución vulneraría también los derechos de la ciudadanía que lo eligió el 30 de octubre de 2011 con 721.308 votos. “Los hostigamientos y ataques contra el alcalde pueden ocasionar que se afecte tanto su integridad física como moral, toda vez que puede ser objeto de diferentes amenazas por las declaraciones de la Procuraduría en contra de sus decisiones administrativas”, concluye la demanda.

Hace casi cinco años, el 11 de diciembre de 2008, Gustavo Petro y otros siete integrantes del Polo Democrático apoyaron la elección de Alejandro Ordóñez en el Senado. Al final obtuvo 81 votos. Desde ese mismo instante Petro fue duramente criticado. Él se defendió asegurando que no podía vetarse a nadie por sus convicciones religiosas, porque aquello constituía una discriminación manifiesta. El propio Ordóñez, en conversaciones privadas, ha contado cómo convenció a Petro para que votara por él: “Le dije que si se preciaba de ser un verdadero demócrata tenía que apoyarme, así fuéramos ideológicamente muy diferentes, porque eso significaba pluralismo”. Hoy Petro no está tan seguro de aquello. 

Los abogados detrás de la demanda

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Asociación Minga son los grupos de litigantes que enviaron delegados a Washington para presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda en contra del Estado colombiano, en nombre del alcalde Gustavo Petro. 

Por parte del Colectivo, los litigantes son Jomary Ortegón, quien ha insistido en que la Cámara de Representantes investigue al expresidente Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS, y Rafael Barrios, representante de víctimas en el tema del Palacio de Justicia.

Por parte de Minga, los abogados son Tito Gaitán Crespo, quien representó a las víctimas del bombardeo de Santo Domingo ante el sistema interamericano, Diana Sánchez y Carlos Rodríguez Mejía. Este último ha sido representante del exmagistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez y la magistrada María del Rosario González en la investigación de las chuzadas.

Otro abogado involucrado en este tema, aunque no estará en Washington, es Daniel Prado, quien, a pesar de que renunció a defender a Gustavo Petro en el proceso disciplinario, ha seguido acompañándolo y asesorándolo.

Gustavo Petro Urrego sabe que su destitución es inminente. Que una vez cumplidas las formalidades propias del expediente en su contra, será inhabilitado para ejercer cargos públicos por el procurador Alejandro Ordóñez. Que su muerte política está a la vuelta de la esquina y que tendrá que salir del Palacio Liévano antes de enero. Con Bacatá incluida. Tan seguro está de que su suerte está echada, que mañana demandará al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “persecución y violación de sus derechos políticos” como alcalde de Bogotá.

El argumento central de su queja es que no tiene garantías judiciales en el Ministerio Público, que la investigación por la que será sancionado es política y que no cometió irregularidades al modificar el esquema de recolección de basuras del Distrito en diciembre del año pasado. Por eso, antes de que Alejandro Ordóñez le notifique su destitución, Gustavo Petro se la jugó ante la justicia internacional para evitar su salida. En un documento de 27 páginas que será radicado en Washington, el alcalde advierte los hechos que, a su juicio, constituyen una persecución sistemática en su contra.

La Procuraduría le formuló cargos al alcalde en junio pasado, asegurando que Petro podría haber cometido serias faltas disciplinarias al cambiar el esquema de recolección de basuras, pasando esta responsabilidad de manos de empresas privadas a manos del Distrito. Según el Ministerio Público, el nuevo esquema establecido por Petro fue “totalmente contrario al ordenamiento jurídico”, violando la libertad de empresa y causando impactos ambientales y sanitarios. Ordóñez ha reiterado que “el alcalde Petro tendrá todas las garantías procesales y la decisión que se profiera seré en derecho”. El alcalde, no obstante, piensa lo contrario.

Las razones de la demanda

Petro, quien le otorgó el poder al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a la Asociación Minga para que lo representen en el Sistema Interamericano, le pedirá a la CIDH que le ordene al Estado derogar la facultad que tiene el procurador de inhabilitar a los funcionarios elegidos por voto popular —como en su caso—. Asimismo, solicitará que sea indemnizado por los perjuicios morales y materiales ocasionados por la supuesta persecución de Alejandro Ordóñez. En palabras castizas, lo que dice Petro es que resulta absurdo el poder omnímodo de la Procuraduría, siendo ésta “un órgano administrativo y no judicial”.

“En el caso particular del actual procurador —dice la demanda—, éste ha utilizado esta facultad (de destituir) para afectar de manera diferenciada a un proyecto político alternativo y progresista, diferente del que encarnan las mayorías en el Gobierno y el Congreso, así como el del propio procurador, con lo cual se ha ejercido un trato discriminatorio basado en la ideología política del alcalde Gustavo Petro para debilitar su gobernabilidad y propiciar su salida del cargo para el que fue elegido”. En el documento se añade que Ordóñez “es reconocido por su intolerancia, basada en sus convicciones religiosas extremas”.

Los abogados del mandatario recordaron distintos libros de Ordóñez e incluso su tesis de grado, divulgada por el portal La Silla Vacía, denominada “Presupuestos fundamentales del Estado católico”, en donde profesaba: “A nuestra señora la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, corredentora del linaje humano, mediadora de todas las gracias, suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo, para que brille por doquier la fe católica, pues sin ella no hay esperanza para las sociedades y para los hombres”.

En ese contexto, la demanda señala que Ordóñez tiene todo el derecho a profesar su catolicismo extremo, pero que no puede dejarse contaminar de su ideología para fallar en contra de quienes profesan ideas que él considera ilícitas o pecaminosas. Por ejemplo, las expresiones de la comunidad LGTBI, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o los centros para drogadictos patrocinados por el Distrito. Por eso se criticó la circular que Ordóñez expidió en mayo de 2009 para que las entidades prestadoras de salud “garantizaran la vida del que está por nacer, desconociendo la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos”.

La demanda recuerda polémicas decisiones del procurador, quien ha absuelto disciplinariamente a varios congresistas condenados por la parapolítica por la Corte Suprema. Asimismo, se citan las apreciaciones del hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien manifestó: “La vía disciplinaria no puede ser el camino constitucional para que un funcionario pueda destituir a personas elegidas popularmente (...) eso es crear una especie de Supermán que podría llegar a desmantelar al Congreso o a dejar sin alcaldes y gobernadores a unas regiones”.

En el documento también se asegura que durante los gobiernos de Álvaro Uribe, el hoy alcalde y su familia fueron objeto de persecución por parte del DAS y de amenazas por parte de los paramilitares. De hecho, desde 2002 la CIDH le otorgó medidas cautelares para proteger su vida. De la misma forma, en la demanda se recalca que el presidente Juan Manuel Santos designó en septiembre de 2012 como alta consejera para Bogotá a Gina Parody, opositora de Petro, quien criticó en su momento el nuevo modelo de recolección de basuras y hasta sugirió que el gobierno Santos podría intervenirlo.

“Pareciera que se creó un organismo de control que supervisara la conducta del alcalde y no un organismo que buscara cooperación entre la administración central y la del Distrito Capital”, se lee en el documento en poder de El Espectador. En lo que tiene que ver con el proceso disciplinario que será fallado en las próximas semanas, la defensa de Gustavo Petro sostiene que se le dio cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional sobre la formalización y regulación de la población de recicladores de la capital. Por eso “la Alcaldía decidió constituir una empresa pública para la prestación del servicio de aseo a partir del 18 de diciembre de 2012, fecha en la cual terminaba la concesión de este servicio a favor de los operadores privados”.

Para la Procuraduría, no obstante, el caos ocurrido en diciembre pasado se debió a “la improvisación” y a la “falta de planeación” del alcalde. Estas dos expresiones fueron citadas 24 y 10 veces, respectivamente, en el pliego de cargos formulado al mandatario. De allí que la primera respuesta de Petro a la actuación del Ministerio Público fuera: “El pliego de cargos al prejuzgar las conductas del alcalde de Bogotá sólo tiene un objetivo, que no es investigar la verdad sino destituir”. En síntesis, el mandatario está convencido de que no saldrá bien librado del juicio de Ordóñez. Pero una cosa es que lo supusiera por los múltiples enfrentamientos públicos que han protagonizado y otra que decidiera demandar al Estado ante la CIDH por supuesta “persecución”.

Una inédita demanda internacional que anticipa un agrio debate político esta semana. Petro insiste en que el poder disciplinario de Alejandro Ordóñez se administra no sólo con los códigos bajo el brazo, sino con la eventual perspectiva de próximo candidato político del Partido Conservador. En ese marco asegura que es un perseguido y que su destitución vulneraría también los derechos de la ciudadanía que lo eligió el 30 de octubre de 2011 con 721.308 votos. “Los hostigamientos y ataques contra el alcalde pueden ocasionar que se afecte tanto su integridad física como moral, toda vez que puede ser objeto de diferentes amenazas por las declaraciones de la Procuraduría en contra de sus decisiones administrativas”, concluye la demanda.

Hace casi cinco años, el 11 de diciembre de 2008, Gustavo Petro y otros siete integrantes del Polo Democrático apoyaron la elección de Alejandro Ordóñez en el Senado. Al final obtuvo 81 votos. Desde ese mismo instante Petro fue duramente criticado. Él se defendió asegurando que no podía vetarse a nadie por sus convicciones religiosas, porque aquello constituía una discriminación manifiesta. El propio Ordóñez, en conversaciones privadas, ha contado cómo convenció a Petro para que votara por él: “Le dije que si se preciaba de ser un verdadero demócrata tenía que apoyarme, así fuéramos ideológicamente muy diferentes, porque eso significaba pluralismo”. Hoy Petro no está tan seguro de aquello. 

Los abogados detrás de la demanda

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Asociación Minga son los grupos de litigantes que enviaron delegados a Washington para presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda en contra del Estado colombiano, en nombre del alcalde Gustavo Petro. 

Por parte del Colectivo, los litigantes son Jomary Ortegón, quien ha insistido en que la Cámara de Representantes investigue al expresidente Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS, y Rafael Barrios, representante de víctimas en el tema del Palacio de Justicia.

Por parte de Minga, los abogados son Tito Gaitán Crespo, quien representó a las víctimas del bombardeo de Santo Domingo ante el sistema interamericano, Diana Sánchez y Carlos Rodríguez Mejía. Este último ha sido representante del exmagistrado de la Corte Suprema Augusto Ibáñez y la magistrada María del Rosario González en la investigación de las chuzadas.

Otro abogado involucrado en este tema, aunque no estará en Washington, es Daniel Prado, quien, a pesar de que renunció a defender a Gustavo Petro en el proceso disciplinario, ha seguido acompañándolo y asesorándolo.