"Ha surgido un patrón de asesinatos sospechosos en Colombia": New York Times

Un artículo del New York Times, publicado hoy, señala que en las altas esferas del Ejército se habría pedido a los comandantes “duplicar las cifras” de resultados y operaciones. El periódico estadounidense, que revisó las órdenes y habló con tres altos rangos, asegura que “las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”, por recordar el llamado “body-counting”, que resultó en las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos.

El artículo fue escrito por el periodista Nick Casey.

“Los oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos. En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes ‘hacer lo que sea’ para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba ‘aliarse’ con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos”, se lee en el artículo, que ya ha generado una fuerte discusión en el país.

También, que para aumentar las cifras, incluyendo las de muertes en combate, se estarían ofreciendo incentivos, como vacaciones extra. Algo que, recuerda el New York Times, sucedió a mediados de la década de los 2000, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, por casos como el de las Madres de Soacha.

El artículo, titulado Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales, reseña una reunión que se habría realizado a principios de este año, en la que el general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, en la que estuvieron “los cincuenta principales generales y coroneles del país”, a quienes se les entregó un documento en el que se les pedía que “numeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente”.

Al respecto de esto, el general Martínez le explicó al medio norteamericano que “había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales”.

Sobre la orden, que también habría generado preocupación en las filas del Ejército, de realizar operaciones, aunque no se esté seguro del objetivo, el comandante del Ejército señaló que era una indicación para cuando se planifiquen misiones, pero no para cuando se ejecuten. Aun así, la orden dice que “hay que lanzar operaciones con un 60-70 % de credibilidad y exactitud”, esto, a pesar de que según los oficiales consultados por el New York Times, el margen antes era de alrededor del 85 %.

Y, por esa orden, según las fuentes del periódico estadounidense, se “comenzaron a identificar asesinatos sospechosos o arrestos”. “Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del ejército simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos (…) Un oficial cree que es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres”.

Dimar Torres, excombatiente de las Farc, asesinado el pasado 22 de abril. / Cortesía.

El artículo del New York Times sale en un período complejo para el Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero. Varios congresistas de la oposición habían conseguido que se aprobara una moción de censura en contra de Botero, por el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, en Convención, Norte de Santander, y que también es mencionado en el artículo del periódico norteamericano. Pero, a principios de esta semana, los mismos congresistas que habían solicitado la moción, pidieron su aplazamiento.

“En (las) últimas horas hemos recibido información gravísima frente a las actuaciones del ministerio de defensa que todo el país debe conocer. Hemos pedido a la plenaria el aplazamiento del debate para poder incorporar estas pruebas a la moción de censura”, escribió la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde. Después trascendió que las pruebas a la que se refería la congresista estaban relacionadas con la información expuesta este sábado por el New York Times.

Quizá como una forma de adelantarse al impacto que generó el artículo, este viernes, el presidente Iván Duque, el vicefiscal, Fabio Espitia, y el ministro Botero hablaron, cuando la atención estaba centrada en el desarrollo del caso de Jesús Santrich, sobre los avances en la investigación del asesinato de Dimar Torres, que, en un primer momento, quiso ser presentado por una baja en combate, pues se dijo que había intentado arrebatar el arma del soldado que le disparó (algo que resultó falso).

El presidente Iván Duque, junto con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, (izq.) y el vicefiscal, Fabio Espitia (der.). / Twitter @IvanDuque.

En la rueda de prensa, que fue realizada desde Catam, se anunció que se había vinculado a la investigación al coronel Jorge Armando Pérez, pues el oficial habría tenido conocimientos de cómo se presentó, en realidad, el homicidio de Torres y, aún así, no lo habría reportado. Por esto, Espitia anunció que, a Pérez, se le imputaría por haber encubierto este cargo. En el caso de Torres, por cierto, ya hay un imputado por homicidio: el cabo Daniel Eduardo Gómez.

Durante la conferencia, además, el ministro Guillermo Botero defendió la preocupación de las Fuerzas Militares por actuar de manera correcta. “Hay una política clara sobre el total y absoluto respeto por los derechos humanos (…) Recibí la instrucción del presidente de cero tolerancia frente a cualquier circunstancia que implica vulnerar la ley y esa misma instrucción se la he impartido a todos los comandantes de Fuerza”, dijo Botero.

En todo caso, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, el artículo del New York Times ya ha generado una tormenta en el país, ante la preocupación de que, por la exigencia de resultados y cifras, las ejecuciones extrajudiciales se reconfiguren en el país.

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Un artículo del New York Times, publicado hoy, señala que en las altas esferas del Ejército se habría pedido a los comandantes “duplicar las cifras” de resultados y operaciones. El periódico estadounidense, que revisó las órdenes y habló con tres altos rangos, asegura que “las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”, por recordar el llamado “body-counting”, que resultó en las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos.

El artículo fue escrito por el periodista Nick Casey.

“Los oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos. En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes ‘hacer lo que sea’ para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba ‘aliarse’ con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos”, se lee en el artículo, que ya ha generado una fuerte discusión en el país.

También, que para aumentar las cifras, incluyendo las de muertes en combate, se estarían ofreciendo incentivos, como vacaciones extra. Algo que, recuerda el New York Times, sucedió a mediados de la década de los 2000, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, por casos como el de las Madres de Soacha.

El artículo, titulado Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales, reseña una reunión que se habría realizado a principios de este año, en la que el general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, en la que estuvieron “los cincuenta principales generales y coroneles del país”, a quienes se les entregó un documento en el que se les pedía que “numeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente”.

Al respecto de esto, el general Martínez le explicó al medio norteamericano que “había emitido una orden por escrito que instruía a los principales comandantes a “doblar los resultados”, explicando que había llegado a esa decisión debido a la amenaza que Colombia sigue enfrentando por parte de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales”.

Sobre la orden, que también habría generado preocupación en las filas del Ejército, de realizar operaciones, aunque no se esté seguro del objetivo, el comandante del Ejército señaló que era una indicación para cuando se planifiquen misiones, pero no para cuando se ejecuten. Aun así, la orden dice que “hay que lanzar operaciones con un 60-70 % de credibilidad y exactitud”, esto, a pesar de que según los oficiales consultados por el New York Times, el margen antes era de alrededor del 85 %.

Y, por esa orden, según las fuentes del periódico estadounidense, se “comenzaron a identificar asesinatos sospechosos o arrestos”. “Uno de los oficiales citó un asesinato que un informe del ejército simplemente calificó como la muerte de un miembro del grupo paramilitar Clan del Golfo, el 25 de febrero. En el documento se decía que tres miembros del grupo habían luchado contra un pelotón del ejército, y que el combate terminó en una muerte y dos arrestos (…) Un oficial cree que es poco probable que tres delincuentes con armas ligeras se enfrentaran a un pelotón de 41 hombres”.

Dimar Torres, excombatiente de las Farc, asesinado el pasado 22 de abril. / Cortesía.

El artículo del New York Times sale en un período complejo para el Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero. Varios congresistas de la oposición habían conseguido que se aprobara una moción de censura en contra de Botero, por el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, en Convención, Norte de Santander, y que también es mencionado en el artículo del periódico norteamericano. Pero, a principios de esta semana, los mismos congresistas que habían solicitado la moción, pidieron su aplazamiento.

“En (las) últimas horas hemos recibido información gravísima frente a las actuaciones del ministerio de defensa que todo el país debe conocer. Hemos pedido a la plenaria el aplazamiento del debate para poder incorporar estas pruebas a la moción de censura”, escribió la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde. Después trascendió que las pruebas a la que se refería la congresista estaban relacionadas con la información expuesta este sábado por el New York Times.

Quizá como una forma de adelantarse al impacto que generó el artículo, este viernes, el presidente Iván Duque, el vicefiscal, Fabio Espitia, y el ministro Botero hablaron, cuando la atención estaba centrada en el desarrollo del caso de Jesús Santrich, sobre los avances en la investigación del asesinato de Dimar Torres, que, en un primer momento, quiso ser presentado por una baja en combate, pues se dijo que había intentado arrebatar el arma del soldado que le disparó (algo que resultó falso).

El presidente Iván Duque, junto con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, (izq.) y el vicefiscal, Fabio Espitia (der.). / Twitter @IvanDuque.

En la rueda de prensa, que fue realizada desde Catam, se anunció que se había vinculado a la investigación al coronel Jorge Armando Pérez, pues el oficial habría tenido conocimientos de cómo se presentó, en realidad, el homicidio de Torres y, aún así, no lo habría reportado. Por esto, Espitia anunció que, a Pérez, se le imputaría por haber encubierto este cargo. En el caso de Torres, por cierto, ya hay un imputado por homicidio: el cabo Daniel Eduardo Gómez.

Durante la conferencia, además, el ministro Guillermo Botero defendió la preocupación de las Fuerzas Militares por actuar de manera correcta. “Hay una política clara sobre el total y absoluto respeto por los derechos humanos (…) Recibí la instrucción del presidente de cero tolerancia frente a cualquier circunstancia que implica vulnerar la ley y esa misma instrucción se la he impartido a todos los comandantes de Fuerza”, dijo Botero.

En todo caso, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, el artículo del New York Times ya ha generado una tormenta en el país, ante la preocupación de que, por la exigencia de resultados y cifras, las ejecuciones extrajudiciales se reconfiguren en el país.

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