Hablan las familias de los desaparecidos

“Pensaba que en Colombia no desaparecían gente, que era cosa de las dictaduras y no de la democracia más antigua de América Latina”. Eso creía Fabiola Lalinde hasta que el Ejército desapareció a su hijo, Luis Fernando Lalinde, en octubre de 1984. Un caso más que evidencia que, pese a ser una democracia, Colombia tiene una cifra de desaparecidos mayor a la de las dictaduras del Cono Sur. Aunque no hay números consolidados, de acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, entre 1938 y 2015 se han reportado 106 mil de estos casos en Colombia. 

Todos los actores armados en Colombia han desaparecido gente. Ninguno se escapa. Lo han hecho los paramilitares, con sus hornos crematorios y sus fosas comunes. La Fiscalía calcula en 39 mil la cifra de estas estructuras. Lo han hecho agentes del Estado con detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, por las que el Estado ya ha sido condenado varias veces en juzgados nacionales e incluso internacionales: en la Corte Interamericana, en seis ocasiones por hechos relacionados con desapariciones forzadas, sólo superado en cantidad de fallos por Guatemala. Y lo han hecho las guerrillas con muchos de sus secuestrados.Según la Procuraduría, 2.760 colombianos han sido desaparecidos por las Farc, que hoy negocian la paz,

No sólo se han desaparecido personas, sino también la verdad. Porque el hallazgo o la identificación de unos restos, antes que acabar con la pesadilla, abre toda una larga lista de interrogantes, como ocurrió tras la identificación, esta semana, de los restos de tres de los 11 desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia: Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo murieron? En momentos en los que se habla del fin de un conflicto de 50 años, de la paz, en estos momentos el tema de los desaparecidos vuelve al centro del debate.

Hace una semana, las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo para promover la búsqueda de personas desaparecidas por cuenta de agentes del Estado, de las Farc o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, lo que ha producido optimismo en el país y en el exterior. La ONU, por ejemplo, dijo que este acuerdo “ratifica que el proceso de paz avanza hacia un acuerdo final”. El mismo fue celebrado, igualmente, por ONG defensoras de los intereses de los familiares de los desaparecidos, que, de acuerdo con la ONU, deben ser protagonistas de la implementación de este acuerdo.

El acuerdo, sin embargo, se queda corto a la hora de describir el drama que significa para una familia pasar de un día al siguiente sin saber de uno de los suyos. Un drama que han causado Estado, ‘paras’ y guerrillas, como lo dejan ver estas tres personas con quienes habló El Espectador: Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, desaparecido por el Ejército; Leonor Bonilla, la madre del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado y desaparecido por las Farc, y Katy Fuentes, hija de Wilson Fuentes Marimón, uno de los 43 desaparecidos por los paramilitares en Pueblo Bello (Antioquia) en 1990. 

“Todos los días vivo triste”

“Todos los días vivo triste. No entiendo cómo mi Dios me da fuerza para moverme. Todos los días lo recuerdo; lo llevo en mi mente y en mi corazón”. Así es la vida de Leonor Bonilla desde que el 1º de noviembre de 1998 las Farc secuestraron a su hijo, el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, tras tomarse la población de Mitú, capital de Vaupés. “Van 17 años y no hemos tenido, siquiera, pruebas de supervivencia”.

Si acaso, algunas declaraciones de exsecuestrados, que han dicho que Peña fue fusilado. Han sido años de incertidumbre. “Con la ausencia de mi hijo han fallecido varios familiares. Mi madre y mi padre se enfermaron. Don Miguel también ha estado enfermito”, dijo Leonor, en entrevista con este diario, en referencia a Miguel Peña, padre de Luis.

Con voz cansada, Leonor Bonilla sostuvo que recibió el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y las Farc “con mucho optimismo”. Pero que, al mismo tiempo, le daba mucho dolor “que de pronto no sea cierto lo que están hablando, que de pronto no cumplan. A veces son muy mentirosos”. Dijo, puntualmente, que temía que le entregaran “otros huesitos”, los restos de otra persona y no los de su hijo. Leonor ya tiene 66 años y ha pasado casi un tercio de su vida esperando a Luis, “el mejor hijo que hemos tenido”. No quiere seguir esperando.

Un símbolo contra la desaparición

Antes de que el Ejército desapareciera a su hijo, Luis Fernando Lalinde, Fabiola Lalinde pensaba que “en Colombia no desaparecían gente”. Se lo dijo a Luis una vez, mientras veían una manifestación de Las Madres de la Plaza de Mayo, las progenitoras de cientos de personas desaparecidas durante la dictadura en Argentina. Fabiola recuerda esas palabras: “Qué horror, cómo se sentiría uno con un familiar desaparecido”. Luego, en octubre de 1984, cuando Luis Fernando fue desaparecido en Jardín (Antioquia), “me tocó salir como las Madres de Mayo y entendí que él era un desaparecido”.

Su hijo, miembro de las Juventudes Comunistas, salió de su casa el 2 de octubre de 198, hacia un campamento del Ejército Popular de Liberación (Epl), que se encontraba en negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur. Lo detuvieron, lo torturaron, lo pasearon como un animal frente a los estudiantes de una escuela rural, lo mataron, lo desaparecieron. Y lo negaron todo. Hasta que en 1987 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución reconociendo la responsabilidad del Estado colombiano en esos abusos perpetrados contra su hijo. Las autoridades, sin embargo, se demoraron 12 años para entregarle a Fabiola Lalinde los restos de su hijo.

Ella, quien tras años de lucha se ha convertido en un símbolo histórica contra la desaparición, sigue luchando. Lo ha hecho, por ejemplo, para apoyar a las madres de los uniformados secuestrados por las Farc. Ante el actual proceso de paz, recordó una frase que pronunció recientemente: “El perdón no es una cosa que se tira por avioneta”. Hace falta verdad, mucha verdad.

“No va a haber verdad absoluta”

Katy Fuentes tenía 12 años cuando, el 14 de enero de 1990, los paramilitares ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, zona rural de Turbo (Antioquia), y se llevaron a 43 personas para la tristemente recordada finca Las Tangas, donde las asesinaron y desaparecieron. “Eso lo hicieron en venganza por el robo de 43 reses de Fidel Castaño por parte de las Farc”, dicen en la región. En 24 años, apenas se han podido encontrar e identificar los restos de siete personas; eso sin contar que, durante muchos años, el proceso estuvo estancado. Apenas se reactivó hace cinco años, pese a que en 2006 Colombia fue condenada por graves omisiones a la hora de proteger a los indefensos campesinos, que quedaron a merced de la barbarie paramilitar.

Para Katy Fuentes, la desaparición de su padre no fue sólo la pérdida de un hombre “alegre, responsable, dedicado, muy de casa, muy de familia”, sino, además, el inicio de una nueva vida, una vida de muchas tristezas. “Nuestra vida hubiese sido muy diferente si mi papá hubiera estado con nosotros”. Ella lo piensa a diario y el año que viene piensa cumplirle y cumplirse un sueño que siempre tuvo: ser abogada. “Yo dije que hasta que no lo cumpla no voy a quedar tranquila”.

Sobre el acuerdo con las Farc, dijo, con base en lo que ha sucedido tras los acuerdos con los paramilitares, que “para serle sincera, yo creo que verdad absoluta nunca va a haber. Por ejemplo, han pasado tantos años y no ha habido poder humano que haga que ellos, los paramilitares, digan exactamente qué sucedió. Sin verdad y sin justicia no puede haber paz”.

Las víctimas serán protagonistas

“Queremos tener un diálogo con ustedes porque queremos que esto se construya con ustedes (...) Hay un compromiso firme tanto del Gobierno como de las Farc de proveer información de personas desaparecidos. Y la información que entreguen será tenida en cuenta a la hora de otorgar cualquier tratamiento penal especial”. Así lo expresó el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, durante un encuentro con víctimas de desaparición forzada, convocado por la Fundación País Libre.

Puntualmente, el comisionado ha dicho que las Farc darán información sobre los restos de personas que hayan fallecido estando en su poder, como por ejemplo, uniformados y que, igualmente, se buscarán guerrilleros enterrados como N.N.

“Pensaba que en Colombia no desaparecían gente, que era cosa de las dictaduras y no de la democracia más antigua de América Latina”. Eso creía Fabiola Lalinde hasta que el Ejército desapareció a su hijo, Luis Fernando Lalinde, en octubre de 1984. Un caso más que evidencia que, pese a ser una democracia, Colombia tiene una cifra de desaparecidos mayor a la de las dictaduras del Cono Sur. Aunque no hay números consolidados, de acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, entre 1938 y 2015 se han reportado 106 mil de estos casos en Colombia. 

Todos los actores armados en Colombia han desaparecido gente. Ninguno se escapa. Lo han hecho los paramilitares, con sus hornos crematorios y sus fosas comunes. La Fiscalía calcula en 39 mil la cifra de estas estructuras. Lo han hecho agentes del Estado con detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, por las que el Estado ya ha sido condenado varias veces en juzgados nacionales e incluso internacionales: en la Corte Interamericana, en seis ocasiones por hechos relacionados con desapariciones forzadas, sólo superado en cantidad de fallos por Guatemala. Y lo han hecho las guerrillas con muchos de sus secuestrados.Según la Procuraduría, 2.760 colombianos han sido desaparecidos por las Farc, que hoy negocian la paz,

No sólo se han desaparecido personas, sino también la verdad. Porque el hallazgo o la identificación de unos restos, antes que acabar con la pesadilla, abre toda una larga lista de interrogantes, como ocurrió tras la identificación, esta semana, de los restos de tres de los 11 desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia: Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo murieron? En momentos en los que se habla del fin de un conflicto de 50 años, de la paz, en estos momentos el tema de los desaparecidos vuelve al centro del debate.

Hace una semana, las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo para promover la búsqueda de personas desaparecidas por cuenta de agentes del Estado, de las Farc o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, lo que ha producido optimismo en el país y en el exterior. La ONU, por ejemplo, dijo que este acuerdo “ratifica que el proceso de paz avanza hacia un acuerdo final”. El mismo fue celebrado, igualmente, por ONG defensoras de los intereses de los familiares de los desaparecidos, que, de acuerdo con la ONU, deben ser protagonistas de la implementación de este acuerdo.

El acuerdo, sin embargo, se queda corto a la hora de describir el drama que significa para una familia pasar de un día al siguiente sin saber de uno de los suyos. Un drama que han causado Estado, ‘paras’ y guerrillas, como lo dejan ver estas tres personas con quienes habló El Espectador: Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde, desaparecido por el Ejército; Leonor Bonilla, la madre del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado y desaparecido por las Farc, y Katy Fuentes, hija de Wilson Fuentes Marimón, uno de los 43 desaparecidos por los paramilitares en Pueblo Bello (Antioquia) en 1990. 

“Todos los días vivo triste”

“Todos los días vivo triste. No entiendo cómo mi Dios me da fuerza para moverme. Todos los días lo recuerdo; lo llevo en mi mente y en mi corazón”. Así es la vida de Leonor Bonilla desde que el 1º de noviembre de 1998 las Farc secuestraron a su hijo, el intendente Luis Hernando Peña Bonilla, tras tomarse la población de Mitú, capital de Vaupés. “Van 17 años y no hemos tenido, siquiera, pruebas de supervivencia”.

Si acaso, algunas declaraciones de exsecuestrados, que han dicho que Peña fue fusilado. Han sido años de incertidumbre. “Con la ausencia de mi hijo han fallecido varios familiares. Mi madre y mi padre se enfermaron. Don Miguel también ha estado enfermito”, dijo Leonor, en entrevista con este diario, en referencia a Miguel Peña, padre de Luis.

Con voz cansada, Leonor Bonilla sostuvo que recibió el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y las Farc “con mucho optimismo”. Pero que, al mismo tiempo, le daba mucho dolor “que de pronto no sea cierto lo que están hablando, que de pronto no cumplan. A veces son muy mentirosos”. Dijo, puntualmente, que temía que le entregaran “otros huesitos”, los restos de otra persona y no los de su hijo. Leonor ya tiene 66 años y ha pasado casi un tercio de su vida esperando a Luis, “el mejor hijo que hemos tenido”. No quiere seguir esperando.

Un símbolo contra la desaparición

Antes de que el Ejército desapareciera a su hijo, Luis Fernando Lalinde, Fabiola Lalinde pensaba que “en Colombia no desaparecían gente”. Se lo dijo a Luis una vez, mientras veían una manifestación de Las Madres de la Plaza de Mayo, las progenitoras de cientos de personas desaparecidas durante la dictadura en Argentina. Fabiola recuerda esas palabras: “Qué horror, cómo se sentiría uno con un familiar desaparecido”. Luego, en octubre de 1984, cuando Luis Fernando fue desaparecido en Jardín (Antioquia), “me tocó salir como las Madres de Mayo y entendí que él era un desaparecido”.

Su hijo, miembro de las Juventudes Comunistas, salió de su casa el 2 de octubre de 198, hacia un campamento del Ejército Popular de Liberación (Epl), que se encontraba en negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur. Lo detuvieron, lo torturaron, lo pasearon como un animal frente a los estudiantes de una escuela rural, lo mataron, lo desaparecieron. Y lo negaron todo. Hasta que en 1987 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución reconociendo la responsabilidad del Estado colombiano en esos abusos perpetrados contra su hijo. Las autoridades, sin embargo, se demoraron 12 años para entregarle a Fabiola Lalinde los restos de su hijo.

Ella, quien tras años de lucha se ha convertido en un símbolo histórica contra la desaparición, sigue luchando. Lo ha hecho, por ejemplo, para apoyar a las madres de los uniformados secuestrados por las Farc. Ante el actual proceso de paz, recordó una frase que pronunció recientemente: “El perdón no es una cosa que se tira por avioneta”. Hace falta verdad, mucha verdad.

“No va a haber verdad absoluta”

Katy Fuentes tenía 12 años cuando, el 14 de enero de 1990, los paramilitares ingresaron al corregimiento de Pueblo Bello, zona rural de Turbo (Antioquia), y se llevaron a 43 personas para la tristemente recordada finca Las Tangas, donde las asesinaron y desaparecieron. “Eso lo hicieron en venganza por el robo de 43 reses de Fidel Castaño por parte de las Farc”, dicen en la región. En 24 años, apenas se han podido encontrar e identificar los restos de siete personas; eso sin contar que, durante muchos años, el proceso estuvo estancado. Apenas se reactivó hace cinco años, pese a que en 2006 Colombia fue condenada por graves omisiones a la hora de proteger a los indefensos campesinos, que quedaron a merced de la barbarie paramilitar.

Para Katy Fuentes, la desaparición de su padre no fue sólo la pérdida de un hombre “alegre, responsable, dedicado, muy de casa, muy de familia”, sino, además, el inicio de una nueva vida, una vida de muchas tristezas. “Nuestra vida hubiese sido muy diferente si mi papá hubiera estado con nosotros”. Ella lo piensa a diario y el año que viene piensa cumplirle y cumplirse un sueño que siempre tuvo: ser abogada. “Yo dije que hasta que no lo cumpla no voy a quedar tranquila”.

Sobre el acuerdo con las Farc, dijo, con base en lo que ha sucedido tras los acuerdos con los paramilitares, que “para serle sincera, yo creo que verdad absoluta nunca va a haber. Por ejemplo, han pasado tantos años y no ha habido poder humano que haga que ellos, los paramilitares, digan exactamente qué sucedió. Sin verdad y sin justicia no puede haber paz”.

Las víctimas serán protagonistas

“Queremos tener un diálogo con ustedes porque queremos que esto se construya con ustedes (...) Hay un compromiso firme tanto del Gobierno como de las Farc de proveer información de personas desaparecidos. Y la información que entreguen será tenida en cuenta a la hora de otorgar cualquier tratamiento penal especial”. Así lo expresó el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, durante un encuentro con víctimas de desaparición forzada, convocado por la Fundación País Libre.

Puntualmente, el comisionado ha dicho que las Farc darán información sobre los restos de personas que hayan fallecido estando en su poder, como por ejemplo, uniformados y que, igualmente, se buscarán guerrilleros enterrados como N.N.