“Habrá restitución temprana”: Giovanni Yule confirma crucial cambio para la URT

Rangel Giovani Yule Zape agarró las riendas de la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras en agosto de 2022 y en los 21 meses de trabajo ya tiene andando, con apoyo político, dos proyectos que buscan acelerar los procesos que suelen tardar años sin resolverse. Las dos ideas, un proyecto de ley y un decreto presidencial, tienen el mismo objetivo: que el gobierno pueda entregar tierras sin que la justicia intervenga. En entrevista con El Espectador, el director habló de cómo marchan sus planes, que ya despertaron polémica, y de que, según sus hallazgos, el universo del despojo y desplazamiento en el país es más grande del que pensábamos.

Rangel Giovani Yule Zape agarró las riendas de la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras en agosto de 2022 y en los 21 meses de trabajo ya tiene andando, con apoyo político, dos proyectos que buscan acelerar los procesos que suelen tardar años sin resolverse. Las dos ideas, un proyecto de ley y un decreto presidencial, tienen el mismo objetivo: que el gobierno pueda entregar tierras sin que la justicia intervenga. En entrevista con El Espectador, el director habló de cómo marchan sus planes, que ya despertaron polémica, y de que, según sus hallazgos, el universo del despojo y desplazamiento en el país es más grande del que pensábamos.

Según la oenegé Forjando Futuros, en los últimos 17 meses de la era Duque se restituyeron 55 % más hectáreas que en los primeros 17 meses del gobierno Petro. ¿Eso es cierto?

Ni la cifra ni los márgenes de cumplimiento son exactos. Yo no puedo comparar los últimos meses de un gobierno con los primeros de otro, porque esto es un proceso. Uno no puede comparar los meses de siembra con los meses de cosecha. La cifra no es cierta porque, en sí, hectáreas entregadas por jueces a víctimas en los cuatro años del gobierno Duque fueron 67.311. Nosotros ya vamos en 35.675 en estos 17 meses. A lo mejor, Forjando Futuros sumó el número de hectáreas que fueron solicitadas por las víctimas y que fueron restituidas de otra forma. No hay que olvidar que los jueces pueden ordenar compensaciones económicas para quienes ya no quieren volver después del proceso. O en los casos donde en el predio haya personas que compraron de buena fe.

Hemos optado por no movernos frente al debate de la cifra puntual, sino al proceso que hemos hecho. De nosotros depende conocer las solicitudes, estudiar los casos y presentar una demanda ante los jueces. Esa es la etapa administrativa. Cuando llegamos, teníamos una negación de solicitudes del 65 % a las víctimas. Lo primero que hicimos fue hacer una contraestrategia, al punto que ahora estamos haciendo una aprobación del 72 % de solicitudes. Además, en ese proceso organizativo logramos darnos cuenta de que aquí había un equipo de asuntos mineros y energéticos que no dejaba avanzar las solicitudes si se traslapaban con proyectos de esa naturaleza. Eliminamos esa oficina, porque nosotros no estamos defendiendo intereses macroeconómicos, sino de las víctimas.

De igual manera, en el registro de tierras despojadas y abandonadas, ese mapa donde se encuentran todas las hectáreas solicitadas por víctimas de desplazamiento y despojo, hemos logrado avanzar en 5.692.220 hectáreas inscritas en estos primeros 20 meses de gobierno. Ese dato obedece al 51 % de toda la gestión histórica de la Unidad de Restitución de Tierras en 13 años. Incluso, Duque, en sus cuatro años, inscribió en el registro 3.861.988 hectáreas. Aparte, hemos fortalecido la ruta colectiva correspondiente a comunidades indígenas, negras y de especial protección. De hecho, casi superamos la meta gubernamental de hectáreas consideradas objeto de despojo en la historia de la guerra, con la que nació la Ley de Víctimas en 2011, que hablaba de seis millones de hectáreas.

Quiere decir que el universo del despojo es mucho más amplio del que imaginábamos…

Según toda la información que ha recogido la Unidad, ese universo va en 10.500.000 hectáreas, cuando el dato inicial que teníamos era de solo seis millones. El dato del Conpes, con el que nació la Unidad, ya está casi doblado. Y eso que estamos en los primeros 20 meses de gobierno.

¿Y qué más han hecho en este periodo?

Trabajamos en el proyecto de ley de restitución administrativa para aquellos procesos que no tienen oposición. Es decir, en los que el predio solicitado no tiene alguien adentro que pueda pelearlo ante los jueces. Si se aprueba esa ley, que ya está en la Cámara de Representantes, y es apoyada por el congresista Alejandro Toro, miles de demandas no pasarían a gestión judicial, sino entraríamos nosotros mismos a actuar. Esto obedece a un 60 % de los casos que históricamente se han llevado. Estaríamos dando una respuesta rápida, sin necesidad de que un juez tenga que tomar una decisión.

¿Y si no se aprueba el proyecto de ley?

Ahora mismo estamos trabajando en otra estrategia, además de la restitución por vía administrativa. Se trata de un decreto de restitución temprana, que estamos trabajando con la ministra de Agricultura y el presidente de la República. Estamos tratando de impulsar otra ruta de restitución que es cómo coger un atajo. Consiste en priorizar a todas las familias que están en proceso, desde la etapa administrativa, en la judicial y postfallo, y dotarlas de tierras en el marco de la reforma agraria. Restitución temprana porque es entregarles directamente la tierra a todas las personas que la estén solicitando en restitución y a quienes no se les ha podido entregar. El proceso de restitución seguirá común y corriente. Pero en el caso de la restitución temprana, cuando salga finalmente la sentencia, si llega a salir favorable, ese terreno va a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

¿Cómo va ese proceso de la restitución temprana?

Este es un proceso pensado para aquellos casos que no tienen oposición de terceros. Como bien dice Forjando Futuros, casi en el 60 % de los casos no riñen dos familias que se disputan una finca. Lo que hasta ahora se ha discutido, y que está sujeto a cambios, es que la restitución temprana sea una medida aplicable solo para personas sujeto de la reforma agraria. Eso tiene unas reglas, por ejemplo, que sea una víctima que no tenga una tierra a su nombre y que cumpla con otras características. Es una restitución temprana porque podemos comprarles tierras a miles de campesinos, asociándonos con la ANT, de manera rápida y cumpliendo la promesa de restituir a personas que ya tienen un proceso con nosotros y a quienes les creemos su historia y por eso solicitamos, en nombre de ellas, las fincas a los jueces.

Con la restitución por vía administrativa o temprana habrá casos en los que quede de lado el hecho de que un juez reconozca a una víctima como tal. ¿Eso no le parece una falta de garantía para sus derechos?

Cuando hay despojo, quiere decir que alguien ocupa tu predio y llega a la titulación del mismo. En el abandono de tierras, básicamente la víctima huye y deja la tierra abandonada. La inmensa mayoría de casos que tenemos es por abandono de tierras, en el que generalmente nadie ocupa el bien solicitado por las víctimas. Entonces, cuando hablamos de la restitución por vía administrativa, estamos ante un tema de abandono de tierras, en donde además no hay ningún opositor. Por lo cual, es totalmente absurdo que a una víctima que quiera hacer un retorno a su bien, se le quiera hacer un expediente judicial. Ya no les podemos exigir más que sigan en un proceso para retornar a su bien.

Cuando hablamos de la restitución temprana, es para las víctimas que hayan inscrito su bien como tierra despojada o abandonada forzosamente o que estén en proceso judicial. Lo que pretendemos es que las víctimas, especialmente adultos mayores o personas en condición de discapacidad, puedan recibir, vía reforma agraria, su tierra de manera más rápida. Que queden de primeras en la lista de esas personas con vocación agraria y vulnerables que están esperando tierras. Sea cualquiera de las dos vías, lo que queremos es que las víctimas se reparen de forma rápida y oportunamente.

¿Que entregar tierras sea un asunto gubernamental y no judicial, no da pie para excesos?

Es todo lo contrario. Lo que se presentó en anteriores gobiernos, especialmente entre 2003 y 2007, donde se da el despojo contemporáneo que contó con diversas entidades como las notarias, fue una política para quitarle la tierra a los campesinos vulnerables y de vocación agrícola. Y para dárselas a los grandes empresarios. Lo que buscamos es poner en el primer turno en a las víctimas. Son los más vulnerables dentro de los vulnerables. Lo que estamos haciendo es, de hecho, cumplir la orden de la Corte Constitucional de superar el Estado de Cosas Inconstitucional (masiva violación de derechos humanos) sobre desplazamiento forzado.

¿Todo ello requiere cambios en la entidad?

Tendríamos que hacer una readecuación en la institución porque tendríamos que agilizar miles de procesos. Los proyectos contemplan un rubro presupuestal para ello. Sobre la restitución por vía administrativa, sería organizar dentro de la entidad una segunda instancia. Nosotros tenemos fe en que resulte más rápido el decreto presidencial. Si el presidente firma ese decreto, vamos a los territorios, convocamos a todas las víctimas, hacemos asambleas y logramos que ellas mismas nos ayuden a buscar las tierras. Hacemos un ejercicio conjunto para comenzar a comprarles tierra a todas las personas que estén en proceso de restitución

¿Cree que había un desinterés a propósito con la ruta colectiva y también con la alta cantidad de negaciones?

Sí. Y en toda la política de víctimas. Esta institución le estaba negando sus derechos. Y aquí había funcionarios que defendían a los mismos despojadores. Por eso los términos se dilatan. Por eso todo es tan pernicioso. Por eso, los procesos de restitución duran ocho y diez años. A nosotros nos tocó entrar a romper esa institucionalidad que estaba amarrada. En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos un artículo con que el que se le reconoce el derecho a la restitución a las víctimas que piden terrenos que ahora son parques naturales o reservas forestales. Además, este 2 de mayo se puso en marcha otra vez una oficina territorial en el Chocó para atender todo el tema en el Pacífico. Una oficina que existía y que la cerraron al final del gobierno de Juan Manuel Santos.

¿Y cómo han visto la parte judicial?

Hay una voluntad política impresionante. Nos hemos reunido con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y nos abrieron ocho juzgados nuevos, de los que cinco tratarán únicamente asuntos étnicos. Además, contamos con el apoyo de la Jurisdicción Agraria. Es más, ya hicimos un acuerdo con la Rama Judicial para que la Jurisdicción Agraria coja los procesos de restitución en congestión judicial, apenas arranque. Eso va a ser importantísimo porque cuando se acabe la vigencia de esa ley (2031), esa jurisdicción seguirá con el trabajo. Esa es una garantía que hemos propuesto y que fue aceptada.