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El fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, detenido el pasado miércoles por unas supuestas interceptaciones ilegales, podría ser la pieza clave para develar una posible red de espionaje corporativo que funcionaba dentro de la Fiscalía General. Entre las presuntas víctimas estarían empresarios, abogados y hasta pilotos del sindicato de Avianca. A Martínez Lugo le imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, interceptación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones, cargos que no aceptó. El juzgado a cargo le dictó medida de aseguramiento y lo envió a La Picota.
Martínez Lugo fue capturado el pasado miércoles 9 de mayo por indicios de que estaría interceptando ilegalmente comunicaciones de personas que no estaban bajo investigación, al parecer, siguiendo órdenes de otros -cuyos nombres la Fiscalía no revela aún-. El funcionario llevaba 32 años trabajando para la Fiscalía, pero según la versión del ente investigador, habría conducido al error a jueces para que autorizaran la interceptación de teléfonos de personas prominentes del sector privado asegurando que las líneas pertenecían a delincuentes investigados.
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El piloto Julián Pinzón del sindicato Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el gerente general para Latinoamérica de la empresa de energía Enel-Codensa, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo Londoño, quien representaba al Grupo de Energía de Bogotá (GEEB), habrían sido “chuzados”. Las órdenes judiciales con las que fueron pasadas por legales estas interceptaciones fueron tramitadas por Martínez Lugo, quien habría asegurado a los jueces que se trataba de personas vinculadas a una red de robo de taxis, argumento que la Fiscalía desvirtuó recientemente.
En la audiencia de imputación de cargos también se supo que Martínez Lugo habría trabajado de la mano del funcionario del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, detenido desde diciembre por estos mismos hecho, quien ya aceptó cargos. Además, según reveló el ente investigador, hay otras 317 líneas telefónicas intervenidas por orden del cuestionado fiscal que están siendo auditadas en este momento para verificar si las interceptaciones son irregulares. Estas interceptaciones se vendrían presentando desde finales de 2017, pero habrían sido detectadas por el ente investigador desde marzo de este año.
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El ente investigador aseguró que “el funcionario judicial justificó (ante jueces) las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos e indujo al error a los jueces que avalaron esos procedimientos”. Según se supo en la audiencia de imputación de cargos de Martínez Lugo, él y Gómez Góngora supuestamente “informes fraudulentos” que eran “utilizados para interceptar las comunicaciones de otras personas”.