Hackeo a la Fiscalía: el búnker ha estado negociando con exdirectivos de Odebrecht

Hace cuatro meses, la Fiscalía General de la Nación aseguró que no había firmado principios de oportunidad con ninguno de los pesos pesados del escándalo de Odebrecht que la justicia colombiana nunca ha tocado. Aseguró que esa afirmación que circuló en redes sociales era falsa. Sin embargo, al menos desde febrero del 2021, el ente investigador sí ha estado en acercamientos con varios ejecutivos de la multinacional brasileña que habrían hecho parte del entramado de corrupción que pagó sobornos a políticos y funcionarios públicos. Así lo demuestran decenas de correos electrónicos de un grupo de miles que fueron filtrados por el grupo Guacamayas, en uno de los hackeos más graves al búnker en toda su historia.

Según las comunicaciones conocidas por este diario, al menos altos ejecutivos como Marcio Marangoni, Amilton Hideaki Sendai y Yesid Arocha (colombiano) han estado aportando información a la Fiscalía en declaraciones hasta ahora desconocidas. El primero dio detalles inéditos de la filigrana de cómo, según él, ideó todo el esquema de contratos falsos e inflados. El segundo desmenuzó el paso a paso de los negocios con los que se pagaron millonarios sobornos. Y el tercero salpicó a políticos y empresarios cuyo rol en Odebrecht aún no ha sido esclarecido por la justicia, a pesar de que han pasado seis años desde que se conoció el rastro corrupto de esta constructora en Latinoamérica y Colombia.

(Lea la introducción a este tema: Hackeo a la Fiscalía: detalles inéditos de una filtración sin precedentes)

Aunque por ahora la Fiscalía no ha firmado ningún acuerdo con los altos ejecutivos, el hecho de que sí esté patinando acuerdos que podrían darles algún beneficio penal, como la inmunidad total, contrasta con lo que otros países han conseguido para esclarecer lo sucedido con Odebrecht. Por mencionar un ejemplo, Perú logró que los peces gordos de la multinacional fueran acreditados como testigos en procesos judiciales contra, incluso, presidentes de ese país y esos mismos ejecutivos fueron vinculados oficialmente a investigaciones penales. Mientras tanto, la justicia colombiana, pese a los anuncios en seis años, no ha vinculado a uno solo.

Marangoni, director de Consol

Marcio Marangoni es uno de los pesos pesados del escándalo de millonarios sobornos y el arquitecto del complejo esquema con el que Odebrecht los quiso ocultar. De hecho, en sus declaraciones ante la Fiscalía, extraídas de correos de fiscales de alto nivel, quien fuera la cabeza de Consol —responsable de la construcción de la Ruta del Sol 2— confesó que fue él quien ideó la manera de pagarles millonarias sumas al exsenador Otto Bula o al corrupto empresario Federico Gaviria directamente desde las cuentas de la obra (ambos ya fueron condenados). También habló de Esteban Moreno, a través de quien la brasileña habría hecho aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

Su última declaración fue el 26 de mayo de 2021. Ese día, en presencia del fiscal Gabriel Jaimes, de entera confianza de Barbosa, la fiscal Liliana Calle, quien coordina el grupo de tareas del caso Odebrecht, comenzó preguntándole a Marangoni por los procesos internos de contratación, incluidos los ilícitos. El brasileño señaló que había tres tipos de contratos ilícitos: los ficticios, por un servicio que no se prestó; los superfacturados, que consistían en inflar los valores para pagar de allí sobornos, y contratos reales que suscribían para obtener ventajas. “Lo más que tuve fueron los contratos ficticios y uno o dos superfacturados”, aseguró. Luego explicó cómo se realizaban los pagos sin muchas preguntas.

(En contexto: Las filtraciones de Guacamaya)

Según reveló, Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, lo llamó y le dijo que no podían pagarles más a Bula y a Gaviria a través de cuentas offshore, pues para entonces ya había estallado el escándalo de Lava Jato en Brasil, que puso en jaque los sobornos de una decena de constructoras en ese país. Así que concluyeron que tenían que pagar desde la obra de monto más elevado: la Ruta del Sol 2. El brasileño declaró que, con la venia de Martorelli y el conocimiento de dos personas más de la constructora, le pasaba la factura a algún gerente y le daba alguna excusa de por qué lo tenía que firmar él. “Estos son proyectos de Odebrecht con otras empresas”, explicó como ejemplo de su discurso usual.

“¿Usted fue el que determinó que esa sería la forma de sacar dineros para los pagos ilícitos en Colombia?”, le preguntó la fiscal. “Sí, fui yo”, contestó Marangoni. Así ocurrió, al parecer, con los sobornos que hicieron posible que se firmaran los otrosíes 3 y 6. Se trata de las adiciones al contrato de la Ruta del Sol 2 que le dieron a Odebrecht y sus socios del Grupo Aval la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, carretera que no estaba prevista inicialmente en el contrato. Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura en esa época, está en juicio por estos hechos. Sin embargo, Marangoni aseguró que nunca trató con funcionarios para impulsar esos otrosíes; solo con Bula y Gaviria.

Por otro lado, Marangoni habló de su relación con Esteban Moreno, un personaje clave para esclarecer la posible entrada de dineros de Odebrecht a la campaña Santos en 2014. Según declaró ante la Fiscalía, en enero de 2015, Martorelli le pidió “generar unos recursos” para “saldar un compromiso de aporte a campaña política”. En concreto, eran $4.000 millones que tenían que salir de las cuentas de la constructora de la Ruta del Sol 2. Fue entonces cuando se decidió pagarle a través de la empresa de logística RGQ a través de pagos mensuales de $500 millones. Ahora bien, el brasileño fue claro: no tenía idea a qué campaña estaban aportando ni para qué elección.

Según Marangoni, Esteban Moreno le mencionó varias veces otro nombre que ha salido a flote de forma reiterada en este escándalo: el de Simón Gaviria, exdirector de Planeación Nacional. No dio muchos detalles: “Algunas veces Moreno habló de que auxiliaba a Simón Gaviria, entonces yo relacionaba eso con la política, porque sabía que él estaba en la política (…) Yo no puedo precisar, porque esos asuntos con Esteban no eran de ese nivel de… yo tenía una parte solo operativa”. De allí, la fiscal Calle pasó a otro contrato y no ahondó más en la estela del hijo del expresidente César Gaviria Trujillo en el escándalo.

Amilton Sendai, la firma en todos los contratos

Al día siguiente de que declarara Marangoni, la fiscal Liliana Calle le tomó una declaración también inédita al responsable de toda la contratación de Odebrecht en Colombia: Amilton Hideaki Sendai. Su nombre y firma aparecen en muchos de los contratos ilícitos con los que la multinacional intentó esconder sus andanzas; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones asegura que solo se enteró años después de que se trataba de movidas ilegales. Incluso, defendió que la empresa tuvo que esforzarse técnica y administrativamente para quedarse con la Ruta del Sol 2. Uno a uno fue explicando los contratos que firmó, muchos sin siquiera cuestionar su contenido.

Una de las veces que Sendai vio algo raro en Odebrecht fue en diciembre de 2015. Según su versión, Martorelli le pidió que recibiera una plata de un emisario. Una persona lo llamó, lo citó en un banco en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá y le entregaron $250 millones en efectivo. Él los guardó en su apartamento hasta enero, cuando volvieron todos de vacaciones y se los entregó a Martorelli. “Es caja 2; o sea, una plata que no tenía documentación”, confesó el brasileño ante la Fiscalía, refiriéndose a la manera como en Odebrecht bautizaban ese tipo de operaciones. A través de “caja 2” también le pagaron US$1,1 millones al empresario Eduardo Zambrano en 2013.

Pero el rol del brasileño no se quedó allí. Durante su declaración dio cuenta de que él era el encargado de estructurar, desde la óptica comercial, buena parte de los contratos. El primer contrato en el que aparece su firma es con DCS Management, con el que la justicia concluyó que se maquilló el millonario soborno que recibió Gabriel García Morales, viceministro de Transporte. En el pasado Sendai había dicho no recordarlo y, en 2021, llegó con una nueva teoría: que apenas en 2017 Luiz Bueno, otro de sus jefes, le había confesado que ese contrato sí era la “contrapartida” de la coima que le pagaron al viceministro. “Para mí, eran documentos legales”, dijo.

Ahora sí reconoció que sabía algo de lo que hacían Federico Gaviria y Otto Bula, a quienes se refirió varias veces como “lobistas” de Odebrecht. La firma de Sendai aparece en al menos cuatro contratos de 2013 que la constructora le dio al exsenador Bula: uno para asesorías, otro para las licitaciones de las carreteras 4G, otro para la adición Ocaña-Gamarra, otro para lograr el contrato de estabilidad jurídica que no les cambiara las reglas de la Ruta del Sol 2 y uno más para librarse del lastre que resultó ser su participación en Navelena. En los contratos, que redactó el propio Sendai, describía, en sus palabras, a Bula como un “notable colombiano que estaba ahí para ayudarnos”.

Asimismo, el brasileño relató que, al menos desde 2010, Luiz Bueno le dio instrucciones claras de pagarle a Eduardo Zambrano US$1,5 millones y a Federico Gaviria $2,1 por “el lobby que ellos hicieron en la conquista de la Ruta del Sol”. Así lo relató Sendai: “Luiz Bueno me dijo que Gaviria lo había ayudado bastante para conocer personas, presentar personas, empresas y a lo largo de la licitación de Ruta del Sol y que tenía un acuerdo no formal de que si hubiéramos ganado la licitación él tenía derecho a un pago”. Y así se hizo, con dinero de la construcción de la carretera más ambiciosa del país. Además, los pagos no se hicieron en Colombia, sino a través de empresas en Panamá.

Finalmente, Sendai dijo que sí participó en otro hecho clave del escándalo de Odebrecht: la entrada de dineros a la campaña presidencial de Santos en 2010. Según su relato, Bueno le dijo que quería hacer un aporte y le presentó a Roberto Prieto, gerente de la campaña. Incluso, que fue idea de Bueno hacer un contrato de publicidad a través de la empresa Marketmedios para que los $1.044 millones que entregaron ingresaran a la contienda. El brasileño dijo que no supo de aportes similares en otras elecciones y que tampoco tuvo conocimiento de que Odebrecht hubiera entregado dinero al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Yesid Arocha, el cerebro jurídico

En marzo de 2019, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció que tenía todo listo para imputarle cargos a Yesid Arocha, un prestigioso profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Externado, quien salió del país con protección de los brasileños cuando estalló el escándalo de Odebrecht. Han pasado tres años y esa audiencia jamás se realizó. En contraste, el jefe jurídico de la multinacional, quien desde 2017 le ha contado a la justicia colombiana pormenores de los sobornos que pagaron, ha estado colaborando con la Fiscalía. Así lo demuestra una serie de correos electrónicos entre fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante el último semestre del año pasado, Arocha estuvo hablando con la fiscal Liliana Calle, de manera virtual, desde São Pablo (Brasil). Al comienzo de las diligencias, ella le dejó muy claro que se trataba de un “acercamiento con el fin de determinar la procedencia de la aplicación de un principio de oportunidad o cualquier otro beneficio de ley” como un preacuerdo. Bajo la gravedad del juramento, Yesid Arocha dio pistas de hechos no aclarados todavía por la justicia colombiana y explicó con detalle cómo trabajó la multinacional en Colombia y el papel que tuvo en cada uno de los sobornos que pagó a lobistas, políticos y funcionarios públicos.

Arocha le contó a la fiscal Calle que, cuando estalló el escándalo en Brasil en 2015 con la detención de Marcelo Odebrecht, la tensión en Colombia era palpable. Tanto así, que Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, citó a la cúpula de la multinacional a su despacho. No era para menos: este grupo económico era el socio colombiano de los brasileños y cualquier pizca de corrupción en sus negocios podía ser fatal. La reunión se realizó, según Arocha, con la presencia de los exdirectivos Luiz Mameri y Eleuberto Martorelli, quienes le aseguraron que no tenían nada que temer, pues los problemas solo eran en Brasil.

Dos prestigiosos penalistas colombianos también le entregaron un parte de tranquilidad a los Sarmiento, pero ellos mismos exigieron que se realizaran mesas de trabajo para mirar contrato por contrato si había algo irregular. Los brasileños aceptaron y, con papel en mano, le explicaron al Grupo Aval que no había nada raro en las tareas de la construcción de la Ruta del Sol 2. Odebrecht logró maquillar sus andanzas ilegales y los colombianos le creyeron. Pero, como sí encontraron inconsistencias en el dinero que se había invertido y que había puesto el Grupo, la multinacional aceptó firmar un acuerdo de transacción para quedar a paz y salvo.

Arocha le contó a la fiscal que él mismo fue designado por Odebrecht para negociar con los colombianos. “Por parte del Grupo Aval fue designado directamente el doctor Néstor Humberto Martínez, quien fue el encargado de la elaboración del documento y su circulación, que tuvo distintas versiones hasta que se llegó a un acuerdo final sobre el mismo”, relató el abogado, quien le contestó a la fiscal cuánto había sido el monto negociado: $33.000 millones. Precisamente este es uno de los puntos que más polémica le costó al exfiscal Martínez durante los últimos meses de su administración, cuando se supo que él sabía que algo no andaba bien cuando fue abogado del Grupo Aval.

La evidencia quedó en unos audios que grabó Jorge Enrique Pizano, el controller de la concesionaria Ruta del Sol, en varias reuniones con Néstor Humberto Martínez, que se hicieron públicos en noviembre de 2019. En esos audios se evidenció que ambos tenían sospechas de que Odebrecht estaba cometiendo algún tipo de delito. No solo el exfiscal nunca reveló que sabía de esas alertas, sino que nunca se declaró impedido. La polémica llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde se determinó que Martínez debía apartarse de al menos tres investigaciones y el alto tribunal nombró a un fiscal “ad hoc”: Leonardo Espinosa. Seis meses después, Néstor Humberto Martínez renunció.

Sobre el acuerdo de transacción, que para muchos fue un contrato en el que se silenció el entramado de corrupción, el exfiscal siempre se ha defendido y ha dicho que simplemente recibió una “instrucción corporativa de hacer un acuerdo entre dos partes: una decía que no se justificaban unos pagos, la otra decía que sí se justificaban, y llegan a lo que se llama en el derecho privado ‘una transacción’, que fue la devolución de esas platas. De todas”, explicó en 2018 en entrevista con este diario. Además de mencionar este capítulo, Arocha le confirmó a la fiscal Calle que Daniel García Arizabaleta, excandidato del Centro Democrático, también fue cercano de la multinacional.

La Fiscalía ya lo tiene en su mira. El pasado 22 de junio, el ente investigador le imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito a favor de particulares. Según Arocha, la ficha de García Arizabaleta se dedicó al “apoyo en la consecución y presentación de proyectos regionales que pudieran ser de interés de Odebrecht”, relató el abogado. Con él firmaron varios contratos de asesoría y, cuando fue destituido por la Procuraduría en 2009, los brasileños, que años después resultaron ser protagonistas del episodio de corrupción más grande los últimos años, no quisieron tener un vínculo directo con alguien envuelto en un escándalo judicial.

Arocha contó que la fórmula a la que llegaron fue simple: seguir con los servicios de García Arizabaleta, pero a través de un contrato con la empresa de su papá. Las evidencias de esos negocios, agregó el abogado, están en la Fiscalía desde hace años. No solo las de Arocha, sino también las de Sendai y Marangoni, quienes han aportado documentos y correos para sustentar sus versiones. A pesar de que han pasado seis años de que estallara el escándalo y que estos tres ejecutivos de Odebrecht están en Brasil, las negociaciones del ente investigador no se han concretado todavía en un documento formal. Mientras tanto, sí han dado pie a que se aplacen las prometidas imputaciones.

Así quedó evidenciado en un correo electrónico que hace parte de la filtración de Guacamayas. En diciembre de 2021, el fiscal William Hernández le envió una carta a su colega Javier Cárdenas, pidiéndole modificar la matriz de colaboración de Eduardo Zambrano. En ese documento se fijó una fecha límite para imputarle cargos a Yesid Arocha, pero Hernández solicitó quitarla, pues aseguraba que seguía investigando a los brasileños y que eso podía entorpecer sus pesquisas si llevaba las evidencias contra Arocha a una audiencia. Casi un año más tarde, ninguna de las imputaciones anunciadas por la Fiscalía, ni la de Néstor Humberto Martínez ni la de Francisco Barbosa, se han hecho realidad.