¡Haraquiri!

El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.

Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.

A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.

En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.

La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y

Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.

En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.

Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez  el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.

De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.

El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.

La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.

Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.

Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.

En palabras del Fiscal General

Para Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.

Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.

El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.

El Espectador revela las intimidades de la investigación que terminó por descabezar a tres generales de la República y 24 oficiales y suboficiales, más por sospechas sobre sus actuaciones en presuntas ejecuciones extrajudiciales.

La virulencia del discurso presidencial que le anunció al país el retiro de tres generales y 24 oficiales y suboficiales por los turbios sucesos aún no aclarados de presunta participación de miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales causó escozor en la opinión pública porque el Presidente le puso nombres y apellidos al escándalo. Y por primera vez reconoció un oscuro contubernio entre delincuentes y uniformados para cometer asesinatos con el fin de sumar resultados operacionales. “No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes, con la cobardía para enfrentarlos y la distorsión de esa eficacia asesinando víctimas inocentes”, puntualizó el presidente Álvaro Uribe.

Un vehemente pronunciamiento sin antecedentes en sus más de seis años de gobierno, que buscaba salirle al paso al fantasma de los falsos positivos, pero que terminó fracturando la línea de mando en el seno castrense, en un mar de sospechas y acusaciones mutuas por las repercusiones de la decisión ejecutiva. Injusto o no, lo cierto es que el discurso presidencial, sin más ni más, dejó a los 27 militares retirados como unos asesinos y violadores de los derechos humanos y con el estigma venidero por una baja tan deshonrosa. “Los lanzaron a los leones porque la gente exigía sangre y sus cabezas para echarle tierra al escándalo”, le dijo a El Espectador, indignado, un alto oficial del Ejército.

A través de la resolución número 4342 de 2008, expedida por el Ministerio de Defensa, el 3 de octubre se ordenó la creación de una comisión transitoria liderada por el general Carlos Suárez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares; por el director del programa presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco; por un oficial de inteligencia, uno operativo y uno logístico, con el objetivo de evaluar las denuncias de presuntas desapariciones y homicidios en las jurisdicciones de la I y la II División del Ejército. Para ello se desplazaron a Ocaña (Norte de Santander), Cimitarra (Santander), Puerto Berrío y Bucaramanga.

En tiempo récord, la Comisión logró establecer fallas administrativas protuberantes y negligencias en protocolos de vigilancia que fueron generando un malestar en los investigadores. “La gran conclusión es que algunos comandantes se alinearon con criminales para hacer trueques y facilitar trueques, por eso quienes salieron eran los comandantes, porque la responsabilidad recae sobre ellos”, manifestó un investigador del caso. Pero además descubrieron macabras alianzas entre uniformados y paramilitares para reclutar civiles y luego mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate. “La hipótesis que arrojó la investigación es que son delincuentes de bandas emergentes que se asociaron con los militares para dejar pasar droga y favorecer a narcos. Se ayudaban entre militares para ganarse los gastos reservados”, añadió otro investigador.

La Comisión detectó patrullajes nocturnos irregulares no justificados por caminos veredales en Ocaña, al término de los cuales señalaban haber tenido supuestos combates con la guerrilla. Una situación que se repetía con una frecuencia sospechosa, porque los operativos en su mayoría eran nocturnos y siempre terminaban con bajas, “y lo más curioso es que a pesar de que en la noche se vuelven casi invisibles, los muertos siempre tenían tiros certeros y los soldados nuestros no tenían ni un rasguño”, advirtió un oficial escandalizado, que agregó que las anomalías eran peores luego de revisar reportes y

Como una caja de Pandora se fue destapando la olla podrida. Varios oficiales y suboficiales admitieron lo que era un secreto a voces desde hace más de cuatro años, fechas en las cuales reposaban en las brigadas y batallones de Santander y Norte de Santander innumerables quejas y denuncias sobre desaparición de jóvenes en sitios marginales, a las que nadie prestó atención, pese a que ya existían voces en el desierto, como la Procuraduría, Naciones Unidas y la propia Defensoría del Pueblo. No en vano la Fiscalía documenta que 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos penales por falsos positivos, 42 de los cuales ya purgan condenas. El Ministerio Público, por su parte, reporta que 2.878 uniformados están siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida.

En concreto, la Comisión dirigida por el general Suárez estudió diez casos puntuales relacionado con presuntos excesos de la Brigada 14. En uno de ellos, ocurrido en Ocaña, según reportes oficiales se dio de baja a dos miembros de las llamadas bandas criminales emergentes. El combate habría ocurrido a la una de la mañana. Cuando la Comisión investigó, sin embargo, encontró que no hay récord de inteligencia que soporte el operativo militar ni una fuente humana que corrobore una denuncia para procesar esa información. Con el correr de la investigación, Suárez y su equipo comenzaron a entender que los enemigos de las Fuerzas Armadas también estaban adentro. Dicho de otro modo, constataron el haraquiri del Ejército en estos lamentables episodios que tienen al país exigiendo explicaciones y a la madres de los jóvenes desaparecidos clamando por justicia.

Con estas evidencias, el martes en la noche, en una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron el general Carlos Suárez  el general Freddy Padilla de León, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el viceministro Sergio Jaramillo y Carlos Franco, la Comisión entregó sus conclusiones al presidente Álvaro Uribe Vélez. A dicho encuentro no asistió extrañamente el comandante del Ejército, Mario Montoya, porque en días anteriores se había ordenado una indagación interna en el Ejército y todo indicaba que, comparándola con la de la Comisión, ésta se quedó corta.

De cualquier manera, el Presidente no tardó en pedir cabezas y 12 horas después el país desayunaba con la noticia de que éstas rodaban ante el asombro de los medios de comunicación y de los afectados mismos que salieron a reclamar su inocencia. Uno de ellos, el coronel Santiago Herrera, el retirado comandante de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, puso el dedo en la llaga sobre la controvertida directiva ministerial 029 de 2005, emanada por el entonces ministro Camilo Ospina, en la que se avala el pago de recompensas a quien capture o dé baja a guerrilleros. Una directiva que tiene 15 páginas, en la que se establecen pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. “Yo no me inventé esa directiva. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros. Nos tocaba acatarla. Pero una cosa muy distinta es matar civiles. Eso no lo haría jamás”, dijo.

El coronel Herrera era uno de los oficiales de mayor prestigio en las Fuerzas Militares y, de hecho, fue ayudante del Comando del Ejército y del general Mario Montoya. “Yo he presentado 53 muertos en combate y sólo uno de ellos ha sido cuestionado por la ONU”. A su turno, el general Paulino Coronado, conmocionado por la medida presidencial, dijo a su favor que “jamás cometería un acto irregular. Nunca lo he hecho ni lo haré. Ahora resulta que aparezco como el carnicero de Norte de Santander”. Sin embargo, la investigación adelantada por el general Suárez no lo deja muy bien parado. Y es curiosa la suerte que le ha tocado al general Suárez, un condecorado oficial con todos los méritos en su carrera militar, con unas muy frías relaciones con el general Montoya, que no obstante cuenta con la bendición de Padilla.

La purga sin antecedentes en el Ejército abrió una fuerte discusión en las filas castrenses por la llamada línea guerrerista, encabezada por el general Montoya, que privilegiaba el número de positivos militares sobre las deserciones y las capturas. Durante las últimas 96 horas se viene especulando sobre la inminente salida del general Montoya, versión que según fuentes de toda credibilidad, apunta hacia esa dirección. “El retiro de 27 de sus hombres es un mensaje implícito para él”, acotó un asesor del Presidente.

Pero si los hallazgos del Ejército fueron aterradores, la investigación de la Unidad de Derechos Humanos es aún más escalofriante. Los fiscales, bajo un esquema de investigación que incluía unificar patrones de conducta, ubicación geográfica y comportamientos sociales, establecieron que todos los reclutadores de jóvenes, sin excepción, eran desmovilizados de grupos paramilitares, tenían edades entre 20 y 30 años, eran amigos personales de las familias de los muchachos que se llevaron engañados y vivían en los mismos barrios de sus víctimas. Además, tenían contactos con suboficiales del Ejército que serían los encargados de suministrar los camuflados con los que los vestían. Y vienen capturas, según estableció El Espectador.

Los rumores van y vienen y los entendidos le echan la culpa de la descabezada de 27 militares al muy seguro escenario de una victoria presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, en lo que han denominado un efecto de ‘Obamabilidad’ que ya empieza a sentirse en las políticas del Ejecutivo. De cualquier manera, hasta en el mismo Gobierno se habla de que la decisión de Uribe constituye un haraquiri de la propia política de seguridad democrática, por cuanto queda al descubierto que la presión por los resultados sí trae efectos nocivos en la forma de entender la guerra por parte de las Fuerzas Armadas. “¿O usted no cree que el Presidente le puso una presión muy berraca al comandante de la IV División, cuando el jueves pasado le dijo al Ejército que si era capaz de capturar al Loco Barrera o era que lo estaba protegiendo?”, concluyó un alto oficial que anticipó no sólo cambios en la cúpula militar, sino que además se atrevió a prever una presión internacional sin tregua para las filas castrenses en lo que queda del segundo gobierno Uribe.

En palabras del Fiscal General

Para Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, el tema de las ejecuciones extrajudiciales hoy son prioridad en su agenda. Así lo ha manifestado en cada aparición pública que ha hecho, sobre todo luego del comunicado del Gobierno en el que se notificó la salida de 27 oficiales y suboficiales del Ejército.

Iguarán Arana expresó que, desde hace un año, en la Unidad de Derechos Humanos este asunto es de suma relevancia. Señaló que este equipo de trabajo tiene 690 investigaciones en curso, 90 más en las seccionales y ha proferido 247 medidas de aseguramiento que se han hecho efectivas en un 99%.

El Fiscal indicó que, de comprobarse que ésta es una práctica sistematizada, la Corte Penal Internacional podría intervenir por tratarse de crímenes de lesa humanidad, e instó al Gobierno a revisar las políticas que se han promovido para obtener positivos. Sugerencia que ha causado gran polémica en los pasillos de la Casa de Nariño.