“Haremos hasta lo imposible para que Mancuso cumpla sus penas en Colombia”: Miguel Ceballos

La semana pasada, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, generó gran polémica tras afirmar que, de ser necesario, llevaría el caso de Salvatore Mancuso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La polémica radicaba en que esta es una instancia que tiene competencia para juzgar Estados y no personas. En entrevista con El Espectador, el alto funcionario del gobierno Duque explicó por qué para él esta posibilidad sí es viable. Se refirió en detalle a todo lo que ha hecho el Gobierno para tratar de traer de regreso a Mancuso al país y, además, habló de la oleada de masacres y defendió la decisión oficial de referirse a ellas como homicidios colectivos.

Empecemos por el tema que la semana pasada dio tanta polémica: la propuesta de llevar el caso de Salvatore Mancuso ante el Tribunal Europeo. Ese Tribunal se ocupa solo de procesos contra estados que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a usted le llovieron críticas por su idea. ¿A qué se refería?

Agradezco la pregunta porque siempre en el análisis del sistema internacional de protección de los derechos humanos hay que ver todas las perspectivas. Si usted analiza, las críticas que se han manifestado contra la necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han quedado en un análisis superficial sobre algo que, por supuesto, es obvio. Yo he sido profesor de derechos humanos por más de 20 años, es obvio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias vincula a Estados. (El camino que Salvatore Mancuso ha trazado en busca de llegar a Italia)

A lo que me estoy refiriendo es al sistema de queja individual que hace parte de la Convención Europea de Derechos Humanos y en su protocolo 11 del año 1998, que establece la posibilidad de que un individuo o grupo de individuos, que aleguen que la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido violada, puedan recurrir a través del sistema de queja individual al Tribunal. Este procedimiento, hasta antes de 1998, se hacía a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos pero, como todos los expertos conocen, la Comisión fue eliminada y, ahora, el acceso al Tribunal Europeo se puede hacer de manera directa.

Algunos interpretaron como superficial mi aseveración, pero les quiero explicar por qué no lo es. Si un país europeo que haga parte de la Convención Europea de Derechos Humanos falla en su obligación de garantizar que sea investigada y juzgada una persona que ha cometido delitos que pueden ser considerados violatorios de la Convención, ese caso podrá ser llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien sea por el sistema de queja individual, previsto en el artículo 34, o por el sistema de demandas entre Estados, previsto en el artículo 33.

En ese sentido, es perfectamente viable que el caso del señor Mancuso, agotando todos los requisitos de procedibilidad y de vías internas, pueda llegar al Tribunal Europeo de Derechos humanos. Por supuesto, en el contexto de que sea un Estado que falle en su obligación de proteger y defender el contenido de la Convención. Por otro lado, hay un antecedente que preocupa mucho a Colombia y es el de Yair Klein que, en el año 2007 fue detenido en Rusia e iba a ser extraditado a Colombia, pero, desafortunadamente, no se produjo esa extradición. (El atropellado proceso para que Salvatore Mancuso regrese a Colombia)

¿Qué les preocupa del antecedente de Klein, en particular?

Hay que recordar que Yair Klein fue condenado por un juez colombiano en Manizales, por haber entrenado grupos paramilitares. Esa persona había sido capturada por solicitud del gobierno colombiano en Rusia, iba a ser extraditado a Colombia. Sin embargo, él acudió, a través del sistema de queja individual, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que sus derechos serían violados y el Tribunal consideró válida la petición, le pidió a Rusia que lo dejara libre y Klein regresó a su país de origen, que es Israel.

Dos características importantes: que la petición la hizo un ciudadano no europeo como Yair Klein y la hizo porque Rusia hace parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, aun sin ser miembro de la Unión Europea porque, como saben los expertos en derechos humanos, los miembros de la Convención Europea no solo son los 28 miembros de la Unión, sino aquellos países que hacen parte del Consejo Europeo y ahí está incluido Rusia.

Eso nos lleva a pensar que debemos evitar al máximo la posibilidad de que se repita el caso Klein, más porque se trata de un ciudadano italiano como es el señor Mancuso, quien podría recurrir al Tribunal en caso de que él lo sintiera necesario. Como Estado recurriremos al apoyo y cooperación de otros Estados para llevar el caso ante el Tribunal Europeo, si ese fuera el caso, es decir, si se fallara por parte de los miembros de la Convención Europea en investigar y juzgar los crímenes por los cuales muchas víctimas podrían reclamar.

Usted nos está hablando de dos escenarios distintos. Entonces, aclaremos: ¿están pensando en presentar un caso contra algún Estado europeo por el tema Mancuso?

Es que no hay otra manera. Las personas que saben de derechos humanos, tal vez de muy buena fe, criticaron mi posición, pero, por supuesto, que la queja individual está dirigida a cualquier Estado que falle en su obligación de respetar la Convención.

¿Contra qué Estado están pensando presentar un caso?

Contra ninguno, por ahora, porque no se ha concretado la presencia de Mancuso en ningún Estado europeo, pero así él entre a un solo Estado estaría bajo el cobijo de la Unión Europea.

Entonces, si por ejemplo, el 4 de septiembre próximo Mancuso es deportado a Italia, y ese país hace caso omiso a las circulares rojas de Interpol, ¿ustedes presentarían un caso ante el Tribunal contra Italia?

No, porque estamos hablando del escenario de queja individual y en ese escenario cualquier víctima o grupo de víctimas de Colombia podría recurrir al Tribunal solicitando que Italia proceda a cumplir sus responsabilidades con la Convención. Pero es un sistema de queja individual. El otro sistema es el que provee la propia Convención (la presentación de un caso) que es el que vemos muy remoto porque sabemos y entendemos que Italia es un gran colaborador y cooperante en materia de justicia con Colombia, como lo ha demostrado desde hace muchos años. (Salvatore Mancuso, entre una cárcel en Colombia o su plan de irse a Italia)

Los grupos de víctimas pueden instaurar ese tipo de acciones (la queja individual). ¿Esa es una opción que el Gobierno también considera?

Yo lo dije claramente en mi declaración oficial: el sistema de queja individual sería coadyuvado por el Gobierno Nacional, pero el sistema de queja individual es individual, no estatal, y en ese sentido haremos todos los esfuerzos para apoyar a las víctimas individuales o colectivas para que puedan acceder a ese Tribunal.

Entonces, ¿es una invitación a las víctimas para que sepan que ese recurso existe y que el Gobierno estaría dispuesto a apoyarlo si se requiriera?

No, es una invitación, una sensibilización y una información que las víctimas tienen derecho a saber y es que pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vía de la queja individual.

¿Ustedes confían en que Italia hará lo propio si Mancuso llega allá?

Por supuesto. Italia ha sido un país que ha venido colaborando activamente con Colombia, como parte de la cooperación internacional y ha hecho valer el tratado internacional de Interpol. Hay que recordar que las circulares rojas de Interpol son noticias internacionales que activan la labor de la Policía internacional y de todas sus oficinas en el mundo y, si el señor Mancuso pisa Italia, no solamente estará en Italia, sino en todo el sistema legal Europeo, pudiendo movilizarse por todo el territorio. Por eso es tan importante la emisión de las tres circulares rojas que ya fueron publicadas en la página web de interpol, porque comprometen la responsabilidad de los 194 Estados que hacen parte del tratado, dentro de los cuales están los países europeos. (JEP asegura que Salvatore Mancuso puede ser extraditado a Colombia)

En ese escenario, ¿el Gobierno insiste en la posición de que no ha habido ningún error en el proceso de solicitud de extradición de Mancuso?

La solicitud de extradición es un proceso en el cual intervienen varias autoridades del Estado, entre ellas, la rama Judicial, que es la que solicita la extradición. Quien solicita la extradición siempre es un magistrado o juez y quien tramita esa solicitud para que llegue a una autoridad judicial en otro país es el Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es un proceso en el que hay una corresponsabilidad, por un lado, de los jueces y, por otro, del Ejecutivo. Desde la contraparte, que en este caso serían los Estados Unidos, también es un proceso en el cual intervienen autoridades del Ejecutivo, es decir, el Departamento de Estado, que hace un trabajo similar a la Cancillería nuestra. Después, pasa al Departamento de Justicia, que hace llegar a los jueces competentes en Estados Unidos la solicitud. En ese proceso intervienen cinco autoridades distintas y todas son corresponsables del trámite.

En lo que corresponde a las responsabilidades del Gobierno colombiano, como lo hemos expresado por escrito con la canciller (Claudia Blum) y el ministro de Justicia encargado (Javier Sarmiento), se han cumplido todos los requerimientos de los Tribunales Superiores de Barranquilla y Bogotá y de los jueces penales de ejecución de penas. Los posibles defectos que se hayan podido cometer en decisiones judiciales con respecto a las solicitudes de extradición de Mancuso, han sido corregidos por el propio Tribunal de Bogotá, quien revocó la decisión de un juez penal de cumplimiento de sentencias que consideraba que la orden de captura para Mancuso debería ser revocada porque había cumplido la pena relacionada con los delitos que se le inculcaban, de acuerdo con ese juez. (Alias “Boliche”, el delator de Alex Saab, de Mancuso y de Carlos Castaño)

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá corrigió el error y en 11 de agosto pasado revocó la decisión de ese juez reactivando la orden de captura contra Mancuso, lo cual permitió a la Cancillería y al Ministerio de Justicia radicar de nuevo la solicitud de extradición. El defecto que existía en la decisión inicial fue corregido por la propia rama Judicial. Los otros dos casos de solicitud de extradición no han sido respondidos oficialmente de manera negativa por parte de las autoridades de Estados Unidos, por tanto, seguimos a la espera de que esas autoridades nos confirmen si concederán o no la extradición. Pero los trámites, tanto de la justicia colombiana, como del Ejecutivo, han venido siguiendo los parámetros que corresponde.

Pero, si al Ministerio de Justicia le llega una petición tan importante como esta, ¿no cree que debió hacerle un acompañamiento más detallado? Sobre todo si el caso es tan importante para el Gobierno, como el propio presidente Iván Duque ha manifestado.

De hecho, lo hizo y hay una demostración clara: la solicitud de extradición que fue denegada, a la cual me referí. El error que se cometió fue descubierto después de que ya se había hecho esa solicitud de extradición, porque la decisión del juez fue tomada con posterioridad a la verificación de los requisitos iniciales de extradición y, en el momento en que se solicitó, no había ninguna irregularidad. El Ministerio ha actuado con diligencia y efectividad, de acuerdo con la información que hemos recibido nosotros desde la oficina.

Pero sí quiero aprovechar para manifestar una preocupación que nos expresó el Tribunal Superior de Barranquilla con funciones de Justicia y Paz y es que, a partir del año 2015, empezó un gran represamiento de las audiencias a Salvatore Mancuso, que en su momento alegó el Tribunal y que solamente cesó por la intervención del Ministerio de Justicia cuando logró que se reactivaran plenamente las audiencias en el año 2019. Este gobierno carga un lastre de varios años de represamiento, como lo ha expresado el propio Tribunal. (La convivir de Salvatore Mancuso: militares, ganaderos y armas refundidas)

¿Están preocupados de que Mancuso no regrese a Colombia?

No solamente preocupados, sino que haremos hasta lo imposible para que Mancuso cumpla sus penas y sus condenas en Colombia. De acuerdo con la información que nos han suministrado los Tribunales de Justicia y Paz, Mancuso aún tiene pendiente el 50 % de los delitos que contra él cursan para ser juzgados. En ese sentido, el deber y la obligación de nuestro país y Gobierno es agotar todos los esfuerzos y canales del derecho interno y el internacional para que Mancuso regrese a Colombia y responda, no solamente frente a las 24 sentencias que ya están en firme en Justicia y Paz, sino frente a las otras acusaciones por delitos que en los que todavía tiene pendiente el juzgamiento en más de 50% de los crímenes que cometió.

¿Ya se sabe cuánto del tiempo que Mancuso ha estado detenido le reconocerían como parte de la pena alternativa de Justicia y Paz?

Esa pregunta se la hicimos a los Tribunales de Justicia y Paz y la respuesta es clara: no hay ninguna decisión sobre ese aspecto y, en este momento, no habría ningún tipo de compensación oficialmente declarada por un juez, por la pena cumplida en los Estados Unidos.

Más allá del procedimiento reglamentario de cuando se piden las extradiciones, ¿han evaluado si no les falló la estrategia diplomática para hacer hincapié en este tema?

Hay que recordar que este es un proceso que lleva más de 12 años y la estrategia diplomática no es solo de un gobierno, sino de muchos. En ese sentido, señalar o tratar de argumentar que es este Gobierno fue el que falló en una estrategia diplomática sería injusto y no responde a la realidad porque muchas de las gestiones diplomáticas son reservadas.

Pasando a otro de los temas de más relevancia en este momento, ¿desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cómo ven la problemática de las masacres?

El 12 de agosto pasado, el presidente de la República lideró la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue creada en virtud de los Acuerdos de Paz, para el diseño y seguimiento a una política de desmantelamiento de los grupos armados. Desde ese punto de vista y por la solicitud de los miembros de la Comisión, entre los que hay representantes de derechos humanos y expertos de la sociedad civil, hemos venido trabajando en Tumaco y, la semana pasada, en Montería. (La masacre de Samaniego fue contra un equipo de fútbol)

El objetivo es articular y coordinar la acción del Estado para trabajar en la desarticulación de los grupos armados. De las 13 estructuras que operan en Nariño, ocho son disidencias de las Farc, cuatro son del Eln y una del Clan del Golfo. En ese sentido, la Comisión identifica a los grupos activos en la región y convoca a los Ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Procuraduría, Personería y a la sociedad civil para que trabajemos en el combate de los grupos que están generando los homicidios colectivos. Utilizo esa palabra porque la Fiscalía no utiliza como tipo penal el término masacre, porque no existe en el Código Penal.

Explíqueme eso, por favor: ¿ustedes decidieron adoptar ese término porque así se los recomendó la Fiscalía?

No, es porque la Fiscalía no puede aplicar un tipo penal inexistente, entonces como autoridad del Estado no podemos utilizar un término distinto a que se utiliza en los procesos penales.

Pero la Fiscalía no va a dejar de investigar y procesar a nadie porque ustedes hablen de masacres y, políticamente, les ha generado un costo muy alto que estén hablando de “crímenes colectivos”.

Nosotros nos apegamos al sistema legal y penal colombiano y se utiliza la palabra homicidio colectivo u homicidio en concurso homogéneo.

Sobre las disidencias ¿qué está haciendo la Comisión o el Grupo de Desmantelamiento de la Fiscalía que también tiene que rendirles cuentas a la Comisión?

La Fiscalía ha informado sobre la captura de más de 530 miembros de grupos armados que están afectando a líderes y lideresas sociales y ha avanzado en una cantidad de casos en ese sentido. La Fiscalía es un ente autónomo del Gobierno y está adelantando una serie de esclarecimientos que supera el 50 %. (Radiografía de las disidencias de las Farc)

¿Cree que la Fiscalía está haciendo un trabajo orientado al desmantelamiento de estos grupos?

Estamos absolutamente seguros de que ese trabajo se está haciendo con éxito. El desmantelamiento incluye, no solo la captura de sus cabecillas, sino la desarticulación de la organización. El presidente expidió el Decreto 965 del 7 de julio de 2020, en virtud del cual se crea una ruta que no existía para los grupos armados organizados, con el propósito de que hagan tránsito a la legalidad porque, no olvidemos que ellos son seres humanos y ciudadanos, y pueden tomar la decisión de reinsertarse a la vida civil. Esa ruta establece beneficios de carácter jurídico y socioeconómico.

¿Cómo entiende uno, desde afuera, que sí se está trabajando en el desmantelamiento de nuevos grupos armados organizados, cuando lo que se ve es su expansión por todo el país?

Ese es uno de los tristes desarrollos de que una gran parte de las Farc no haya tomado el camino de los Acuerdos. Toda Colombia sabe que las disidencias se crearon en el mismo momento en que una parte de las Farc no quiso firmar los Acuerdos de la Habana y la explicación de que haya cada vez más grupos es la atomización de esas disidencias.

En Nariño hay ocho estructuras de las disidencias, entre ellas el Frente Óliver Sinisterra, Guerrillas Unificadas del Pacífico, Antiguo Frente 30, Contadores, y todas son atomizaciones de grupos que eran más grandes, porque todos quieren controlar las rutas del narcotráfico y, a medida que se van capturando más miembros, se reciclan con la idea de seguir con ese control. Por eso, a pesar de que sea exitoso el Estado en capturar a estas personas, la propia dinámica del narcotráfico y del control de las rutas hacen que esa atomización genere nuevos grupos con una terrible acción violenta que afecta a los ciudadanos.

Por último, ¿es cierto que usted se va del Gobierno?

Las decisiones sobre quién permanece en el gobierno son del resorte del presidente Duque y no hay ninguna razón por la cual pueda deducir que me voy del Gobierno.

Pero, ¿presentó carta de renuncia?

De ninguna manera, sigo adelantando todas las labores que tienen relación con mi cargo hasta cuando el presidente considere que deba seguir.

La semana pasada, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, generó gran polémica tras afirmar que, de ser necesario, llevaría el caso de Salvatore Mancuso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La polémica radicaba en que esta es una instancia que tiene competencia para juzgar Estados y no personas. En entrevista con El Espectador, el alto funcionario del gobierno Duque explicó por qué para él esta posibilidad sí es viable. Se refirió en detalle a todo lo que ha hecho el Gobierno para tratar de traer de regreso a Mancuso al país y, además, habló de la oleada de masacres y defendió la decisión oficial de referirse a ellas como homicidios colectivos.

Empecemos por el tema que la semana pasada dio tanta polémica: la propuesta de llevar el caso de Salvatore Mancuso ante el Tribunal Europeo. Ese Tribunal se ocupa solo de procesos contra estados que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a usted le llovieron críticas por su idea. ¿A qué se refería?

Agradezco la pregunta porque siempre en el análisis del sistema internacional de protección de los derechos humanos hay que ver todas las perspectivas. Si usted analiza, las críticas que se han manifestado contra la necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han quedado en un análisis superficial sobre algo que, por supuesto, es obvio. Yo he sido profesor de derechos humanos por más de 20 años, es obvio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias vincula a Estados. (El camino que Salvatore Mancuso ha trazado en busca de llegar a Italia)

A lo que me estoy refiriendo es al sistema de queja individual que hace parte de la Convención Europea de Derechos Humanos y en su protocolo 11 del año 1998, que establece la posibilidad de que un individuo o grupo de individuos, que aleguen que la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido violada, puedan recurrir a través del sistema de queja individual al Tribunal. Este procedimiento, hasta antes de 1998, se hacía a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos pero, como todos los expertos conocen, la Comisión fue eliminada y, ahora, el acceso al Tribunal Europeo se puede hacer de manera directa.

Algunos interpretaron como superficial mi aseveración, pero les quiero explicar por qué no lo es. Si un país europeo que haga parte de la Convención Europea de Derechos Humanos falla en su obligación de garantizar que sea investigada y juzgada una persona que ha cometido delitos que pueden ser considerados violatorios de la Convención, ese caso podrá ser llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien sea por el sistema de queja individual, previsto en el artículo 34, o por el sistema de demandas entre Estados, previsto en el artículo 33.

En ese sentido, es perfectamente viable que el caso del señor Mancuso, agotando todos los requisitos de procedibilidad y de vías internas, pueda llegar al Tribunal Europeo de Derechos humanos. Por supuesto, en el contexto de que sea un Estado que falle en su obligación de proteger y defender el contenido de la Convención. Por otro lado, hay un antecedente que preocupa mucho a Colombia y es el de Yair Klein que, en el año 2007 fue detenido en Rusia e iba a ser extraditado a Colombia, pero, desafortunadamente, no se produjo esa extradición. (El atropellado proceso para que Salvatore Mancuso regrese a Colombia)

¿Qué les preocupa del antecedente de Klein, en particular?

Hay que recordar que Yair Klein fue condenado por un juez colombiano en Manizales, por haber entrenado grupos paramilitares. Esa persona había sido capturada por solicitud del gobierno colombiano en Rusia, iba a ser extraditado a Colombia. Sin embargo, él acudió, a través del sistema de queja individual, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que sus derechos serían violados y el Tribunal consideró válida la petición, le pidió a Rusia que lo dejara libre y Klein regresó a su país de origen, que es Israel.

Dos características importantes: que la petición la hizo un ciudadano no europeo como Yair Klein y la hizo porque Rusia hace parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, aun sin ser miembro de la Unión Europea porque, como saben los expertos en derechos humanos, los miembros de la Convención Europea no solo son los 28 miembros de la Unión, sino aquellos países que hacen parte del Consejo Europeo y ahí está incluido Rusia.

Eso nos lleva a pensar que debemos evitar al máximo la posibilidad de que se repita el caso Klein, más porque se trata de un ciudadano italiano como es el señor Mancuso, quien podría recurrir al Tribunal en caso de que él lo sintiera necesario. Como Estado recurriremos al apoyo y cooperación de otros Estados para llevar el caso ante el Tribunal Europeo, si ese fuera el caso, es decir, si se fallara por parte de los miembros de la Convención Europea en investigar y juzgar los crímenes por los cuales muchas víctimas podrían reclamar.

Usted nos está hablando de dos escenarios distintos. Entonces, aclaremos: ¿están pensando en presentar un caso contra algún Estado europeo por el tema Mancuso?

Es que no hay otra manera. Las personas que saben de derechos humanos, tal vez de muy buena fe, criticaron mi posición, pero, por supuesto, que la queja individual está dirigida a cualquier Estado que falle en su obligación de respetar la Convención.

¿Contra qué Estado están pensando presentar un caso?

Contra ninguno, por ahora, porque no se ha concretado la presencia de Mancuso en ningún Estado europeo, pero así él entre a un solo Estado estaría bajo el cobijo de la Unión Europea.

Entonces, si por ejemplo, el 4 de septiembre próximo Mancuso es deportado a Italia, y ese país hace caso omiso a las circulares rojas de Interpol, ¿ustedes presentarían un caso ante el Tribunal contra Italia?

No, porque estamos hablando del escenario de queja individual y en ese escenario cualquier víctima o grupo de víctimas de Colombia podría recurrir al Tribunal solicitando que Italia proceda a cumplir sus responsabilidades con la Convención. Pero es un sistema de queja individual. El otro sistema es el que provee la propia Convención (la presentación de un caso) que es el que vemos muy remoto porque sabemos y entendemos que Italia es un gran colaborador y cooperante en materia de justicia con Colombia, como lo ha demostrado desde hace muchos años. (Salvatore Mancuso, entre una cárcel en Colombia o su plan de irse a Italia)

Los grupos de víctimas pueden instaurar ese tipo de acciones (la queja individual). ¿Esa es una opción que el Gobierno también considera?

Yo lo dije claramente en mi declaración oficial: el sistema de queja individual sería coadyuvado por el Gobierno Nacional, pero el sistema de queja individual es individual, no estatal, y en ese sentido haremos todos los esfuerzos para apoyar a las víctimas individuales o colectivas para que puedan acceder a ese Tribunal.

Entonces, ¿es una invitación a las víctimas para que sepan que ese recurso existe y que el Gobierno estaría dispuesto a apoyarlo si se requiriera?

No, es una invitación, una sensibilización y una información que las víctimas tienen derecho a saber y es que pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vía de la queja individual.

¿Ustedes confían en que Italia hará lo propio si Mancuso llega allá?

Por supuesto. Italia ha sido un país que ha venido colaborando activamente con Colombia, como parte de la cooperación internacional y ha hecho valer el tratado internacional de Interpol. Hay que recordar que las circulares rojas de Interpol son noticias internacionales que activan la labor de la Policía internacional y de todas sus oficinas en el mundo y, si el señor Mancuso pisa Italia, no solamente estará en Italia, sino en todo el sistema legal Europeo, pudiendo movilizarse por todo el territorio. Por eso es tan importante la emisión de las tres circulares rojas que ya fueron publicadas en la página web de interpol, porque comprometen la responsabilidad de los 194 Estados que hacen parte del tratado, dentro de los cuales están los países europeos. (JEP asegura que Salvatore Mancuso puede ser extraditado a Colombia)

En ese escenario, ¿el Gobierno insiste en la posición de que no ha habido ningún error en el proceso de solicitud de extradición de Mancuso?

La solicitud de extradición es un proceso en el cual intervienen varias autoridades del Estado, entre ellas, la rama Judicial, que es la que solicita la extradición. Quien solicita la extradición siempre es un magistrado o juez y quien tramita esa solicitud para que llegue a una autoridad judicial en otro país es el Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es un proceso en el que hay una corresponsabilidad, por un lado, de los jueces y, por otro, del Ejecutivo. Desde la contraparte, que en este caso serían los Estados Unidos, también es un proceso en el cual intervienen autoridades del Ejecutivo, es decir, el Departamento de Estado, que hace un trabajo similar a la Cancillería nuestra. Después, pasa al Departamento de Justicia, que hace llegar a los jueces competentes en Estados Unidos la solicitud. En ese proceso intervienen cinco autoridades distintas y todas son corresponsables del trámite.

En lo que corresponde a las responsabilidades del Gobierno colombiano, como lo hemos expresado por escrito con la canciller (Claudia Blum) y el ministro de Justicia encargado (Javier Sarmiento), se han cumplido todos los requerimientos de los Tribunales Superiores de Barranquilla y Bogotá y de los jueces penales de ejecución de penas. Los posibles defectos que se hayan podido cometer en decisiones judiciales con respecto a las solicitudes de extradición de Mancuso, han sido corregidos por el propio Tribunal de Bogotá, quien revocó la decisión de un juez penal de cumplimiento de sentencias que consideraba que la orden de captura para Mancuso debería ser revocada porque había cumplido la pena relacionada con los delitos que se le inculcaban, de acuerdo con ese juez. (Alias “Boliche”, el delator de Alex Saab, de Mancuso y de Carlos Castaño)

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá corrigió el error y en 11 de agosto pasado revocó la decisión de ese juez reactivando la orden de captura contra Mancuso, lo cual permitió a la Cancillería y al Ministerio de Justicia radicar de nuevo la solicitud de extradición. El defecto que existía en la decisión inicial fue corregido por la propia rama Judicial. Los otros dos casos de solicitud de extradición no han sido respondidos oficialmente de manera negativa por parte de las autoridades de Estados Unidos, por tanto, seguimos a la espera de que esas autoridades nos confirmen si concederán o no la extradición. Pero los trámites, tanto de la justicia colombiana, como del Ejecutivo, han venido siguiendo los parámetros que corresponde.

Pero, si al Ministerio de Justicia le llega una petición tan importante como esta, ¿no cree que debió hacerle un acompañamiento más detallado? Sobre todo si el caso es tan importante para el Gobierno, como el propio presidente Iván Duque ha manifestado.

De hecho, lo hizo y hay una demostración clara: la solicitud de extradición que fue denegada, a la cual me referí. El error que se cometió fue descubierto después de que ya se había hecho esa solicitud de extradición, porque la decisión del juez fue tomada con posterioridad a la verificación de los requisitos iniciales de extradición y, en el momento en que se solicitó, no había ninguna irregularidad. El Ministerio ha actuado con diligencia y efectividad, de acuerdo con la información que hemos recibido nosotros desde la oficina.

Pero sí quiero aprovechar para manifestar una preocupación que nos expresó el Tribunal Superior de Barranquilla con funciones de Justicia y Paz y es que, a partir del año 2015, empezó un gran represamiento de las audiencias a Salvatore Mancuso, que en su momento alegó el Tribunal y que solamente cesó por la intervención del Ministerio de Justicia cuando logró que se reactivaran plenamente las audiencias en el año 2019. Este gobierno carga un lastre de varios años de represamiento, como lo ha expresado el propio Tribunal. (La convivir de Salvatore Mancuso: militares, ganaderos y armas refundidas)

¿Están preocupados de que Mancuso no regrese a Colombia?

No solamente preocupados, sino que haremos hasta lo imposible para que Mancuso cumpla sus penas y sus condenas en Colombia. De acuerdo con la información que nos han suministrado los Tribunales de Justicia y Paz, Mancuso aún tiene pendiente el 50 % de los delitos que contra él cursan para ser juzgados. En ese sentido, el deber y la obligación de nuestro país y Gobierno es agotar todos los esfuerzos y canales del derecho interno y el internacional para que Mancuso regrese a Colombia y responda, no solamente frente a las 24 sentencias que ya están en firme en Justicia y Paz, sino frente a las otras acusaciones por delitos que en los que todavía tiene pendiente el juzgamiento en más de 50% de los crímenes que cometió.

¿Ya se sabe cuánto del tiempo que Mancuso ha estado detenido le reconocerían como parte de la pena alternativa de Justicia y Paz?

Esa pregunta se la hicimos a los Tribunales de Justicia y Paz y la respuesta es clara: no hay ninguna decisión sobre ese aspecto y, en este momento, no habría ningún tipo de compensación oficialmente declarada por un juez, por la pena cumplida en los Estados Unidos.

Más allá del procedimiento reglamentario de cuando se piden las extradiciones, ¿han evaluado si no les falló la estrategia diplomática para hacer hincapié en este tema?

Hay que recordar que este es un proceso que lleva más de 12 años y la estrategia diplomática no es solo de un gobierno, sino de muchos. En ese sentido, señalar o tratar de argumentar que es este Gobierno fue el que falló en una estrategia diplomática sería injusto y no responde a la realidad porque muchas de las gestiones diplomáticas son reservadas.

Pasando a otro de los temas de más relevancia en este momento, ¿desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cómo ven la problemática de las masacres?

El 12 de agosto pasado, el presidente de la República lideró la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue creada en virtud de los Acuerdos de Paz, para el diseño y seguimiento a una política de desmantelamiento de los grupos armados. Desde ese punto de vista y por la solicitud de los miembros de la Comisión, entre los que hay representantes de derechos humanos y expertos de la sociedad civil, hemos venido trabajando en Tumaco y, la semana pasada, en Montería. (La masacre de Samaniego fue contra un equipo de fútbol)

El objetivo es articular y coordinar la acción del Estado para trabajar en la desarticulación de los grupos armados. De las 13 estructuras que operan en Nariño, ocho son disidencias de las Farc, cuatro son del Eln y una del Clan del Golfo. En ese sentido, la Comisión identifica a los grupos activos en la región y convoca a los Ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Procuraduría, Personería y a la sociedad civil para que trabajemos en el combate de los grupos que están generando los homicidios colectivos. Utilizo esa palabra porque la Fiscalía no utiliza como tipo penal el término masacre, porque no existe en el Código Penal.

Explíqueme eso, por favor: ¿ustedes decidieron adoptar ese término porque así se los recomendó la Fiscalía?

No, es porque la Fiscalía no puede aplicar un tipo penal inexistente, entonces como autoridad del Estado no podemos utilizar un término distinto a que se utiliza en los procesos penales.

Pero la Fiscalía no va a dejar de investigar y procesar a nadie porque ustedes hablen de masacres y, políticamente, les ha generado un costo muy alto que estén hablando de “crímenes colectivos”.

Nosotros nos apegamos al sistema legal y penal colombiano y se utiliza la palabra homicidio colectivo u homicidio en concurso homogéneo.

Sobre las disidencias ¿qué está haciendo la Comisión o el Grupo de Desmantelamiento de la Fiscalía que también tiene que rendirles cuentas a la Comisión?

La Fiscalía ha informado sobre la captura de más de 530 miembros de grupos armados que están afectando a líderes y lideresas sociales y ha avanzado en una cantidad de casos en ese sentido. La Fiscalía es un ente autónomo del Gobierno y está adelantando una serie de esclarecimientos que supera el 50 %. (Radiografía de las disidencias de las Farc)

¿Cree que la Fiscalía está haciendo un trabajo orientado al desmantelamiento de estos grupos?

Estamos absolutamente seguros de que ese trabajo se está haciendo con éxito. El desmantelamiento incluye, no solo la captura de sus cabecillas, sino la desarticulación de la organización. El presidente expidió el Decreto 965 del 7 de julio de 2020, en virtud del cual se crea una ruta que no existía para los grupos armados organizados, con el propósito de que hagan tránsito a la legalidad porque, no olvidemos que ellos son seres humanos y ciudadanos, y pueden tomar la decisión de reinsertarse a la vida civil. Esa ruta establece beneficios de carácter jurídico y socioeconómico.

¿Cómo entiende uno, desde afuera, que sí se está trabajando en el desmantelamiento de nuevos grupos armados organizados, cuando lo que se ve es su expansión por todo el país?

Ese es uno de los tristes desarrollos de que una gran parte de las Farc no haya tomado el camino de los Acuerdos. Toda Colombia sabe que las disidencias se crearon en el mismo momento en que una parte de las Farc no quiso firmar los Acuerdos de la Habana y la explicación de que haya cada vez más grupos es la atomización de esas disidencias.

En Nariño hay ocho estructuras de las disidencias, entre ellas el Frente Óliver Sinisterra, Guerrillas Unificadas del Pacífico, Antiguo Frente 30, Contadores, y todas son atomizaciones de grupos que eran más grandes, porque todos quieren controlar las rutas del narcotráfico y, a medida que se van capturando más miembros, se reciclan con la idea de seguir con ese control. Por eso, a pesar de que sea exitoso el Estado en capturar a estas personas, la propia dinámica del narcotráfico y del control de las rutas hacen que esa atomización genere nuevos grupos con una terrible acción violenta que afecta a los ciudadanos.

Por último, ¿es cierto que usted se va del Gobierno?

Las decisiones sobre quién permanece en el gobierno son del resorte del presidente Duque y no hay ninguna razón por la cual pueda deducir que me voy del Gobierno.

Pero, ¿presentó carta de renuncia?

De ninguna manera, sigo adelantando todas las labores que tienen relación con mi cargo hasta cuando el presidente considere que deba seguir.