¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?

¿Tenía Francisco Ricaurte tanto poder como asegura hoy la Fiscalía? Y si lo tenía, ¿hasta dónde llegó ese poder? Esas parecen ser las preguntas que todos los interesados en el peor escándalo que haya afrontado la justicia se hacen hoy, mientras Ricaurte pasa sus días y noches en la cárcel La Picota, mientras la Fiscalía avanza en las indagaciones en su contra para determinar si lo acusa o no. Concierto para delinquir agravado, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Esos son los cargos que enfrentaría de ser llamado a juicio. ¿Se convirtió Ricaurte, acaso, en un capo de la justicia? (Vea: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

El expresidente de la Corte Suprema le dijo a la jueza de su caso que no aceptaba los cargos endilgados. La Fiscalía insistió: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo, organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad administrativa pública y la recta impartición de justicia”. El defensor del exmagistrado, Álvaro Luna, le dijo a este diario que Ricaurte está muy afectado. “Él sostiene que es absolutamente inocente. Le creo por sus actuaciones, que no tienen quejas de ninguna naturaleza”. (Envían a La Picota al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte)

Ricaurte se habría aprovechado de su posición como magistrado para obtener información reservada sobre expedientes y usó esa información para su propio lucro, pidiéndoles dinero a personas investigadas por la Corte Suprema bajo la promesa de influir en su favor. No obstante, una de las hipótesis que manejan en ese alto tribunal es que Ricaurte conseguía información reservada que era evidencia de la Corte, sí, pero que su capacidad real de controlar los resultados de las investigaciones era mucho más limitada de lo que él, tal parece, les decía a sus “clientes”. (Lo que tiene la Fiscalía, hasta ahora, en contra de Ricaurte

Un aspecto importante que salió a flote en su audiencia de imputación fue el caso del fiscal delegado ante la Corte Alfredo Betín Sierra, quien supuestamente se prestó para ayudar a esta red de corrupción evitando investigaciones contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Lo que ese dato podría indicar es que, en el “portafolio de servicios” de Ricaurte, Bustos —quien tiene una indagación preliminar por estos hechos— y Gustavo Moreno, se incluía la intervención no sólo en decisiones de la Corte Suprema, sino también de la Fiscalía General de la Nación en la época de Eduardo Montealegre.

Betín, quien presentó su renuncia a la Fiscalía justo un día antes de que le imputaran cargos a Ricaurte, no tiene propiedades a su nombre. En 2015, un año antes de que el entonces presidente de la Corte, José Leonidas Bustos, dejara el alto tribunal, Betín se inscribió en el Consejo Superior de la Judicatura para sucederlo. El organismo, sin embargo, no incluyó su nombre en la lista de postulados ante la Corte. Hasta el miércoles pasado, Betín ejerció como fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, cargo en el que permaneció varios años y desde el cual, aseguró la Fiscalía, desvió investigaciones contra Abadía mientras pudo.

“Él ya estaba en la Fiscalía cuando yo llegué y una de mis políticas fue que casi el 50 % de los nombramientos que hice correspondieron a ascensos. La Fiscalía tiene en promedio dos millones de casos anuales. Me vine a enterar por los medios de comunicación sobre el tema de Abadía. Jamás hubo una instrucción de mi parte para que se engavetara un caso. Pongo las manos al fuego por la transparencia de mi administración”, dijo Eduardo Montealegre en entrevista con El Espectador. Betín es cartagenero y, dicen fuentes de la Fiscalía, era “cuota” de Ricaurte y de Gustavo Malo. Este último, a quien la Corte le pidió renunciar, se ausentó del tribunal toda la semana.

Hay otros nombres que probarían algo que se ha venido afirmando en círculos judiciales desde que este escándalo estalló: que los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte acumularon un enorme poder a través de la Fiscalía de Montealegre, especialmente desde la unidad de fiscales delegados ante la Corte. Fuentes que conocieron en detalle la estructura de esa administración señalan, por ejemplo, a Julio César Martínez, quien se posesionó en esa unidad en junio de 2014, cuando Montealegre llevaba dos años como fiscal. En 2010, el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago lo había retirado de la entidad.

Martínez fue quien, inicialmente, precluyó la investigación contra el excongresista conservador Luis Humberto Gómez Gallo por parapolítica. En 2010, la Corte Suprema reversó la determinación del fiscal Martínez, Gómez Gallo fue condenado en 2011 por sus nexos con grupos paramilitares del Tolima y murió por un infarto dos años más tarde. La Corte dejó consignado en documentos oficiales que el trabajo del fiscal Martínez en ese caso estuvo “alejado del rigor de las evidencias”, descontextualizado, incluso amañado. Por eso, pidió que fuera investigado por prevaricato. En 2015, cuando Montealegre aún era fiscal, Martínez salió del organismo y fue el notario 58 de Bogotá durante un año.

Otro de los nombres que estaría vinculado a este círculo de poder es Eberto Salomón Rodríguez, otro fiscal delegado ante la Corte Suprema, cuya esposa, Patricia Ladino, es fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Rodríguez es “amigo íntimo” del magistrado Eugenio Fernández Carlier, incluso es padrino de uno de sus hijos, como quedó consignado en el proceso ante la Corte de un hombre llamado Cristóbal González. “Me parece que él ya estaba en la Fiscalía, no estoy seguro. Tenía una hoja de vida muy importante. Se mantuvo en mi administración porque era un hombre muy serio”, expresó Montealegre.

Un nombre más que sería evidencia de la cercanía entre Ricaurte y Bustos con el exfiscal Montealegre ha sido ampliamente ventilado: Raúl Acero. Su hija, Verónica Acero, fue nombrada fiscal especializada. El propio Acero admitió en medios que compró un BMW a su nombre, pero que en realidad era de Bustos, y como recordó Daniel Coronell en su última columna, ese carro terminó en poder de Gustavo Moreno. Acero fue nombrado fiscal delegado ante la Corte Suprema por Guillermo Mendoza Diago, en diciembre de 2010, pero, en junio de 2016 el fiscal (e) Jorge Perdomo —vicefiscal de Montealegre— lo retiró.

El 1° de septiembre del año pasado, cuando Néstor Humberto Martínez llevaba un mes posesionado como fiscal general, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligó a la Fiscalía a reintegrar a Acero, quien había presentado una tutela alegando “condiciones precarias de salud” tras un tumor en el riñón derecho, ser el único sustento de su familia y estar a 150 semanas de conseguir la pensión. Antes de sacarlo, la Fiscalía de Perdomo le ofreció ser fiscal delegado ante jueces del circuito especializado, pero Acero arguyó que su nivel de vida sólo podía mantenerlo con el salario de un fiscal delegado ante la Corte.

“De Acero recuerdo que él había trabajado antes en la Fiscalía. Creo que después de su ingreso fue declarado insubsistente por Jorge Perdomo, porque en su consideración, él no estaba dando el rendimiento que se exigía para su cargo”, señaló Montealegre. “Ningún magistrado tenía cuotas en la fiscalía de Montealegre. Es absolutamente falso, quiero ser categórico en eso. Ningún magistrado de la Corte me exigió cuota alguna, incluyendo a Ricaurte y Bustos, que fueron muy respetuosos y jamás trataron de incidir en los nombramientos o en las decisiones de la Fiscalía”, afirmó el exfiscal general.

¿Tenía Francisco Ricaurte tanto poder como asegura hoy la Fiscalía? Y si lo tenía, ¿hasta dónde llegó ese poder? Esas parecen ser las preguntas que todos los interesados en el peor escándalo que haya afrontado la justicia se hacen hoy, mientras Ricaurte pasa sus días y noches en la cárcel La Picota, mientras la Fiscalía avanza en las indagaciones en su contra para determinar si lo acusa o no. Concierto para delinquir agravado, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Esos son los cargos que enfrentaría de ser llamado a juicio. ¿Se convirtió Ricaurte, acaso, en un capo de la justicia? (Vea: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

El expresidente de la Corte Suprema le dijo a la jueza de su caso que no aceptaba los cargos endilgados. La Fiscalía insistió: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo, organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad administrativa pública y la recta impartición de justicia”. El defensor del exmagistrado, Álvaro Luna, le dijo a este diario que Ricaurte está muy afectado. “Él sostiene que es absolutamente inocente. Le creo por sus actuaciones, que no tienen quejas de ninguna naturaleza”. (Envían a La Picota al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte)

Ricaurte se habría aprovechado de su posición como magistrado para obtener información reservada sobre expedientes y usó esa información para su propio lucro, pidiéndoles dinero a personas investigadas por la Corte Suprema bajo la promesa de influir en su favor. No obstante, una de las hipótesis que manejan en ese alto tribunal es que Ricaurte conseguía información reservada que era evidencia de la Corte, sí, pero que su capacidad real de controlar los resultados de las investigaciones era mucho más limitada de lo que él, tal parece, les decía a sus “clientes”. (Lo que tiene la Fiscalía, hasta ahora, en contra de Ricaurte

Un aspecto importante que salió a flote en su audiencia de imputación fue el caso del fiscal delegado ante la Corte Alfredo Betín Sierra, quien supuestamente se prestó para ayudar a esta red de corrupción evitando investigaciones contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Lo que ese dato podría indicar es que, en el “portafolio de servicios” de Ricaurte, Bustos —quien tiene una indagación preliminar por estos hechos— y Gustavo Moreno, se incluía la intervención no sólo en decisiones de la Corte Suprema, sino también de la Fiscalía General de la Nación en la época de Eduardo Montealegre.

Betín, quien presentó su renuncia a la Fiscalía justo un día antes de que le imputaran cargos a Ricaurte, no tiene propiedades a su nombre. En 2015, un año antes de que el entonces presidente de la Corte, José Leonidas Bustos, dejara el alto tribunal, Betín se inscribió en el Consejo Superior de la Judicatura para sucederlo. El organismo, sin embargo, no incluyó su nombre en la lista de postulados ante la Corte. Hasta el miércoles pasado, Betín ejerció como fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, cargo en el que permaneció varios años y desde el cual, aseguró la Fiscalía, desvió investigaciones contra Abadía mientras pudo.

“Él ya estaba en la Fiscalía cuando yo llegué y una de mis políticas fue que casi el 50 % de los nombramientos que hice correspondieron a ascensos. La Fiscalía tiene en promedio dos millones de casos anuales. Me vine a enterar por los medios de comunicación sobre el tema de Abadía. Jamás hubo una instrucción de mi parte para que se engavetara un caso. Pongo las manos al fuego por la transparencia de mi administración”, dijo Eduardo Montealegre en entrevista con El Espectador. Betín es cartagenero y, dicen fuentes de la Fiscalía, era “cuota” de Ricaurte y de Gustavo Malo. Este último, a quien la Corte le pidió renunciar, se ausentó del tribunal toda la semana.

Hay otros nombres que probarían algo que se ha venido afirmando en círculos judiciales desde que este escándalo estalló: que los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte acumularon un enorme poder a través de la Fiscalía de Montealegre, especialmente desde la unidad de fiscales delegados ante la Corte. Fuentes que conocieron en detalle la estructura de esa administración señalan, por ejemplo, a Julio César Martínez, quien se posesionó en esa unidad en junio de 2014, cuando Montealegre llevaba dos años como fiscal. En 2010, el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago lo había retirado de la entidad.

Martínez fue quien, inicialmente, precluyó la investigación contra el excongresista conservador Luis Humberto Gómez Gallo por parapolítica. En 2010, la Corte Suprema reversó la determinación del fiscal Martínez, Gómez Gallo fue condenado en 2011 por sus nexos con grupos paramilitares del Tolima y murió por un infarto dos años más tarde. La Corte dejó consignado en documentos oficiales que el trabajo del fiscal Martínez en ese caso estuvo “alejado del rigor de las evidencias”, descontextualizado, incluso amañado. Por eso, pidió que fuera investigado por prevaricato. En 2015, cuando Montealegre aún era fiscal, Martínez salió del organismo y fue el notario 58 de Bogotá durante un año.

Otro de los nombres que estaría vinculado a este círculo de poder es Eberto Salomón Rodríguez, otro fiscal delegado ante la Corte Suprema, cuya esposa, Patricia Ladino, es fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Rodríguez es “amigo íntimo” del magistrado Eugenio Fernández Carlier, incluso es padrino de uno de sus hijos, como quedó consignado en el proceso ante la Corte de un hombre llamado Cristóbal González. “Me parece que él ya estaba en la Fiscalía, no estoy seguro. Tenía una hoja de vida muy importante. Se mantuvo en mi administración porque era un hombre muy serio”, expresó Montealegre.

Un nombre más que sería evidencia de la cercanía entre Ricaurte y Bustos con el exfiscal Montealegre ha sido ampliamente ventilado: Raúl Acero. Su hija, Verónica Acero, fue nombrada fiscal especializada. El propio Acero admitió en medios que compró un BMW a su nombre, pero que en realidad era de Bustos, y como recordó Daniel Coronell en su última columna, ese carro terminó en poder de Gustavo Moreno. Acero fue nombrado fiscal delegado ante la Corte Suprema por Guillermo Mendoza Diago, en diciembre de 2010, pero, en junio de 2016 el fiscal (e) Jorge Perdomo —vicefiscal de Montealegre— lo retiró.

El 1° de septiembre del año pasado, cuando Néstor Humberto Martínez llevaba un mes posesionado como fiscal general, el Consejo de Estado dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligó a la Fiscalía a reintegrar a Acero, quien había presentado una tutela alegando “condiciones precarias de salud” tras un tumor en el riñón derecho, ser el único sustento de su familia y estar a 150 semanas de conseguir la pensión. Antes de sacarlo, la Fiscalía de Perdomo le ofreció ser fiscal delegado ante jueces del circuito especializado, pero Acero arguyó que su nivel de vida sólo podía mantenerlo con el salario de un fiscal delegado ante la Corte.

“De Acero recuerdo que él había trabajado antes en la Fiscalía. Creo que después de su ingreso fue declarado insubsistente por Jorge Perdomo, porque en su consideración, él no estaba dando el rendimiento que se exigía para su cargo”, señaló Montealegre. “Ningún magistrado tenía cuotas en la fiscalía de Montealegre. Es absolutamente falso, quiero ser categórico en eso. Ningún magistrado de la Corte me exigió cuota alguna, incluyendo a Ricaurte y Bustos, que fueron muy respetuosos y jamás trataron de incidir en los nombramientos o en las decisiones de la Fiscalía”, afirmó el exfiscal general.