El canciller Álvaro Leyva aseguró en las últimas horas que cumplirá la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría, pero que lo hará cuando el presidente Gustavo Petro nombre su reemplazo. Leyva fue sancionado dentro del caso que se adelanta en su contra por la licitación para la fabricación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.
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El anuncio lo hizo a través de una carta que envió su abogado Yefferson Mauricio Dueñas al procurador Ernesto Jesús Espinosa. En el documento, el abogado argumenta que es el presidente Gustavo Petro a quien le corresponde nombrar el reemplazo de Leyva, para garantizar el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hecho que la misma Procuraduría expuso, según el abogado, en la decisión contra el canciller.
“De seguro comprenderá usted que el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia, que por demás es en estos momentos objeto de consulta ante la señora Procuradora General de la Nación, hace imprescindible la coordinación de diversas funciones con miras a garantizar eso mismo que la Sala Disciplinaria exigió: la garantía en la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones de la Cancillería”, dice la carta.
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Leyva fue sancionado por la Procuraduría, en primer lugar, porque la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. En ese contexto, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
El segundo punto está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato: Thomas Greg & Sons.
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Luego de la decisión de la Procuraduría, el abogado de Leyva envió otra carta la Procuraduría en la que pidió a la jefe del ente de control declararse impedida dentro del caso. De acuerdo con el documento de 22 páginas, la decisión de la Procuraduría en contra de Leyva debe ser revocada de inmediato, ya que los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, según dicen, no estaba bien fundamentada y pondría en riesgo la seguridad del Estado.
De acuerdo con lo escrito en el documento por el abogado Yefferson Dueñas, antes de que el canciller Leyva pudiera ejercer su defensa, lo que, según dice, era “garantía del proceso disciplinario y no una simple formalidad, la Sala ya había sentado su posición con repercusiones gravísimas para él que era conocida por toda la sociedad”. De acuerdo con Dueñas, si Leyva hubiera tenido esa garantía, hubiera podido “explicar ante el ente de control por qué la conducta objeto de examen no constituye falta disciplinaria o no existen elementos para atribuir responsabilidad. Empero, desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, que ya había anticipado la formulación de cargos”. Este documento aún no ha sido respondido por el Ministerio Público.
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