“Hay un interés en acabar con la JEP”, Maritza Lorza habla de su extradición a EE.UU.

“Maritza Lorza Ramírez ofrecía incluir a presuntos narcotraficantes, detenidos en Colombia, en la lista de exintegrantes de las Farc en la JEP, para que evadieran la extradición”. De esta manera se refirió hace unos días el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, al caso de la abogada especialista en derecho penal internacional que tiene pie y medio en una cárcel de EE.UU., por el cargo de obstrucción a la justicia. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dio el aval para su traslado, pues en su concepto, tal conducta puede homologarse con el delito de favorecimiento, bajo la modalidad de encubrir el tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En su momento, decenas de narcos intentaron entrar en la justicia transicional, en un episodio que se llamó “colados en la JEP”.

En contexto: Colados en listados de Farc que buscan cupo en la JEP.

Desde una cárcel en Bogotá, donde está detenida con fines de extradición desde 2019, Maritza Lorza habló con El Espectador sobre su caso. Asegura que se limitó a asesorar en derecho a su cliente Tomás Martínez Minota, alias Manaba, quien cayó en la Operación Perla del Pacifico II, en 2016, responsable de enviar cocaína hacía países de Centroamérica, que según el Distrito de Texas iba a parar a suelo estadounidense. La abogada cuenta que no lo “coló” en la lista de la JEP, sino que suspendió su extradición mientras esta jurisdicción transicional evaluaba el caso de fondo. La abogada Lorza asegura que se amparó en los mismos Acuerdos de Paz para ejercer su labor en derecho, lo cual sería una toda una trampa para la justicia de EE.UU.

¿Cómo se desarrolló el caso del narco Tomás Martínez Minota, por quien Estados Unidos la acusa de obstruir su justicia y de intentar colarlo en la lista de la JEP?

Mi proceso inicia en 2016. Él tenía un indictment (acusación) en Estados Unidos, que le habían comunicado unos agentes de la DEA. Cuando el papel llegó, localizamos a uno de los agentes y le propusimos arreglar. Esa es mi especialización, yo soy arreglista. Yo intento que mis clientes vayan a pagar la pena con una mejor condición y beneficios y, además, que los Estados Unidos queden tranquilos de lo que supuestamente necesitan. Según la ley, la única forma de parar una extradición es por conexidad. Vamos a ser claros, en Colombia el delito de narcotráfico es conexo, de una manera u otra todos se colaboran entre sí. Para mí el Gobierno no quiso poner el narcotráfico en la Ley 1820 de 2016 (amnistía, indulto y tratamientos especiales en la JEP) por problemas con Estados Unidos, pero lo puso por debajo de la mesa. Si uno lee el artículo 92, dice que toda persona que directamente o indirectamente haya colaborado con las Farc-Ep podría estar sujeto a una amnistía o un indulto cuando llegara a la JEP.

Yo le dije al agente de la DEA que podríamos suspender la extradición, pero eso no significaba que mi cliente iba a quedar libre en Colombia o iba a evadir la justicia americana. Me dijo: “eso es imposible porque eso tiene que ser con un listado de las Farc”. Yo le dije que iba a intentarlo con mi cliente, que iba a ser mi conejillo de indias. A mi cliente la Corte Suprema de Justicia le dio concepto favorable para su extradición, pasó a Presidencia que lo firmó y dio concepto favorable también. Pero cuando me dieron el termino de los 10 días de recurso de reposición expliqué a Presidencia que él debería pagar su condena en Colombia por conexidad, como lo está haciendo las Farc. En la resolución de Tomás Martínez Minota se puede ver clarito donde dice que el Gobierno colombiano no encontró en ningún listado de las Farc a Tomas Martínez Minota, que no se acogió a la JEP, ni nada. Simplemente por lo que yo les anexé, por la misma ley que sacaron, que él por conexidad podría ser beneficiado por una amnistía o un indulto.

Lea también: Procesos de paz: el blanco de los narcos colados.

Una Corte del Estado de Texas la acusa también de recibir hasta US$250.000 de un narco -anónimo- para “colarlo” en la lista de las Farc ¿Qué responde ante esto?

En el 2018 me dijeron que tenía un indictment de Estados Unidos. Cuando yo miro la acusación dije: “qué es esta mano de mentiras”. Ya me lo habían dicho en La Picota (los capturados por la Operación Perla del Pacifico). Yo no vendí certificaciones de las Farc. Dijeron que seis narcotraficantes me habían pagado un millón y medio de dólares, solo mentiras. La única persona a quien le llevaba el proceso me entregó $200 millones, fue Tomás Martínez Minota. Me dicen que hubo reuniones en Cali y en Bogotá, pero en Cali no hay cárcel de extraditables, entonces no sé con quién me pude haber reunido. En Bogotá me reuní en La Picota y ahí les dije que por conexidad se podría suspender la extradición, incluso les dije a sus abogados como podrían hacerlo.

Sin embargo, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, que aprobó su extradición en noviembre pasado, usted habría recibido hasta US$500.000 por ofrecer sus supuestos servicios en la JEP

Si tú miras el Indictment, no hay pruebas documentales, no hay grabaciones, ni papeles, ni nada. Solamente hay tres testigos y uno de ellos dice que no se entregó el dinero. Los magistrados de la Corte Suprema se están basando en esos testigos, pero entonces ¿Por qué no hay denuncia penal o disciplinaria contra mí? Seamos claros, aquí en Colombia matan un abogado por $20 millones. ¿No me van a matar a mí por un millón y medio de dólares? Mi procesó duró tres años y hasta el día de mi captura yo nunca anduve con guardaespaldas, ni camionetas blindadas, ¿Por qué entonces no me pidieron por las malas que les devolviera la supuesta plata que recibí?

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) usted denunció que la vinculan injustamente en negocios con narcotraficantes cómo Juan Carlos Melo, Ramiro Figueroa y Gerardo Obando

Ellos eran todos amigos de Tomás Martínez Minota. En el salón de La Picota tú los ves a todos, ellos se sientan en tu mesa, te preguntan cosas. Me reuní con el abogado norteamericano de Juan Carlos Melo en el hotel Marriott en Bogotá y le expliqué el tema de la conexidad. No me pagó viáticos. Pero él me acusó ante la justicia norteamericana por una certificación, cuando eso no es cierto. De Gerardo Obando jamás recibí nada. De Ramiro Figueroa traté de decirle a la esposa sobre la conexidad, le dije ‘mira puede haber una salida, pero no es seguro, porque si a Tomás se lo van a llevar, quiere decir que a todos se los van a llevar’. No tuve nexos con ninguno, ni el proceso de ellos pasó por mis manos. No sé cómo me pueden acusar de todo. Dicen que yo estuve en dos reuniones en abril y mayo de 2017, y en ambas fechas yo estaba fuera del país. En mi pasaporte se muestra que estaba en Panamá y en Alemania. No sé cómo hice para desdoblarme para ir a las reuniones de los señores.

Le puede interesar: Capturado narcotraficante colomboecuatoriano, alias “Manaba”.

¿Cuál es el estado del caso de Tomás Martínez Minota, alias Manaba?

Él está en Estados Unidos pagando prisión ¿Cuál obstrucción hubo si todos están allá arriba? Ninguno está libre en Colombia. A mí no me interesa que eso pase, quien comete un delito debe pagarlo, pero considero que Colombia puede tener a sus ciudadanos pagando en el territorio. Van a un país que no conocen a enfrentar unas leyes que no conocen y sin su familia. Nadie se resocializa de esa forma. Yo terminé el proceso con él cuando el Ministerio de Justicia envió su expediente a la JEP, luego de eso, otro abogado se hizo cargo de ese caso.

¿Cómo pasa los días en la cárcel La Picota, a la espera de que se resuelva su situación?

Estar en una cárcel colombiana es bien difícil. Aquí no les prestan atención a los reclusos. Pasar por aquí me daría la oportunidad de salir y tratar de ayudar a reformar estas cárceles. Aquí nadie se resocializa. Aquí hay hacinamiento, el lugar donde estoy está que se cae. Yo tuve COVID-19 y mi compañera también. Los colchones de las que están en el piso se mojan, teníamos una ventana de ventilación, pero no la taparon. Yo era vegetariana y aquí me tocó volver a comer carne. Si yo aquí digo que soy vegetariana, a mí me traen un cuadrito de queso y no más. Es degradante la situación de los reclusos en Colombia, vivir en el mismísimo infierno.

Si su extradición a Estados Unidos se frena ¿Cómo ve su futuro en Colombia?

Según lo que dijo el ministro, por la prensa, todos los abogados que asesoremos a extraditables vamos a ir presos. Primero, el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno colombiano tienen que garantizarnos nuestro derecho a la profesión. Nosotros no estamos tratando de liberar narcotraficantes en Colombia, nosotros queremos que paguen su pena en su país. Pero si no es garantizado, yo creo que mi profesión acabaría aquí. Me meterían presa por asesorar narcotraficantes. Pasa que cuando tú no cumples los intereses de Estados Unidos, te vuelves objetivo de ellos. A mi muchos agentes de la DEA han querido firmarme para que yo pertenezca al grupo de ellos, pero eso no se puede. Nosotros nos volvemos como curas, si yo voy y comento sobre la situación de un cliente, eso es un delito en Colombia y cualquier país del mundo. Yo tengo ética y sé hasta donde llego. Yo le hago un llamado al presidente para que por favor revise mi tramite, que sean justos con mi decisión, porque la Corte Suprema tumbó el Indictment en un 90%.

Lea también: JEP da vía libre a la extradición de narco colado en los listados de las Farc.

Usted asegura que agentes de la DEA, con los cuales usted tiene una estrecha relación, la están presionando para que testifique en contra de magistrados de la JEP ¿Qué estarían buscando?

Desde que empezó mi proceso, el agente mío, Guillermo Fuentes, varias veces me ha propuesto que hable de la JEP. Primero, ni la justicia transicional ni las Farc tuvieron nada que ver con mi proceso de mi cliente, nada. Si aquí vamos a culpar a alguien es el Gobierno de Santos porque propuso llevar a mi cliente a la JEP, pero en ningún momento mi cliente alcanzó a pasar por ahí. Él tuvo otros abogados en la JEP y creo que no le dejaron interponer ningún recurso y lo mandaron en extradición. El paso que había ganado yo realmente no sirvió para nada. Entonces, varios mensajeros me han dicho que yo atestigüé en contra de magistrados de la JEP, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no sé porque los magistrados no se pronuncian. Pero si sé que hay un interés muy grande de acabar con la JEP, y eso se vio en el entrampamiento que intentaron hacerles a dos magistrados, cuando el exfiscal Martínez autorizó a agentes de la DEA.

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En contexto: Colados en listados de Farc que buscan cupo en la JEP.

Desde una cárcel en Bogotá, donde está detenida con fines de extradición desde 2019, Maritza Lorza habló con El Espectador sobre su caso. Asegura que se limitó a asesorar en derecho a su cliente Tomás Martínez Minota, alias Manaba, quien cayó en la Operación Perla del Pacifico II, en 2016, responsable de enviar cocaína hacía países de Centroamérica, que según el Distrito de Texas iba a parar a suelo estadounidense. La abogada cuenta que no lo “coló” en la lista de la JEP, sino que suspendió su extradición mientras esta jurisdicción transicional evaluaba el caso de fondo. La abogada Lorza asegura que se amparó en los mismos Acuerdos de Paz para ejercer su labor en derecho, lo cual sería una toda una trampa para la justicia de EE.UU.

¿Cómo se desarrolló el caso del narco Tomás Martínez Minota, por quien Estados Unidos la acusa de obstruir su justicia y de intentar colarlo en la lista de la JEP?

Mi proceso inicia en 2016. Él tenía un indictment (acusación) en Estados Unidos, que le habían comunicado unos agentes de la DEA. Cuando el papel llegó, localizamos a uno de los agentes y le propusimos arreglar. Esa es mi especialización, yo soy arreglista. Yo intento que mis clientes vayan a pagar la pena con una mejor condición y beneficios y, además, que los Estados Unidos queden tranquilos de lo que supuestamente necesitan. Según la ley, la única forma de parar una extradición es por conexidad. Vamos a ser claros, en Colombia el delito de narcotráfico es conexo, de una manera u otra todos se colaboran entre sí. Para mí el Gobierno no quiso poner el narcotráfico en la Ley 1820 de 2016 (amnistía, indulto y tratamientos especiales en la JEP) por problemas con Estados Unidos, pero lo puso por debajo de la mesa. Si uno lee el artículo 92, dice que toda persona que directamente o indirectamente haya colaborado con las Farc-Ep podría estar sujeto a una amnistía o un indulto cuando llegara a la JEP.

Yo le dije al agente de la DEA que podríamos suspender la extradición, pero eso no significaba que mi cliente iba a quedar libre en Colombia o iba a evadir la justicia americana. Me dijo: “eso es imposible porque eso tiene que ser con un listado de las Farc”. Yo le dije que iba a intentarlo con mi cliente, que iba a ser mi conejillo de indias. A mi cliente la Corte Suprema de Justicia le dio concepto favorable para su extradición, pasó a Presidencia que lo firmó y dio concepto favorable también. Pero cuando me dieron el termino de los 10 días de recurso de reposición expliqué a Presidencia que él debería pagar su condena en Colombia por conexidad, como lo está haciendo las Farc. En la resolución de Tomás Martínez Minota se puede ver clarito donde dice que el Gobierno colombiano no encontró en ningún listado de las Farc a Tomas Martínez Minota, que no se acogió a la JEP, ni nada. Simplemente por lo que yo les anexé, por la misma ley que sacaron, que él por conexidad podría ser beneficiado por una amnistía o un indulto.

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Una Corte del Estado de Texas la acusa también de recibir hasta US$250.000 de un narco -anónimo- para “colarlo” en la lista de las Farc ¿Qué responde ante esto?

En el 2018 me dijeron que tenía un indictment de Estados Unidos. Cuando yo miro la acusación dije: “qué es esta mano de mentiras”. Ya me lo habían dicho en La Picota (los capturados por la Operación Perla del Pacifico). Yo no vendí certificaciones de las Farc. Dijeron que seis narcotraficantes me habían pagado un millón y medio de dólares, solo mentiras. La única persona a quien le llevaba el proceso me entregó $200 millones, fue Tomás Martínez Minota. Me dicen que hubo reuniones en Cali y en Bogotá, pero en Cali no hay cárcel de extraditables, entonces no sé con quién me pude haber reunido. En Bogotá me reuní en La Picota y ahí les dije que por conexidad se podría suspender la extradición, incluso les dije a sus abogados como podrían hacerlo.

Sin embargo, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, que aprobó su extradición en noviembre pasado, usted habría recibido hasta US$500.000 por ofrecer sus supuestos servicios en la JEP

Si tú miras el Indictment, no hay pruebas documentales, no hay grabaciones, ni papeles, ni nada. Solamente hay tres testigos y uno de ellos dice que no se entregó el dinero. Los magistrados de la Corte Suprema se están basando en esos testigos, pero entonces ¿Por qué no hay denuncia penal o disciplinaria contra mí? Seamos claros, aquí en Colombia matan un abogado por $20 millones. ¿No me van a matar a mí por un millón y medio de dólares? Mi procesó duró tres años y hasta el día de mi captura yo nunca anduve con guardaespaldas, ni camionetas blindadas, ¿Por qué entonces no me pidieron por las malas que les devolviera la supuesta plata que recibí?

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) usted denunció que la vinculan injustamente en negocios con narcotraficantes cómo Juan Carlos Melo, Ramiro Figueroa y Gerardo Obando

Ellos eran todos amigos de Tomás Martínez Minota. En el salón de La Picota tú los ves a todos, ellos se sientan en tu mesa, te preguntan cosas. Me reuní con el abogado norteamericano de Juan Carlos Melo en el hotel Marriott en Bogotá y le expliqué el tema de la conexidad. No me pagó viáticos. Pero él me acusó ante la justicia norteamericana por una certificación, cuando eso no es cierto. De Gerardo Obando jamás recibí nada. De Ramiro Figueroa traté de decirle a la esposa sobre la conexidad, le dije ‘mira puede haber una salida, pero no es seguro, porque si a Tomás se lo van a llevar, quiere decir que a todos se los van a llevar’. No tuve nexos con ninguno, ni el proceso de ellos pasó por mis manos. No sé cómo me pueden acusar de todo. Dicen que yo estuve en dos reuniones en abril y mayo de 2017, y en ambas fechas yo estaba fuera del país. En mi pasaporte se muestra que estaba en Panamá y en Alemania. No sé cómo hice para desdoblarme para ir a las reuniones de los señores.

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¿Cómo pasa los días en la cárcel La Picota, a la espera de que se resuelva su situación?

Estar en una cárcel colombiana es bien difícil. Aquí no les prestan atención a los reclusos. Pasar por aquí me daría la oportunidad de salir y tratar de ayudar a reformar estas cárceles. Aquí nadie se resocializa. Aquí hay hacinamiento, el lugar donde estoy está que se cae. Yo tuve COVID-19 y mi compañera también. Los colchones de las que están en el piso se mojan, teníamos una ventana de ventilación, pero no la taparon. Yo era vegetariana y aquí me tocó volver a comer carne. Si yo aquí digo que soy vegetariana, a mí me traen un cuadrito de queso y no más. Es degradante la situación de los reclusos en Colombia, vivir en el mismísimo infierno.

Si su extradición a Estados Unidos se frena ¿Cómo ve su futuro en Colombia?

Según lo que dijo el ministro, por la prensa, todos los abogados que asesoremos a extraditables vamos a ir presos. Primero, el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno colombiano tienen que garantizarnos nuestro derecho a la profesión. Nosotros no estamos tratando de liberar narcotraficantes en Colombia, nosotros queremos que paguen su pena en su país. Pero si no es garantizado, yo creo que mi profesión acabaría aquí. Me meterían presa por asesorar narcotraficantes. Pasa que cuando tú no cumples los intereses de Estados Unidos, te vuelves objetivo de ellos. A mi muchos agentes de la DEA han querido firmarme para que yo pertenezca al grupo de ellos, pero eso no se puede. Nosotros nos volvemos como curas, si yo voy y comento sobre la situación de un cliente, eso es un delito en Colombia y cualquier país del mundo. Yo tengo ética y sé hasta donde llego. Yo le hago un llamado al presidente para que por favor revise mi tramite, que sean justos con mi decisión, porque la Corte Suprema tumbó el Indictment en un 90%.

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Usted asegura que agentes de la DEA, con los cuales usted tiene una estrecha relación, la están presionando para que testifique en contra de magistrados de la JEP ¿Qué estarían buscando?

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