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Salvatore Mancuso Gómez habría sido declarado objetivo militar de las Águilas Negras. Así lo explicó el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a través de una denuncia pública, en la cual aseguró que pretenden silenciarlo en razón de su “compromiso inquebrantable con la verdad”. Durante este año ha declarado ante la Comisión de la Verdad, el Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de Justicia y Paz de Medellín.
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“En las últimas horas, nuevamente se me ha notificado que he sido declarado objetivo militar, esta vez por parte de las ‘Águilas Negras’, amenaza que surge a raíz de mi compromiso inquebrantable con la verdad y mi decisión de continuar contribuyendo con el propósito de reestablecer los derechos de las víctimas, de seguir aportando de manera integral y contextualizada a la verdad, y a la necesidad de identificar plenamente los patrones macrocriminales”, explicó Mancuso.
El exjefe paramilitar, extraditado por narcotráfico en una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), a la espera de que se resuelva su solicitud de traslado a Italia, agregó que las supuestas amenazas buscarían afectar su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo de justicia que estudia la posibilidad de escuchar su verdad. Mancuso aseguró estar del lado de las víctimas, tras ser el paramilitar de más alto rango en haberse desmovilizado y uno de los dos perpetradores, con vida, más importantes del conflicto armado. El otro es Rodrigo Londoño, Timochenko, antiguo miembro del secretariado de las Farc.
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Exigió, además, que el Estado colombiano proteja a sus abogados y a su familia. Explicó que la más reciente amenaza, diferente a la de las Águilas Negras, data del pasado 30 de agosto, cuando el Clan del Golfo al parecer le allegó una intimidación tras declarar ante el Tribunal Superior de Barranquilla. El despacho judicial avanzaba en una audiencia de imputación, en la cual Mancuso reforzaba su versión sobre los “patrones que subyacen a los crímenes sistemáticos que se cometieron con la complicidad y responsabilidad del Estado”.
Explicó que la magistrada Cecilia Leonor Olivella, del tribunal barranquillero, también habría recibido una carta con amenazas por indagar en la presunta responsabilidad de agentes del Estado en crímenes de guerra. Otro episodio, según Mancuso, se presentó el pasado 25 de mayo, cuando el mismo Clan del Golfo también lo señaló como “objetivo militar”. En otra oportunidad, el pasado 22 de abril, esa organización criminal amenazó directamente a los abogados de Mancuso, por la sonada participación del exjefe de las Auc en la Comisión de la Verdad.
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“Lo que está quieto se deja quieto y que MANCUSO se quede dónde está”, se lee en la amenaza dirigida contra los abogados del antiguo líder de las Auc. Los “objetivos militares” señalados por la organización criminal son Jaime Paeres, Beatriz Quintero y Nelson Menjura. “Llegó a la casa de uno de los abogados un día clave en la preparación del encuentro de cara al país que tendrán ellos (Timochenko y Mancuso)”, señaló en su momento a El Espectador uno de los defensores, quien resguardó su identidad.
Tiempo después, junto a Timochenko, Mancuso aseguró ante la Comisión de la Verdad que responderán por todas las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Solo al exjefe paramilitar se le endilgan más de 70.000 hechos criminales entre 1995 y 2005. A inicios de junio pasado, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Mancuso aseguró que la Policía, el Ejército y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaban infiltrados por paramilitares.
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“Hubo permanente comunicación con el Ejército, la Policía y el DAS para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: Un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de la sociedad que componían esas regiones. Necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible entrar. De ellos teníamos el resguardo para protegernos”, dijo Mancuso, en medio de un proceso en curso contra el exjefe de la banda La Terraza, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
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