He sido víctima de una persecución: Gr. Jesús Arias sobre desaparecidos de Palacio

35 sillas vacías fue lo que encontró el general (r) del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, en la primera de tres audiencias de verdad a las que se enfrentará en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El oficial hoy retirado y condenado llegó hasta el tribunal para contar lo que considera es su verdad de lo que ocurrió en la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El exmiembro del Ejército en la diligencia que duró un poco más de cinco horas solo atinó a decir que las labores que adelantaron las fuerzas militares estuvieron en el marco que les confiere la Constitución. Además, se declaró víctima.

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“He sido víctima de una persecución de la cual nunca he debido tener ni ninguna sanción de carácter penal. Antes, por el contrario, tuve absolución en la parte de la Justicia Penal Militar y en la parte disciplinaria en la Procuraduría. Hubo víctimas numerosas, los funcionarios de las altas cortes, las personas civiles, las mismas personas que participaron en el asalto, todos son víctimas”, explicó en medio de la diligencia. El oficial aclaró que de ese mundo personas que fallecieron en el holocausto, 11 eran miembros de la fuerza pública, y esa es una situación que aún es dolorosa para él y las familias de los afectados.

El general que fungía como comandante de la Brigada XIII lideraba lo que las fuerzas militares denominaron el “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M19. Sin embargo, esa situación hoy parece tener sin cuidado a las víctimas que como símbolo, durante la diligencia, tuvieron 35 sillas con fotos de quienes desaparecieron ese noviembre de 1985. “El plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual. No queremos que esta audiencia se utilice para conocer información que en los manuales está”, dijo Cecilia, una de las familiares de los desaparecidos que claman justicia.

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El oficial fue increpado por las víctimas, quienes pusieron en entredicho cada una de las respuestas que entregaba tras los cuestionamientos que le hacían los magistrados de la JEP que presidieron la diligencia. “Usted dice que se rescataron a las personas y se mataron a los 40 guerrilleros, de ellos, según usted nadie salió vivo. Es raro que unos pocos militares resultaron muertos y los muertos civiles fueron 94 y los guerrilleros se murieron todos. Entonces el plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual”, volvió a reprochar Cecilia.

En la diligencia, el general explicó que tuvo toda la línea de mando en las operaciones militares y que ingresó a la Casa del Florero, donde estuvieron algunos de los hoy desaparecidos, dos veces a recibir llamadas telefónicas del entonces comandante del Ejército, general Rafael Zamudio. “Cuando tuve conocimiento de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia le informé a él (general Rafael Zamudio) para hacer claridad de lo que estaba sucediendo allí. Él dijo ponga en ejecución el plan tricolor. La orden del presidente es recuperar las personas secuestradas”, dijo en medio de la diligencia.

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“¿A sangre y fuego?”, preguntó la magistratura de la JEP. El oficial se quedó en silencio por unos segundos y dijo: “De acuerdo con las circunstancias… el plan tricolor autorizaba el empleo de las armas y los medios por los que estaba dotado la institución”. En la palestra, el oficial no tuvo más remedio que decir que todo su actuar estuvo enmarcado en instancias legales y que eso lo respaldaba su conciencia. “Sí hubo víctimas. Mi conciencia me lo respalda es que en ningún momento ordené o suspendí actividades dentro de la manera como debía actuar el Ejército. Ni lo dispuse ni lo permití, si hubo esas víctimas sigo siendo solidario con quienes están sufriendo eso porque de manera personal e institucional también lo sentí”, resaltó.

El oficial que aún debe entregar su versión durante dos días más dijo que llegó a la JEP buscando que su proceso judicial en la justicia ordinaria por el cual fue condenado fuese revisado. “Acudí a la JEP pensando, creyendo y teniendo la convicción de que iba a ser revisado mi caso y que se iba a encontrar que no tenía responsabilidad de ninguna especie”, dijo, y añadió que, si bien sobre su nombre pesa una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, también tiene claro que durante la operación que adelantó logró rescatar más de 200 personas.

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“El propósito era no solo afrontar el ataque hacia la fuerza pública, sino también ir rescatando la gente. Al final de la operación, el listado de las personas rescatadas llega a exceder las 200 personas. El propósito no era aniquilar, sino rescatar a la gente”, dijo el oficial, quien volvió a ser increpado por los magistrados de la JEP. “Salieron muchas personas, pero estamos aquí por las que fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas en esa operación. ¿Entonces qué pasó?”, preguntaron desde la justicia transicional. El oficial reiteró en varias ocasiones que la orden emitida por el presidente de turno y altos mandos militares era mitigar la situación.

El general que está condenado a 35 años de prisión está ante la justicia transicional desde mayo del 2020 cuando salió en libertad condicional, sin embargo, ante sus salidas en falso frente a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, este beneficio le fue revocado en agosto de 2022. Desde entonces, su permanencia en la jurisdicción pende de un hilo y durante tres días de audiencia el general deberá entregar una verdad suficiente para continuar en la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

35 sillas vacías fue lo que encontró el general (r) del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, en la primera de tres audiencias de verdad a las que se enfrentará en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El oficial hoy retirado y condenado llegó hasta el tribunal para contar lo que considera es su verdad de lo que ocurrió en la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El exmiembro del Ejército en la diligencia que duró un poco más de cinco horas solo atinó a decir que las labores que adelantaron las fuerzas militares estuvieron en el marco que les confiere la Constitución. Además, se declaró víctima.

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El general que fungía como comandante de la Brigada XIII lideraba lo que las fuerzas militares denominaron el “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M19. Sin embargo, esa situación hoy parece tener sin cuidado a las víctimas que como símbolo, durante la diligencia, tuvieron 35 sillas con fotos de quienes desaparecieron ese noviembre de 1985. “El plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual. No queremos que esta audiencia se utilice para conocer información que en los manuales está”, dijo Cecilia, una de las familiares de los desaparecidos que claman justicia.

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El oficial fue increpado por las víctimas, quienes pusieron en entredicho cada una de las respuestas que entregaba tras los cuestionamientos que le hacían los magistrados de la JEP que presidieron la diligencia. “Usted dice que se rescataron a las personas y se mataron a los 40 guerrilleros, de ellos, según usted nadie salió vivo. Es raro que unos pocos militares resultaron muertos y los muertos civiles fueron 94 y los guerrilleros se murieron todos. Entonces el plan tricolor no se aplicó como lo dice el manual”, volvió a reprochar Cecilia.

En la diligencia, el general explicó que tuvo toda la línea de mando en las operaciones militares y que ingresó a la Casa del Florero, donde estuvieron algunos de los hoy desaparecidos, dos veces a recibir llamadas telefónicas del entonces comandante del Ejército, general Rafael Zamudio. “Cuando tuve conocimiento de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia le informé a él (general Rafael Zamudio) para hacer claridad de lo que estaba sucediendo allí. Él dijo ponga en ejecución el plan tricolor. La orden del presidente es recuperar las personas secuestradas”, dijo en medio de la diligencia.

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El oficial que aún debe entregar su versión durante dos días más dijo que llegó a la JEP buscando que su proceso judicial en la justicia ordinaria por el cual fue condenado fuese revisado. “Acudí a la JEP pensando, creyendo y teniendo la convicción de que iba a ser revisado mi caso y que se iba a encontrar que no tenía responsabilidad de ninguna especie”, dijo, y añadió que, si bien sobre su nombre pesa una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, también tiene claro que durante la operación que adelantó logró rescatar más de 200 personas.

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El general que está condenado a 35 años de prisión está ante la justicia transicional desde mayo del 2020 cuando salió en libertad condicional, sin embargo, ante sus salidas en falso frente a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, este beneficio le fue revocado en agosto de 2022. Desde entonces, su permanencia en la jurisdicción pende de un hilo y durante tres días de audiencia el general deberá entregar una verdad suficiente para continuar en la JEP.

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