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Para las siete de la mañana estaba previsto que un avión de la DEA traslade al hermano de la senadora Piedad Córdoba a los Estados Unidos. Se trata de Álvaro Córdoba, quien está detenido desde febrero de 2022 luego de que una Corte de Nueva York lo acusara de ser una de las cabezas de un grupo criminal que enviaba cocaína a los Estados Unidos. Se espera que su traslado se haga junto con otras seis personas que son requeridas por la justicia estadounidense.
Desde noviembre de 2022 el presidente Gustavo Petro firmó la extradición de Córdoba, quien fue capturado en Medellín el pasado 3 de febrero de 2022, misma ciudad donde intentó ser concejal por el Partido Liberal en 2011. Entonces, se conoció que la captura tenía fines de extradición, ante lo cual la congresista respondió que se trataba de una “persecución política”. Un discurso que mantuvo hasta la semana pasada.
El pasado 13 de enero, fue entrevistado por Blu Radio desde la cárcel La Picota y aseguró que su extradición a los Estados Unidos está sustentada en una “presión política”. “El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en estos casos la extradición de un connacional. Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración, todas las observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el presidente”, dijo Córdoba.
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Álvaro Córdoba fue acusado formalmente por la corte neoyorquina el 24 de febrero de 2022. Entonces, la justicia estadounidense se comprometió a condenarlo por tres cargos: concierto para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y concierto para tener en sus manos tales armas. La investigación señala que Córdoba sería miembro de la organización criminal a la cual le siguen los pasos desde julio de 2021 y que tendría movimiento en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.
Los socios de Córdoba, establece la acusación, serían Alberto Alonso Jaramillo, alias Alonso Héctor, y Libia Amanda Palacio, reseñada como Amanda. Dentro de la investigación reposa la declaración jurada del agente especial de la DEA Mathew Passmore, quien reveló el nombre de un personaje denominado “CS-1″, el cual buscaba lugar para trabajar en Colombia a gran escala.
Durante una conversación grabada, al parecer legalmente, Córdoba quedó reseñado como posible “padrino” e incluso habría dicho que, aunque no tenía experiencia en “el sector”, tenía “amigos que conocían muy bien el sector”. Para entonces, se hablaba de 3.000 kilos de cocaína por mes.
“El 27 de agosto de 2021, o alrededor de esa fecha, Córdoba Ruiz, Palacio Mena, “CS-1″ y Jaramillo Ramírez participaron en una videoconferencia grabada legalmente. Córdoba Ruiz describió a Jaramillo Ramírez como alguien que podría ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro. Durante la videoconferencia, Jaramillo Ramírez declaró que ya tenía una buena cantidad de pollos; que ya tenían a las personas para hacerlo; y que solo estaban esperando a que “CS-1″ les dijera cuándo, cómo y dónde antes de poder empezar a organizarlo todo”, se lee en la documentación.
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Luego de ello, explicó el agente especial de la DEA, “CS-1″ viajó a Colombia para obtener una muestra de cinco kilos de cocaína. Entonces, el 17 de diciembre pasado, Córdoba habría puesto como intermediarios a disidentes Farc en Popayán, con quienes se podría hablar de cantidad, precios y logística. De acuerdo con la investigación, los criminales también entregarían sus servicios de protección armada. Al parecer, la muestra se entregó en una granja “a dos horas de Medellín”. Una vez superado el proceso, reveló el agente Passmore, un agente público encubierto se reunió con “CS-1″ y les habría entregado, también a Córdoba, un total de US $15.000 dólares.
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