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Una tutela que podría ponerle freno a la sanción de la Contraloría en el caso Hidroituango fue admitida para estudio. La demanda asegura que “el avance del trámite del proceso de responsabilidad fiscal está generando un perjuicio inminente, grave, que incluso podría ser catastrófico”, y pide suspender la segunda instancia del fallo de responsabilidad fiscal que tasó en $4,3 billones los supuestos detrimentos por uno de los proyectos de infraestructura energética más ambiciosos del país. L a estudia el Juzgado 17 de familia de Bogotá, que ya vinculó al ente de control y 32 personas más, entre aseguradoras, Alcaldías y exfuncionarios, deben contestar los argumentos de la tutela y, posteriormente, la jueza tomará una decisión.
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La tutela la interpusieron dos de los constructores de Hidroituango: Coninsa Ramón H. y Conconcreto. Buscan algo muy concreto: que se suspenda el proceso de responsabilidad fiscal que lleva la Contraloría. Al menos de manera temporal, hasta que la aseguradora Mapfre, que tiene a su cargo las pólizas de riesgo del proyecto hidroeléctrico termine de girar los pagos con los que se saldaría lo que, a juicio del ente de control, fue un detrimento al patrimonio del Estado. Según el fallo de primera instancia, a junio de 2019 las inversiones realizadas excedían en un 114,94% el valor inicialmente planeado.
En la tutela se lee: “La finalidad de la presente acción no es que se emita un amparo de absolución de las sociedades integrantes del CONSORCIO CCC ITUANGO, ni la alteración o revocatoria de lo decido en los dos fallos de primera instancia. Tampoco tiene como finalidad buscar que la suspensión derive en la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal. Por esta razón, bien podría disponer el Juez Constitucional que el tiempo que dure la suspensión no se compute para el cálculo de la prescripción. Lo único que se busca es que la decisión de la Contraloría se tome cuando la existencia y cuantía del daño –si es que existe- esté definida, debido a los pagos finales y definitivos que para ese momento haya hecho Mapfre”.
El juzgado que admitió la demanda el pasado 16 de noviembre le dio dos días a la Contraloría para que se defienda. Además, le pidió que informe si los términos del proceso sancionatorio no se encuentran ya suspendidos, pues la propia tutela dice que desde el pasado 15 de octubre se frenó el caso. Ocurrió por una recusación que presentó María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación de la Gobernación de Antioquia y una de las sancionadas en el fallo de responsabilidad fiscal. En su recurso, la exfuncionaria alega que en el ente de control no hay garantías para defenderse.
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Además, la jueza del caso vinculó a la tutela a 32 personas. En la lista hay personas mencionadas en el expediente de Hidroituango, como los exalcaldes de Medellín Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Luis Alfredo Ramos; las alcaldías de Medellín e Ituango, la Gobernación de Antioquia, EPM, que es la empresa detrás del megaproyecto; la aseguradora Mapfre, el consorcio constructor y otras firmas y exfuncionarios que hacen parte del proceso sancionatorio en la Contraloría. Todos tendrán dos días para contestar la demanda.
Mapfre ya ha desembolsado $350 millones de dólares por los daños que sufrió el proyecto Hidroituango en la contingencia de abril de 2018. En total, la aseguradora ha hecho tres pagos, el último de ellos en agosto de este año, y cuenta con dos topeas asegurados: $2.556 millones de dólares por “todo riesgo en construcción y montaje”, así como $628 millones de dólares por el retraso en la entrada en operación de la hidroeléctrica.
Según estimaciones de EPM, Hidroituango podría comenzar a producir energía en el segundo semestre de 2022. Está pensado para generar 2.400 megavatios (MW) con ocho turbinas con capacidad de 300 MW cada una, eso quiere decir que podrá cubrir el 17 % de la demanda energética colombiana, convirtiéndose en la generadora de energía más grande de Colombia. Sin embargo, en 2018 las aguas del río Cauca taponaron uno de los túneles de desviación de la represa, lo que desencadenó una contingencia que generó retrasos y millonarios daños.
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